El Gobierno de Javier Milei tiene previsto enviar la próxima semana al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca ampliar las herramientas del Estado frente a las actividades petroleras y pesqueras desarrolladas en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

El proyecto, que era elaborado por el canciller Pablo Quirno, el asesor presidencial Santiago Caputo y otros funcionarios, apunta a reforzar el marco establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011, que establece restricciones para las compañías que realizan tareas vinculadas con hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

La intención oficial es que la propuesta ingrese al Parlamento durante la semana del 14 de septiembre y que el debate pueda comenzar entre fines de este mes y los primeros días de octubre.

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Sanciones más duras para empresas petroleras y pesqueras

Uno de los principales ejes de la iniciativa será el incremento de las sanciones contra compañías que participen en actividades económicas relacionadas con Malvinas.

Al mismo tiempo, el proyecto contemplaría un mecanismo que permitiría levantar determinadas penalidades a aquellas empresas que decidan abandonar los negocios petroleros o pesqueros cuestionados por la Argentina.

La estrategia busca combinar mayores castigos con un incentivo para que las compañías se retiren de esas operaciones.

La medida ya generó repercusiones en el sector energético. Según la información difundida, tres multinacionales que tienen actividad en Vaca Muerta resolvieron no participar del proyecto Sea Lion, mientras que las acciones de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration registraron bajas.

Las restricciones también alcanzarían a la actividad pesquera desarrollada sin permisos argentinos dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva.

Entre las sanciones previstas aparecen multas, inhabilitaciones para operar en el país y el decomiso de buques o de las capturas obtenidas. El alcance podría extenderse a empresas relacionadas, filiales, accionistas y proveedores que colaboren con las operaciones cuestionadas.

Además, se analiza impedir que las firmas sancionadas puedan convertirse en proveedoras del Estado o realizar determinadas actividades comerciales en territorio argentino.

El control de los barcos en el Atlántico Sur

Otro de los puntos bajo análisis está relacionado con las embarcaciones que presten apoyo a empresas que exploren petróleo o desarrollen actividades pesqueras en Malvinas.

El Gobierno evalúa la posibilidad de considerar determinadas embarcaciones como vinculadas a actividades hostiles si brindaron asistencia a esos operadores y posteriormente ingresan en zonas marítimas bajo jurisdicción argentina.

La propuesta se relaciona con las tareas de vigilancia que realizan la Armada Argentina y la Prefectura Naval, aunque cualquier medida deberá ajustarse a las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Entre las situaciones que generan preocupación oficial aparece el eventual respaldo logístico de una compañía de navegación chilena a los operadores de Sea Lion.

También se analiza el juicio en ausencia

La iniciativa contempla además una herramienta judicial que podría permitir avanzar con determinados procesos en ausencia de los acusados.

Esta posibilidad está siendo analizada por funcionarios del Gobierno y se vincula con un debate jurídico que ya existe en Argentina en relación con causas por delitos de extrema gravedad.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal comenzó a estudiar la constitucionalidad del juicio en ausencia a partir de un planteo relacionado con ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado contra la AMIA.

Por el momento, la incorporación de este mecanismo a causas vinculadas con la soberanía forma parte del proyecto en elaboración y no constituye una herramienta vigente.

Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional

Otro capítulo de la propuesta apunta a crear un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar el trabajo de diferentes organismos estatales.

El órgano estaría integrado por representantes de Defensa, Cancillería, Seguridad y la SIDE. Entre sus objetivos estaría la protección de los intereses estratégicos argentinos en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, además de infraestructura considerada crítica.

La participación de la SIDE ampliaría el abordaje de la cuestión, incorporando componentes de seguridad e inteligencia junto con las dimensiones diplomática y militar.

Más tecnología para vigilar el Atlántico Sur

El Gobierno también pretende reforzar el monitoreo de la zona mediante tecnología satelital y sistemas de comunicaciones.

Luego de que Milei planteara la necesidad de mejorar las capacidades nacionales en telecomunicaciones, el Ejecutivo reasignó cerca de $120.000 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) a través de dos decretos de necesidad y urgencia.

El objetivo es utilizar esa infraestructura para mejorar el seguimiento de los movimientos de embarcaciones en el Atlántico Sur y aportar información a la Armada y la Prefectura.

La ofensiva judicial ya comenzó

El proyecto llegará al Congreso mientras el Gobierno ya puso en marcha distintas acciones contra compañías relacionadas con la explotación petrolera en las islas.

El canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal ante el juez federal Julián Ercolini contra empresas vinculadas con Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, además de sus directivos y representantes.

Por otra parte, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por su presunta participación en tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, también interviene en una presentación realizada por excombatientes de la Guerra de Malvinas que busca frenar las actividades de exploración del proyecto Sea Lion.

Ushuaia como punto estratégico

La estrategia oficial también incluye obras de infraestructura en el extremo sur del país.

En los últimos días, Milei envió al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, a recorrer el predio donde se proyecta la Base Naval Integrada de Ushuaia.

La obra pretende fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar la capacidad logística con vistas a las operaciones antárticas. El proyecto tendría un costo estimado de entre US$400 millones y US$500 millones.

El Gobierno también busca avanzar con financiamiento para la Base Antártica Conjunta Petrel.

De esta manera, la iniciativa legislativa se integra a una estrategia más amplia que combina sanciones económicas, acciones judiciales, vigilancia marítima, inteligencia, tecnología, Defensa y diplomacia.

El Congreso tendrá la última palabra

El proyecto representa un nuevo intento del Gobierno de Javier Milei por fortalecer las herramientas estatales vinculadas con la defensa de la soberanía sobre Malvinas y el control de los recursos estratégicos del Atlántico Sur.

Ahora será el Congreso el que deberá debatir el alcance de las medidas propuestas y definir cuáles de ellas finalmente se incorporarán al marco legal argentino.

Mientras tanto, el Ejecutivo ya avanzó con denuncias, procedimientos sancionatorios, medidas de vigilancia y proyectos de infraestructura destinados a reforzar la presencia argentina en el extremo austral.