El Gobierno de Javier Milei descartó que Estados Unidos vaya a financiar la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, pese al acercamiento entre ambos países y a las conversaciones vinculadas con la estrategia argentina en el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.

Desde la Casa Rosada aseguran que cualquier cooperación internacional podrá desarrollarse en otros ámbitos, pero que la infraestructura será ejecutada sin aportes económicos de gobiernos extranjeros.

La definición cobra especial importancia debido al elevado costo que tendría el proyecto. Mientras algunas estimaciones oficiales ubican la inversión necesaria en torno a los USD 300 millones, otras voces dentro del oficialismo calculan que podría ascender a entre USD 400 y 500 millones.

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Una primera partida de $114.732 millones

Una de las primeras señales sobre el esquema de financiamiento apareció con el DNU 867/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma contempló modificaciones presupuestarias para el área de Defensa, entre ellas $114.732 millones destinados a adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, fondos que tendrían como destino principal las obras de la Base Naval Integrada.

En total, el refuerzo presupuestario para el área de Defensa ronda los $217.954 millones, distribuidos entre el Ministerio, las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto. Parte de esos recursos también será utilizada para otros proyectos estratégicos, como la finalización de la Base Antártica Conjunta Petrel.

Sin embargo, el monto asignado representa apenas una parte del costo proyectado de la nueva instalación. Por eso, uno de los principales interrogantes que deberá responder el Ministerio de Defensa es cómo se financiará el resto de la obra sin recurrir a fondos extranjeros.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, quedó a cargo de brindar mayores precisiones sobre el proyecto y su esquema financiero.

Un proyecto estratégico para el Atlántico Sur

La construcción de la base fue incluida por Milei entre los anuncios relacionados con el fortalecimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y los recursos naturales de la región.

La intención oficial es transformar la instalación en un polo logístico estratégico, con capacidad para reforzar las operaciones argentinas, mejorar las telecomunicaciones y fortalecer la proyección hacia la Antártida.

El proyecto, sin embargo, no nació durante la actual administración. La iniciativa había sido anunciada en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión del entonces ministro de Defensa Jorge Taiana.

La obra tuvo posteriormente un avance limitado. De acuerdo con información oficial citada por Chequeado, hacia diciembre de 2023 registraba apenas un 9,13% de avance físico, porcentaje que permaneció prácticamente sin modificaciones debido a la falta de financiamiento.

Ahora, el Gobierno decidió retomarla y ubicarla dentro de una estrategia más amplia de defensa y presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.

El antecedente de Estados Unidos

La relación del proyecto con Estados Unidos generó dudas durante los últimos años. En 2024, Milei había anunciado desde Ushuaia, junto a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, su intención de avanzar con la construcción de la base.

Ese antecedente alimentó las versiones sobre una eventual participación estadounidense en el financiamiento.

Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que no habrá dinero estadounidense ni aportes de otros Estados para levantar la infraestructura. La postura oficial es que la obra deberá concretarse con recursos argentinos.

El Ejecutivo también evalúa como referencia la base naval de Punta Arenas, en Chile, por su importancia logística y estratégica para las operaciones en el extremo sur.

El desafío ahora será determinar cómo se completará una obra cuyo costo podría alcanzar varios cientos de millones de dólares, mientras el Gobierno busca sostener su política de equilibrio fiscal y déficit cero.