El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional presentado por el Gobierno de Javier Milei genera un nuevo debate en el Congreso. La iniciativa plantea modificaciones al régimen vigente sobre las áreas vinculadas con la cuestión Malvinas y amplía las herramientas del Poder Ejecutivo en materia de seguridad y defensa.

La propuesta oficial busca reemplazar la Ley 26.659 y establecer sanciones más severas para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina. Además, contempla la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, que estaría coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional.

El organismo estaría integrado por el Presidente, ministros y otras autoridades y tendría entre sus funciones articular políticas relacionadas con la defensa, seguridad, inteligencia, relaciones exteriores y protección de infraestructura crítica.

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Reclamo por la participación del Congreso

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el papel que tendrá el Poder Legislativo en el seguimiento de las políticas vinculadas con las Islas Malvinas.

Durante una sesión del Senado, la senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, propuso tratar sobre tablas un proyecto para crear una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas.

La legisladora sostuvo que el objetivo es garantizar la participación del Congreso en una cuestión que considera vinculada directamente con la soberanía nacional.

El planteo abrió un intercambio entre los diferentes bloques acerca de las características que debería tener el organismo y sobre su alcance. Entre las alternativas analizadas aparecen una comisión bicameral o una comisión permanente destinada a realizar un seguimiento de las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo.

Finalmente, el pedido de tratamiento inmediato fue retirado con el compromiso de abordar la cuestión el próximo martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Qué propone el proyecto oficial

La iniciativa también introduce modificaciones en relación con la explotación de recursos naturales en zonas vinculadas con la disputa de soberanía. Desde el Gobierno señalan que el objetivo es contar con mayores herramientas para impedir actividades no autorizadas y reforzar las sanciones correspondientes.

A su vez, el proyecto incorpora disposiciones vinculadas con defensa, seguridad e inteligencia, junto con mecanismos destinados a proteger infraestructura considerada crítica.

El texto deberá continuar ahora su recorrido por las comisiones parlamentarias antes de llegar al recinto. En ese proceso, uno de los principales ejes de discusión será el alcance de las facultades previstas para el Ejecutivo y el mecanismo mediante el cual el Congreso participará en el seguimiento de las políticas relacionadas con Malvinas.