El Senado de la Nación debate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone una profunda reforma de los procesos de desalojo. Si obtiene sanción definitiva, la norma modificará artículos del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial con el objetivo de acelerar la restitución de inmuebles ante casos de alquileres impagos, ocupaciones precarias y usurpaciones.
Aunque el oficialismo resolvió retirar del proyecto la reforma de la Ley de Tierras Rurales, la iniciativa mantiene uno de sus puntos centrales: la creación de mecanismos que permitan reducir los tiempos judiciales para recuperar una propiedad.
Uno de los cambios más importantes es la incorporación del denominado desalojo exprés, una herramienta que habilita al juez a ordenar la restitución anticipada de un inmueble antes de que exista una sentencia definitiva.
La medida podrá aplicarse cuando el magistrado considere que existen elementos suficientes para acreditar el derecho del propietario y este presente una caución juratoria como garantía.
Actualmente, en la mayoría de los casos, el desalojo recién se ejecuta una vez finalizado el proceso judicial.
El proyecto establece modificaciones importantes para quienes mantienen deudas por alquileres.
Entre las principales novedades se encuentran:
- Intimación obligatoria antes de demandar.
- El propietario deberá notificar fehacientemente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda.
- La comunicación podrá realizarse tanto al domicilio físico como al domicilio electrónico fijado en el contrato.
- Juicio sumarísimo.
- Las demandas por falta de pago pasarán a tramitar por el procedimiento judicial más breve previsto por la legislación procesal, reduciendo considerablemente los tiempos. Menos pruebas durante el proceso.
- En los desalojos por falta de pago solamente podrán presentarse pruebas documentales y periciales, limitando otros medios probatorios.
- Desocupación anticipada.
- El juez podrá ordenar que el inmueble sea entregado antes de que finalice el juicio cuando considere acreditado el derecho del propietario.
Otra de las modificaciones más relevantes habilita al Oficial de Justicia a solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar el lanzamiento cuando resulte necesario.
Además, la orden judicial podrá autorizar:
El allanamiento del inmueble. La apertura de cerraduras. La habilitación de días y horarios inhábiles para concretar el desalojo. La designación de un depositario para resguardar los bienes muebles encontrados en la propiedad.
El proyecto también establece que la sentencia alcanzará a todas las personas que ocupen el inmueble, incluso si no fueron demandadas inicialmente, para evitar que el ingreso de nuevos ocupantes impida ejecutar el lanzamiento.
¿Qué ocurre con los ocupantes precarios e intrusos?
La iniciativa amplía el alcance de la acción de desalojo.
No solo podrá dirigirse contra inquilinos o subinquilinos, sino también contra:
Tenedores precarios. Intrusos. Usurpadores. Cualquier ocupante que deba restituir el inmueble.
En estos casos también podrá solicitarse la entrega anticipada de la propiedad durante el desarrollo del juicio.
Aunque endurece el procedimiento frente al incumplimiento del contrato, el proyecto también incorpora algunas protecciones para los locatarios.
Entre ellas sobresalen:
El propietario no podrá rechazar las llaves
Si el inquilino decide devolver el inmueble, el locador no podrá negarse a recibir las llaves argumentando la existencia de deudas pendientes.
Consignación judicial
Si el propietario rechaza la entrega o no responde, el inquilino podrá consignar judicialmente las llaves.
En ese supuesto, una vez realizada la intimación correspondiente y concretada la consignación dentro del plazo previsto, dejarán de generarse nuevos alquileres y otras obligaciones derivadas del contrato.
Multas para propietarios que actúen de mala fe
El proyecto también contempla sanciones para quienes obtengan un desalojo anticipado ocultando documentación relevante.
Si se demuestra que el propietario omitió presentar el contrato o comprobantes que acreditaban el pago del alquiler, el juez podrá imponerle una multa de hasta diez veces el valor del último alquiler en beneficio del inquilino.
¿Qué pasa si viven personas vulnerables?
La iniciativa incorpora un protocolo específico para los casos en que en el inmueble residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
En esas situaciones, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección social para procurar una alternativa habitacional transitoria.
No obstante, el proyecto aclara que esa intervención no suspenderá el proceso de desalojo y que la asistencia deberá resolverse en un plazo máximo de diez días.
Según los fundamentos de la iniciativa, la reforma apunta a brindar mayor protección al derecho de propiedad y agilizar los procesos judiciales para recuperar inmuebles frente a incumplimientos contractuales u ocupaciones ilegales.
El proyecto continúa siendo debatido en el Senado y, en caso de convertirse en ley, introducirá una de las modificaciones más importantes de los últimos años en materia de desalojos, tanto para propietarios como para inquilinos.


















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