Una jubilada de 75 años que caminaba por una calle de Vicente López, provincia de Buenos Aires, fue derribada por un dogo argentino en febrero de 2022 y sufrió graves lesiones. A raíz de las secuelas físicas y psicológicas, inició una demanda que terminó con una condena civil: la heredera del dueño del perro y una aseguradora deberán afrontar una indemnización de $20.480.000, más los intereses correspondientes.

La causa penal contra el propietario del animal se cerró en 2024, luego de su fallecimiento. Sin embargo, el reclamo civil continuó y el juzgado consideró que las pruebas incorporadas al expediente permitían atribuir al perro la caída de la mujer.

Cómo ocurrió el episodio y qué lesiones sufrió

La jubilada responsabilizó al dueño del dogo por no haber evitado el incidente. Tras la muerte del hombre, la demanda se amplió contra su legataria y también intervino una compañía de seguros vinculada con la cobertura del animal.

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Durante el proceso, la heredera y la aseguradora cuestionaron la versión de la mujer. Sostuvieron que el perro llevaba correa y bozal y plantearon que la jubilada, que utilizaba un bastón, se había caído por un tropiezo propio, sin que el animal tuviera una intervención directa.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios incorporados al expediente respaldaron el relato de la demandante, según la información publicada por Infobae.

Las consecuencias del episodio fueron graves. Una pericia médica determinó que la mujer presentaba una incapacidad física parcial y permanente superior al 40%, con compromiso de cadera, además de síntomas psicológicos relacionados con lo ocurrido.

La defensa cuestionó el informe y sostuvo que podían existir problemas óseos previos. No obstante, la evaluación médica concluyó que el accidente había provocado o agravado una condición que hasta entonces no se había manifestado clínicamente.

Por qué la heredera deberá pagar la indemnización

Para resolver el caso, el juzgado aplicó el régimen de responsabilidad objetiva por los daños causados por animales. Este principio establece que, para atribuir responsabilidad, no es indispensable demostrar una conducta negligente del propietario: deben acreditarse el daño y su relación con el animal, salvo que se pruebe una causa que permita eximir de responsabilidad.

En este caso, el tribunal consideró que las pruebas reunidas permitían establecer la intervención del dogo y que no se había demostrado una circunstancia que liberara de responsabilidad a la parte demandada.

La sentencia fijó una indemnización de $20.480.000, que contempla distintos conceptos: incapacidad física, gastos médicos y de traslado, tratamientos de rehabilitación y psicológicos, y daño moral. A ese monto se sumarán los intereses establecidos judicialmente.