La decisión de la Justicia bonaerense de frenar durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil provocó una fuerte reacción política. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cargó contra el gobernador Axel Kicillof y también cuestionó el accionar de la Justicia provincial.

La suspensión fue ordenada por la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, luego de hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

La magistrada dispuso que la nueva normativa permanezca suspendida en territorio bonaerense durante dos meses y puso el foco en la capacidad de los establecimientos provinciales para afrontar el eventual incremento de adolescentes alcanzados por el sistema penal.

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La respuesta de Patricia Bullrich

Tras conocerse el fallo, Bullrich responsabilizó políticamente a Kicillof por la situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, la senadora sostuvo que el gobernador “se pone del lado de los delincuentes” mientras los bonaerenses viven “enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

La dirigente oficialista también cuestionó al Poder Judicial provincial y calificó de “garantista” a la Justicia bonaerense. Según expresó, esa situación permite que personas acusadas de delitos recuperen la libertad y vuelvan a cometer hechos delictivos.

En su mensaje, Bullrich también afirmó que la provincia “ignora a los argentinos de bien” y criticó que, a su entender, los delincuentes tengan margen para actuar sin recibir consecuencias.

Sus declaraciones se produjeron luego de la resolución judicial, aunque la suspensión de la normativa no fue una decisión del gobierno de Kicillof, sino una medida adoptada por la jueza a partir del hábeas corpus presentado ante la Justicia.

Qué planteó la Justicia bonaerense

El fallo de Pascual se centró principalmente en las condiciones de infraestructura y los recursos disponibles en el sistema provincial.

La jueza advirtió que la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años podría aumentar la cantidad de adolescentes sometidos al régimen penal y, eventualmente, extender el tiempo de permanencia de algunos de ellos en los centros de alojamiento.

En ese sentido, la magistrada señaló las dificultades existentes en determinados establecimientos y recordó que su juzgado había establecido un límite de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, debido a que el lugar no cumplía con las condiciones mínimas de habitabilidad.

Si bien la resolución reconoce avances recientes en aspectos como la alimentación, el suministro de agua potable y las condiciones edilicias, también menciona problemas vinculados con la educación, la capacitación laboral, la reinserción y los períodos de aislamiento.

Según el planteo judicial, un eventual aumento de la población alojada podría derivar en situaciones de hacinamiento y favorecer mayores niveles de violencia dentro de los establecimientos.

La Justicia convocó además a una audiencia para el 16 de septiembre, donde las autoridades bonaerenses deberán explicar las medidas implementadas y las acciones previstas para adecuar el sistema a las exigencias del nuevo régimen.

La nueva ley ya está vigente en el país

La Ley 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y reemplazó al régimen penal juvenil que estaba vigente desde 1980.

Uno de sus principales cambios es la reducción de la edad mínima de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años. La norma también establece un máximo de 15 años de privación de la libertad, descarta las condenas a prisión perpetua e incorpora sanciones alternativas.

Entre las medidas previstas aparecen la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y monitoreo electrónico, de acuerdo con las características de cada caso.

El Gobierno nacional reglamentó además la normativa mediante el Decreto 875/2026, que establece los mecanismos para su puesta en funcionamiento y determina al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.

El respaldo de Bullrich a la reforma

Bullrich había respaldado públicamente la entrada en vigencia del nuevo régimen antes de que se conociera la decisión de la Justicia bonaerense.

En aquella oportunidad, la dirigente publicó en sus redes sociales el mensaje “DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS”, en defensa de la reforma.

La senadora sostuvo entonces que se terminaba con la “excusa de la edad para delinquir” y planteó que quienes cometen delitos deben responder por sus acciones.

La suspensión dispuesta en Buenos Aires abrió ahora un nuevo capítulo de la discusión sobre el régimen penal juvenil, mientras la Justicia y las autoridades provinciales deberán evaluar durante los próximos 60 días las condiciones necesarias para su eventual implementación en territorio bonaerense.