El Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de un nuevo decreto destinado a reglamentar el procedimiento para cancelar residencias y eventualmente expulsar del país a extranjeros que incurran en conductas contempladas como discursos de odio, incitación a la violencia por motivos de nacionalidad o agravios contra símbolos patrios.

La iniciativa busca completar la aplicación del DNU 681/2026, firmado a fines de julio, mediante el cual el Ejecutivo modificó la Ley de Migraciones e incorporó esas conductas entre los impedimentos para ingresar al país y las causales que pueden derivar en la cancelación de una residencia.

La nueva normativa no crearía una causal adicional, sino que establecería los mecanismos para hacer efectiva una disposición que ya fue incorporada a la legislación migratoria.

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Cómo se determinará qué conducta queda alcanzada

Uno de los principales puntos que deberá resolver el Gobierno será establecer qué expresiones pueden ser consideradas discursos de odio o incitación a la violencia en los términos previstos por la norma.

El esquema que analiza el Ejecutivo contempla utilizar el sistema de alertas migratorias, aunque todavía deben definirse cuestiones como el organismo encargado de aportar la información, las pruebas necesarias y quién tendrá la responsabilidad de evaluarlas.

También deberá determinarse cómo se procederá cuando la persona involucrada ya se encuentre dentro del territorio argentino.

Antes de una eventual expulsión, el procedimiento deberá contemplar las correspondientes instancias administrativas y judiciales.

La cuestión resulta especialmente sensible porque el propio DNU establece que no deberían quedar comprendidas las críticas políticas, académicas o ciudadanas ni las expresiones de disenso ideológico protegidas constitucionalmente.

De esta manera, la reglamentación deberá establecer una diferencia clara entre una opinión o crítica amparada por la libertad de expresión y una conducta que pueda ser considerada una verdadera incitación a la violencia.

El endurecimiento de la política migratoria

La medida se suma a una serie de modificaciones impulsadas por la administración de Milei para reforzar los controles migratorios y endurecer las condiciones de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros.

El Ejecutivo también modificó las condiciones relacionadas con determinados servicios públicos para personas que no cuentan con residencia permanente.

En materia sanitaria, los extranjeros sin residencia permanente mantienen garantizada la atención ante emergencias, mientras que para recibir atención habitual en establecimientos nacionales deben contar con un seguro médico o afrontar previamente los costos correspondientes.

Durante los últimos meses también se reforzó la estructura destinada al control migratorio.

En junio se creó el Programa de Seguridad Migratoria, con unidades específicas dentro de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para colaborar con la autoridad migratoria.

A esto se sumó el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), destinado a coordinar información entre Migraciones, las fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

El sistema permite generar análisis de riesgo y alertas para los controles migratorios y fronterizos.

La Justicia podría tener la última palabra

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es el impacto que podría tener la nueva reglamentación sobre la libertad de expresión.

Una medida que termine con la cancelación de una residencia o la expulsión de un extranjero podría ser cuestionada judicialmente si se considera que la expresión sancionada estaba protegida por la Constitución.

Por ese motivo, el Gobierno deberá definir criterios concretos para determinar cuándo una manifestación supera los límites contemplados por la normativa migratoria.

Por ahora, la Casa Rosada no estableció una fecha para la publicación del nuevo decreto ni difundió un borrador oficial.

El objetivo es completar la instrumentación del DNU 681/2026 y establecer un procedimiento que pueda ser aplicado tanto en los controles de ingreso como en los procesos de cancelación de residencias y eventuales expulsiones.

La principal incógnita será cómo se aplicará la nueva herramienta sin afectar derechos constitucionales como la libertad de expresión, un punto que podría convertirse en el centro de futuras controversias judiciales.