Las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei en relación con la cuestión Malvinas ya comenzaron a generar repercusiones entre las grandes compañías internacionales del sector energético.
Este sábado, SLB, anteriormente conocida como Schlumberger y una de las principales empresas de servicios petroleros del mundo, comunicó que no participa ni tiene previsto hacerlo en procesos de licitación destinados a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos que las rodean.
La decisión se conoció después de la entrada en vigencia del Decreto 868/2026, publicado el viernes en el Boletín Oficial, que modificó y reforzó los mecanismos establecidos para aplicar la Ley 26.659.
Baker Hughes tomó una decisión similar
Horas después del anuncio de SLB, Baker Hughes Argentina difundió un comunicado en una línea similar y confirmó que tampoco prevé intervenir en licitaciones relacionadas con emprendimientos hidrocarburíferos en el archipiélago.
La compañía es uno de los grandes proveedores internacionales de equipamiento, tecnología y servicios para la industria petrolera y mantiene una fuerte presencia en el mercado argentino.
Ambas empresas aclararon que sus decisiones responden al nuevo marco normativo argentino y remarcaron su intención de cumplir con las disposiciones vigentes.
El impacto sobre los proyectos petroleros
Las decisiones adquieren relevancia en medio del avance del proyecto Sea Lion, una iniciativa de explotación offshore impulsada frente a las costas de las Islas Malvinas por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Ninguna de las dos compañías que anunciaron su retiro de futuras licitaciones estaba directamente asociada al proyecto Sea Lion. Sin embargo, el nuevo escenario regulatorio podría complicar la incorporación de proveedores internacionales que mantienen simultáneamente operaciones comerciales en la Argentina.
Para un desarrollo petrolero offshore de gran escala, la disponibilidad de empresas especializadas en servicios, tecnología y equipamiento resulta un factor clave.
Qué establece el nuevo decreto
El Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad encargada de aplicar la Ley 26.659 y estableció un procedimiento más ágil para investigar y eventualmente sancionar a personas y compañías que incurran en conductas prohibidas por esa legislación.
La norma apunta a empresas que desarrollen actividades en la Argentina y que, de manera directa o indirecta, intervengan en proyectos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina sin la correspondiente autorización.
También incorpora nuevas exigencias para las compañías que quieran acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Entre otros requisitos, deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no realizan ni realizarán actividades prohibidas por la Ley 26.659.
Además, se incorporaron condiciones adicionales para quienes soliciten permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas.
Las sanciones previstas pueden incluir la inhabilitación durante períodos de entre cinco y 20 años.
Una disputa que alcanza al sector privado
El endurecimiento de la estrategia argentina se produjo luego de que el Gobierno anunciara el inicio de procesos sancionatorios contra 45 personas y empresas por actividades hidrocarburíferas relacionadas con las Islas Malvinas.
Las investigaciones no se limitan a quienes desarrollan directamente tareas petroleras. También pueden alcanzar a accionistas y compañías proveedoras de servicios que tengan algún tipo de participación en esas operaciones.
El objetivo oficial es evitar que empresas que desarrollan actividades dentro del territorio argentino puedan participar simultáneamente en proyectos hidrocarburíferos que el Gobierno considera ilegales en las aguas próximas a las islas.
Vaca Muerta, un factor clave
El nuevo escenario tiene una particular importancia para compañías como SLB, debido a la magnitud de sus operaciones en la Argentina.
La empresa tiene una presencia significativa en Vaca Muerta, donde participa en actividades vinculadas con el desarrollo de recursos no convencionales.
En marzo de este año, SLB y YPF anunciaron un acuerdo para incorporar a la compañía al Instituto Vaca Muerta, con iniciativas relacionadas con capacitación, tecnología y formación de profesionales para la industria.
La empresa también mantiene vínculos comerciales con otros operadores que trabajan en la formación neuquina.
Por ese motivo, el anuncio realizado ahora puede interpretarse como una señal de que SLB prioriza el cumplimiento de la legislación argentina y evita involucrarse en nuevos procesos vinculados con la explotación petrolera en Malvinas.
El desafío para Sea Lion
Mientras tanto, Navitas Petroleum, de capitales israelíes, y Rockhopper Exploration, de origen británico, sostienen que las nuevas medidas argentinas no alterarán sus planes y que continuarán trabajando en el proyecto Sea Lion.
El principal interrogante pasa ahora por la posibilidad de que el emprendimiento pueda acceder a proveedores internacionales de primer nivel capaces de prestar los servicios necesarios para una operación offshore de estas características.
La situación podría generar dificultades adicionales para las empresas que mantienen negocios relevantes en Argentina y que, al mismo tiempo, pudieran ser convocadas para trabajar en proyectos vinculados con las islas.
Así, la decisión de SLB y Baker Hughes aparece como una de las primeras consecuencias concretas del nuevo esquema impulsado por el Gobierno de Milei y abre un nuevo capítulo en la disputa por la explotación de recursos hidrocarburíferos en torno a las Islas Malvinas.


















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