La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de obtener una medida cautelar que suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le fue impuesta en el marco de la causa Vialidad.

La defensa de la exmandataria sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron derechos y garantías contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que solicitó la intervención del organismo internacional.

El planteo fue elaborado por los abogados Javier Borrego, Rafael Valim y Carlos Beraldi, quienes cuestionaron distintos aspectos del juicio, entre ellos la presunta falta de imparcialidad de algunos magistrados, restricciones en la producción de pruebas y supuestas irregularidades durante el desarrollo del proceso.

Publicidad

La presentación abrió un nuevo debate sobre las consecuencias que podría generar una eventual resolución favorable. De prosperar el reclamo, la defensa podría solicitar la revisión de la condena ante la Cámara Federal de Casación Penal, instancia que posteriormente también podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abogado constitucionalista Mariano Bär explicó que el planteo se apoya en una disposición del Código Procesal Penal Federal, que contempla la posibilidad de revisar una sentencia firme cuando un organismo internacional emite una resolución favorable sobre una petición individual.

Según el especialista, si ese escenario llegara a concretarse, la condena podría quedar sujeta a revisión y, mientras ese trámite se desarrolla, también podría discutirse el alcance de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, aclaró que ello no implica automáticamente que la Justicia argentina deba dejar sin efecto la sentencia.

A partir de esta presentación también resurgieron las especulaciones sobre una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales de 2027. No obstante, los especialistas remarcan que esa posibilidad dependerá de que exista una resolución favorable del organismo internacional y de las decisiones que posteriormente adopten los tribunales argentinos. Actualmente, la exmandataria continúa inhabilitada para ejercer cargos públicos en virtud de la condena firme dictada en la causa.

Te puede interesar | El Multimedio Play