Entidades representativas de la industria y la producción de las provincias del Norte argentino solicitaron a los senadores nacionales el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de biocombustibles S-809/26, que propone un nuevo marco regulatorio para la actividad.
La iniciativa fue presentada en el Senado de la Nación y, según la información difundida por las organizaciones, fue girada a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. El proyecto figura oficialmente como una iniciativa de la senadora Patricia Bullrich y otros legisladores.
El pedido lleva la representación de distintas uniones industriales de la región. Entre los firmantes se encuentran Jorge Rocchia Ferro, de la Unión Industrial de Tucumán; José María Cantos, de la Unión Industrial de Santiago del Estero; Federico Gatti, de la Unión Industrial de Jujuy; y Carlos Muia, de la Unión Industrial de Catamarca.
También acompañaron el documento Juan Carlos Serrano, de la Unión Industrial de La Rioja; Eduardo Gómez Naar, de la Unión Industrial de Salta; Jorge Antueno, de la Unión Industrial de Formosa; Aldo Kaston, de la Unión Industrial del Chaco; Juan Manzolillo, de la Unión Industrial de Corrientes; y José Cool, de la Unión Industrial de Misiones.
En el documento difundido, las entidades sostienen que la propuesta representa una oportunidad para avanzar hacia una política energética que combine producción, generación de empleo, desarrollo regional y sustentabilidad.
Uno de los principales argumentos está relacionado con el agregado de valor en origen. Las organizaciones destacaron el potencial de materias primas producidas en la región, como la caña de azúcar, el maíz, la soja y la madera, para ser transformadas industrialmente en energía.
Según plantearon, el desarrollo de estas cadenas productivas permitiría generar mayor actividad económica en las provincias del Norte y mejorar las posibilidades de inserción de sus productos en los mercados.
Producción y sustitución de importaciones
Las entidades también señalaron que la producción de biocombustibles puede contribuir a reducir la necesidad de importar combustibles y aditivos, con el consecuente ahorro de divisas.
Además, destacaron el impacto que podría tener sobre las economías regionales mediante la generación de empleo y nuevas inversiones, especialmente a partir del procesamiento industrial de materias primas producidas localmente.
Otro de los puntos mencionados en el pedido está vinculado con el aspecto ambiental. Las organizaciones sostienen que el uso de combustibles renovables y de menor intensidad de carbono puede contribuir a reducir el impacto asociado al transporte y a las emisiones.
El proyecto S-809/26 propone establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles en todo el territorio nacional. El expediente figura en los registros oficiales del Senado como un proyecto de ley presentado por Patricia Bullrich y otros senadores.
Las entidades que respaldan la iniciativa también destacaron que el nuevo esquema busca promover competencia y apertura del mercado, además de generar condiciones para inversiones de largo plazo.
Finalmente, las organizaciones productivas del Norte hicieron un llamado a los senadores nacionales para que acompañen el proyecto y avance su tratamiento legislativo.
“La oportunidad es ahora”, señalaron, al solicitar el respaldo para la aprobación de la iniciativa.


















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