El Gobierno nacional dispuso la prohibición de determinados juguetes blandos conocidos como “squishy” debido a los posibles riesgos químicos asociados a algunos de estos productos.
La medida fue establecida mediante la Disposición 690/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa alcanza a determinados productos identificados como “squeeze toy” o “squishy”, especialmente aquellos con formas de gyoza, dumpling y diseños similares, que no puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos de seguridad e inocuidad.
Qué productos quedan alcanzados
La prohibición se fundamenta en antecedentes relacionados con la presencia o liberación de sustancias químicas potencialmente peligrosas en este tipo de juguetes.
Por ese motivo, los productos que no cuenten con la documentación y certificaciones exigidas no podrán continuar siendo comercializados ni almacenados.
La medida alcanza a fabricantes, importadores, distribuidores y comercios que tengan unidades comprendidas dentro de la disposición.
Quienes posean estos productos deberán retirarlos de circulación y proceder a su destrucción o descarte de manera segura, de acuerdo con lo establecido por la normativa.
Hay una excepción
La disposición establece que quedan exceptuados aquellos juguetes que cuenten con una declaración de conformidad y las certificaciones correspondientes que permitan acreditar su inocuidad.
Estos documentos deberán demostrar que los productos cumplen con los reglamentos técnicos y requisitos de seguridad vigentes.
De esta manera, la prohibición no alcanza de manera indiscriminada a todos los juguetes “squishy”, sino a aquellos que se encuentren comprendidos por la disposición y no puedan demostrar el cumplimiento de las condiciones exigidas.
También alcanza a las ventas online
La medida tiene alcance en todo el territorio nacional y comprende tanto los canales tradicionales como las distintas modalidades de venta digital.
Por lo tanto, los productos alcanzados no podrán ser ofrecidos en comercios físicos, plataformas de comercio electrónico, redes sociales ni otros canales de comercialización.
La disposición busca evitar que juguetes que no cumplen con los estándares de seguridad continúen llegando a los consumidores, especialmente teniendo en cuenta que se trata de productos destinados principalmente al público infantil.


















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