El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó este martes el procedimiento para que los hospitales que dependen del Estado nacional comiencen a cobrarle la atención sanitaria a los extranjeros que no residan en el país. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, busca ordenar los recursos del sistema público y frenar el impacto económico del denominado "turismo sanitario".
La flamante resolución establece un circuito estricto que obligará a los efectores de salud a clasificar a los pacientes para diferenciar rápidamente las atenciones programadas de aquellas que representen un riesgo inminente para la vida.
A partir de esta normativa, todo paciente extranjero que solicite una consulta de rutina, un estudio o una intervención programada, deberá regularizar su situación económica antes de ingresar al consultorio. El esquema fija dos caminos posibles:
Pacientes sin seguro médico: El área de facturación calculará el costo total de la práctica según el nomenclador oficial. El extranjero deberá abonar el 100% del valor por adelantado en las cajas del hospital para recibir el comprobante único que habilita al personal médico a realizar la prestación.
Pacientes con seguro de viajero: El hospital verificará la vigencia de la póliza, abrirá un legajo y le facturará los servicios directamente a la aseguradora internacional, que tendrá un plazo de 45 días corridos para transferir los fondos al Estado Nacional.
Para evitar controversias legales y sanitarias, la resolución es tajante en un punto fundamental: la atención de emergencias no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos.
Cualquier cuadro que represente un riesgo real para la vida (infartos, accidentes de tránsito, hemorragias graves o urgencias obstétricas) será atendido de inmediato sin importar la situación migratoria de la persona. Sin embargo, la normativa aclara que una vez resuelta la emergencia y estabilizado el paciente, las atenciones o días de internación subsiguientes sí le serán facturados.
Qué pasa con los residentes permanentes
Quienes cuenten con su residencia permanente aprobada no sufrirán modificaciones. Estos ciudadanos extranjeros seguirán accediendo al sistema de salud en estricta igualdad de condiciones que los argentinos, con el único requisito de exhibir su DNI donde conste su estatus migratorio.
La reglamentación de este procedimiento deriva del DNU 366/2025 que modificó la Ley de Migraciones. En los fundamentos de aquel documento, el Gobierno nacional argumentó que el ingreso sostenido de personas a la Argentina con el único propósito de utilizar el sistema público de forma gratuita generó un fuerte incremento en la demanda asistencial, afectando "profundamente la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario".


















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