Una comerciante deberá pagar $2.450.000 más intereses a una vecina a la que acusó de ladrona en Facebook, luego de que la Justicia determinara que las publicaciones afectaron su honor y su reputación sin que se acreditara que hubiera cometido un delito.
La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, Chubut, confirmó la condena civil y estableció que la demandada también deberá afrontar las costas del proceso y publicar una rectificación en sus perfiles digitales durante 15 días consecutivos.
El caso comenzó en febrero de 2021, cuando la propietaria de un local de indumentaria femenina detectó consumos que no reconocía en su cuenta de Mercado Pago por $1.680 y débitos que alcanzaban los $244.000.
Tras comunicarse con la titular de la línea telefónica que figuraba en los registros de la empresa, la comerciante inició una denuncia penal y publicó en Facebook la imagen y los datos de la mujer a la que señalaba como responsable.
En el mensaje, la acusó de haberle robado dinero y utilizó expresiones como “chorra”, además de advertir que iba a difundir el caso en distintos medios y que la iba a arruinar.
La publicación se viralizó y recibió más de 200 comentarios, muchos de ellos con insultos y agresiones dirigidos a la mujer denunciada.
La causa penal terminó con el sobreseimiento de la mujer
En el marco de la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de la vecina. Sin embargo, la causa penal concluyó con su sobreseimiento definitivo, al no encontrarse elementos que la vincularan con la clonación de tarjetas o el uso indebido de la cuenta.
Ante las consecuencias que, según denunció, sufrió en su honor y su imagen pública, la mujer inició una demanda civil por daños y perjuicios ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Puerto Madryn.
El juez Patricio Cosentino hizo lugar al reclamo el 19 de marzo de 2026. La comerciante apeló la decisión, pero la Cámara confirmó la condena.
Qué dijo la Justicia sobre las publicaciones en redes
Los camaristas Heraldo Enrique Fiordelisi y Julián Emil Jalil rechazaron los argumentos de la demandada vinculados con la libertad de expresión y diferenciaron las opiniones personales de las acusaciones públicas de delitos contra una persona identificada.
En los fundamentos, remarcaron que el enojo que pudo haber provocado la situación no justificaba promover insultos, amenazas o represalias contra la vecina.
También señalaron que las publicaciones en redes sociales pueden tener un impacto significativo en comunidades pequeñas, donde la exposición pública puede afectar la reputación y las relaciones cotidianas de una persona.
Además, una pericia psicológica incorporada al expediente indicó que la mujer presentó secuelas emocionales vinculadas con el acoso virtual que sufrió.
La indemnización equivale al costo de un viaje a las Cataratas del Iguazú
Para establecer el monto de la reparación, el tribunal aplicó el criterio de satisfacciones sustitutivas y compensatorias previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Según explicó el juez Jalil, se tomó como referencia el costo de un viaje de una semana con todos los gastos pagos a las Cataratas del Iguazú, como una forma de compensar el daño sufrido.
La condena asciende a $2.450.000, más intereses calculados a una tasa del 6% anual desde la fecha del hecho hasta la sentencia definitiva.
También deberá publicar una rectificación durante 15 días
Además de pagar la indemnización, la comerciante deberá publicar un texto rectificatorio tanto en su perfil personal como en la página comercial de su negocio.
La aclaración tendrá que indicar que las acusaciones difundidas lesionaron el honor de la vecina y que no se acreditó delito alguno.
La publicación deberá permanecer fijada y visible durante 15 días corridos, según lo dispuesto por la sentencia.
El fallo distingue entre realizar una denuncia ante la Policía o la Fiscalía y exponer públicamente a una persona como culpable sin pruebas suficientes. La resolución remarca que recurrir a la Justicia para denunciar un hecho no genera por sí mismo responsabilidad civil, pero las acusaciones difundidas en redes pueden dar lugar a una indemnización cuando se acredita un daño.


















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