El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a regir el próximo 5 de septiembre y modificará de manera sustancial el tratamiento judicial de los adolescentes que cometan delitos en Argentina. La normativa baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y establece un sistema específico de sanciones, seguimiento y privación de la libertad.
La Ley 27.801, aprobada por el Congreso y promulgada en marzo, reemplazará al régimen vigente desde 1980. Aunque su aplicación será progresiva, en distintos juzgados de menores existe preocupación por el impacto que tendrá la reforma y por la posibilidad de que aumente considerablemente la cantidad de expedientes.
Uno de los principales cambios establece que los adolescentes de 14 años en adelante que cometan delitos contemplados en el Código Penal podrán ser sometidos a un proceso judicial y eventualmente recibir una condena, incluso con privación de la libertad.
Sin embargo, esto no significa que todo menor que cometa un delito vaya automáticamente a prisión. El nuevo esquema contempla diferentes alternativas y establece criterios específicos según la gravedad del hecho y los antecedentes del adolescente.
El objetivo declarado por la normativa es promover la responsabilidad por los actos cometidos, además de favorecer la educación, la resocialización y la integración social.
La reforma incorpora un sistema de penas y mecanismos de control que no estaban contemplados de la misma manera en el régimen anterior.
Entre las principales modificaciones se encuentra la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de los 16 a los 14 años. A partir de esa edad, los adolescentes quedan alcanzados por el sistema penal juvenil cuando cometan delitos tipificados en el Código Penal.
La normativa también establece que los padres de niños, niñas y adolescentes sometidos a un proceso penal serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos.
Al mismo tiempo, se fortalecen los derechos de las víctimas, quienes podrán participar del proceso y recibir información sobre su desarrollo.
En cuanto a la identidad de los adolescentes involucrados, continúa vigente la prohibición de publicar sus nombres, sobrenombres, filiación, parentesco o lugar de residencia, así como imágenes que permitan identificarlos.
La privación de la libertad no será la única alternativa. Para determinados delitos, la normativa contempla penas alternativas, entre ellas restricciones de acercamiento, reparación del daño provocado a la víctima, reglas de conducta y participación en actividades educativas y comunitarias.
También se incorpora la amonestación, que consiste en un llamado de atención acompañado de un reproche oral y recomendaciones sobre las conductas que debería adoptar el adolescente. Esta sanción deberá aplicarse junto con al menos una de las restantes medidas previstas.
Otro de los cambios es la incorporación del monitoreo electrónico, mediante dispositivos destinados a registrar la ubicación del adolescente para controlar el cumplimiento de una sanción o funcionar como una pena en sí misma.
Estas alternativas podrán aplicarse en determinados casos cuando los hechos no hayan provocado la muerte de una víctima ni una grave violencia física o psíquica. También se contempla la situación de delitos culposos y la inexistencia de condenas u otros procesos firmes en trámite.
Las sanciones alternativas tampoco podrán impedir, salvo que resulte necesario para proteger a la víctima, los vínculos afectivos del adolescente, su asistencia a establecimientos educativos, su trabajo o el acceso a la atención sanitaria.
Si incumple las condiciones impuestas, el juez podrá establecer una pena más severa.
Cuando corresponda una pena privativa de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos acondicionados específicamente para ese fin y bajo la conducción de personal especializado.
La ley contempla institutos abiertos y establecimientos especializados de detención. En esos espacios está expresamente prohibido alojar a personas mayores de edad junto con los menores.
También se contempla la posibilidad de arresto domiciliario.
Una de las diferencias centrales respecto de las penas previstas para adultos es que el nuevo régimen prohíbe la prisión y la reclusión perpetua para adolescentes. El máximo de una pena privativa de la libertad será de 15 años.
Además, cuando el condenado haya cumplido dos tercios de la pena, podrá acceder a la libertad condicional si se cumplen las condiciones establecidas por la normativa.
La reforma también crea la figura del supervisor, que tendrá a su cargo el seguimiento, la asistencia y el control de los adolescentes que reciban penas alternativas.
Los profesionales serán seleccionados de una lista elaborada por el Ministerio de Justicia y deberán contar con formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.
El objetivo será realizar un acompañamiento personalizado durante el cumplimiento de las medidas impuestas.
Para la puesta en marcha del nuevo régimen, el Congreso estableció una partida de $23.739.155.303,08.
La entrada en vigencia de la reforma genera interrogantes dentro de la Justicia. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los recursos humanos y presupuestarios necesarios para afrontar el nuevo escenario.
Federico Adler, abogado, profesor universitario y exsecretario de un juzgado de Garantías Juvenil de Mar del Plata, consideró que la implementación presenta un escenario complejo.
Según explicó, la reforma amplía la intervención penal sobre adolescentes y permitirá investigar conductas que hasta ahora quedaban fuera del sistema. Entre ellas se encuentran delitos con penas de hasta tres años o que contemplan multas.
El problema, según su análisis, es que esa ampliación podría traducirse en más expedientes para los mismos equipos judiciales.
Adler también planteó la necesidad de una mayor especialización dentro del fuero juvenil, debido a que se trabaja con personas que se encuentran en una etapa de desarrollo y requieren una intervención diferente de la aplicada en el sistema de adultos.
En ese sentido, advirtió que una aplicación estandarizada podría dificultar el objetivo de la reforma, que apunta a reducir la reincidencia y favorecer la reinserción social.
También existen dudas respecto de la capacidad de los actuales institutos de menores para recibir a una eventual mayor cantidad de adolescentes privados de la libertad.
Otro de los puntos que genera incertidumbre es la disponibilidad de los dispositivos de monitoreo electrónico. En el ámbito judicial señalan que actualmente no habría suficientes dispositivos destinados a adolescentes.
A esto se suma que, al momento de la implementación, todavía no estaban designados los supervisores previstos por la nueva normativa.
También existe preocupación por la falta de un protocolo uniforme para que los jueces apliquen las nuevas disposiciones. Esto podría generar interpretaciones diferentes entre tribunales.
Uno de los principales desafíos será además compatibilizar la nueva normativa nacional con las legislaciones provinciales y los distintos códigos procesales que continúan vigentes.
En la Justicia Nacional, por ejemplo, funcionan siete juzgados y tres tribunales orales para toda la Ciudad de Buenos Aires, con alrededor de 2.200 expedientes por tribunal y unas 450 causas nuevas que ingresan cada año.
La nueva ley también plantea una diferencia respecto de la prisión preventiva, ya que el Código Procesal Penal de la Nación mantiene disposiciones pensadas para el régimen anterior, mientras que la nueva normativa regula expresamente esta medida para adolescentes.
Ante la entrada en vigencia del régimen nacional, varias provincias comenzaron a adecuar sus propios sistemas.
Entre Ríos elaboró un protocolo destinado a sus fiscales, mientras que en Neuquén se desarrolla una mesa interinstitucional y se trabaja en un anteproyecto.
En Córdoba avanza una reforma de su legislación procesal juvenil. También existen proyectos de adecuación en Tucumán y Mendoza.
Por su parte, representantes del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal trabajan en comisiones técnicas conjuntas para intentar establecer criterios comunes de aplicación.
Así, el nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a funcionar en medio de expectativas, cambios estructurales y dudas sobre la capacidad operativa del sistema para afrontar la ampliación del universo de adolescentes que quedarán alcanzados por la Justicia penal.


















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