El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y del director de la entidad, Juan Curutchet, en el marco de una ampliación de una denuncia penal por presuntas irregularidades en operaciones financieras vinculadas al oro durante 2025.

La presentación busca que la Justicia investigue cómo se instrumentaron los contratos, qué intermediarios participaron, cuáles fueron los costos asociados y quiénes tomaron las decisiones que derivaron en los resultados contables cuestionados.

El planteo se conoció luego de la aprobación de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central al cierre del 31 de diciembre de 2025. De acuerdo con las cifras citadas en la denuncia, las operaciones con derivados cuyo activo subyacente fue el oro registraron resultados negativos por aproximadamente US$ 1.023 millones.

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Dalbón sostuvo que es necesario acceder a los contratos, las liquidaciones y los informes técnicos para determinar si las operaciones estuvieron debidamente justificadas y si ocasionaron un perjuicio económico para el Estado.

Los resultados negativos bajo investigación

Según los datos contables mencionados en la presentación, las operaciones con derivados vinculados al oro arrojaron un resultado negativo de $ 1.469.155 millones, equivalentes a unos US$ 1.023 millones, de acuerdo con los valores utilizados en el escrito.

Ese monto comprende resultados negativos por opciones financieras y primas asociadas a esos instrumentos. La denuncia reclama reconstruir cada operación y establecer qué criterios se utilizaron para definir las coberturas, qué riesgos se asumieron y cuánto se abonó en comisiones.

El informe contable también consignó que el Banco Central había concertado derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al finalizar 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.

Otro punto de discusión es el rendimiento de las tenencias físicas de oro. Según las cifras citadas en la presentación, estas registraron una ganancia de $ 8.002.500 millones durante el mismo período.

Para Dalbón, resulta necesario analizar en conjunto los contratos y sus liquidaciones para determinar si existieron irregularidades. No obstante, un resultado negativo en determinados instrumentos financieros no demuestra, por sí solo, que se haya cometido un delito.

Qué se investiga sobre los funcionarios

La denuncia solicita esclarecer qué participación tuvieron los responsables económicos en la definición, autorización y ejecución de las operaciones.

En relación con Luis Caputo, el abogado pidió determinar si el ministro impartió instrucciones, coordinó la estrategia financiera o tuvo conocimiento de las decisiones cuestionadas.

Respecto de Santiago Bausili, la presentación apunta a establecer qué intervención tuvo en la aprobación y ejecución de los contratos, además de examinar las actas del directorio y los informes técnicos relacionados con las operaciones.

El planteo también alcanza a Juan Curutchet, respecto de quien se solicita investigar una eventual participación en la autorización, el control o el seguimiento de los instrumentos financieros.

La presentación menciona posibles delitos como defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También propone investigar una eventual asociación ilícita. Estas figuras deberán ser evaluadas por las autoridades judiciales y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal.

Las medidas que solicitó Dalbón

Además de pedir la detención de los funcionarios, el abogado reclamó medidas para preservar la documentación vinculada con las operaciones y evitar posibles interferencias en la investigación.

Entre otras medidas, solicitó restricciones para salir del país y limitaciones de acceso a determinadas áreas donde se encuentre documentación relevante, así como medidas para evitar contactos con posibles testigos.

También pidió incorporar los contratos financieros, las confirmaciones de las operaciones, las actas de los comités internos, los informes de riesgo y las comunicaciones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía.

La presentación propone, además, que se realice una pericia contable y financiera para reconstruir las operaciones y determinar si existió un perjuicio patrimonial para el Estado.

El pedido de detención no implica que exista una orden de arresto vigente ni que los funcionarios hayan sido condenados. La decisión sobre eventuales medidas restrictivas corresponde a la Justicia, que deberá evaluar los fundamentos de la denuncia y las pruebas disponibles.

La explicación del Banco Central

Frente a los cuestionamientos por los resultados negativos de los derivados, el Banco Central defendió la estrategia financiera y sostuvo que esos instrumentos fueron utilizados como cobertura para proteger las reservas ante eventuales caídas en el precio internacional del oro.

En un comunicado difundido el 8 de octubre, la entidad afirmó que la posición total en oro obtuvo un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones durante 2025.

Según la explicación oficial, la evaluación debe contemplar tanto la evolución del precio del metal como el desempeño de los instrumentos contratados para cubrirse ante posibles fluctuaciones de su cotización.

El organismo señaló que las coberturas tienen un costo y que, cuando el precio del oro sube, los derivados utilizados para proteger la cartera pueden arrojar resultados negativos. En ese escenario, las ganancias de la tenencia física del metal pueden compensar esos resultados.

El BCRA también indicó que aplica estrategias de cobertura desde 2007 y rechazó las interpretaciones que presentan las operaciones como meramente especulativas.

De esta manera, la controversia gira en torno a dos cuestiones: el resultado de los derivados financieros y el rendimiento total de la posición en oro. La denuncia reclama profundizar el análisis de los contratos, mientras que la entidad defiende la estrategia a partir del resultado global informado.

El antecedente de la denuncia de Marcela Pagano

La discusión sobre el manejo de los recursos del Banco Central también tuvo un antecedente en agosto, cuando la diputada Marcela Pagano anunció una denuncia penal contra Caputo y Bausili por la supuesta falta de trazabilidad pública de fondos estatales.

En aquella oportunidad, la legisladora cuestionó la información disponible sobre el recorrido de determinados recursos y reclamó que se identificara a los responsables de las decisiones y el destino del dinero. Según su planteo, cerca de $ 4 billones no contaban con una trazabilidad pública suficiente.

Esa presentación constituye un antecedente separado de la denuncia de Dalbón, ya que ambas deben analizarse según sus respectivos objetos y los hechos que buscan esclarecer.

Por ahora, el pedido de detención por las operaciones con derivados vinculados al oro apunta a que la Justicia determine cómo se administraron esos instrumentos durante 2025, si se respetaron los procedimientos correspondientes y si existen elementos que permitan atribuir responsabilidades penales a los funcionarios señalados.