Apenas dos días después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, la Justicia bonaerense dispuso suspender durante 60 días su aplicación en todo el territorio provincial.
La medida fue dictada este lunes 7 de septiembre por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
El planteo fue realizado en representación de adolescentes privados de su libertad y puso bajo análisis las condiciones actuales de los establecimientos destinados al alojamiento de jóvenes.
La preocupación por el aumento de adolescentes detenidos
Uno de los principales argumentos utilizados por la magistrada está relacionado con el alcance de la nueva normativa.
La Ley 27.801 incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años, además de establecer modificaciones respecto de los delitos alcanzados y disponer la aplicación de las escalas previstas en el Código Penal.
Para la jueza, estos cambios pueden provocar un incremento significativo de la cantidad de adolescentes sometidos al sistema penal, tanto por nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los dispositivos de privación de libertad.
El interrogante central de la resolución es si la provincia dispone de los recursos materiales, edilicios y profesionales necesarios para afrontar ese eventual aumento.
“El Poder Judicial no puede esperar”
Pascual sostuvo que la Justicia no debe aguardar a que se produzca una vulneración concreta de derechos para intervenir cuando existen elementos que permiten advertir un posible riesgo.
“El poder judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”, sostuvo la magistrada.
La jueza fundamentó su decisión en el principio precautorio aplicado a los derechos de niños, niñas y adolescentes y consideró que la situación requiere una intervención preventiva.
En ese sentido, tomó como antecedente los controles realizados durante los últimos años sobre distintos establecimientos bonaerenses destinados a adolescentes privados de libertad.
Las condiciones de los centros, bajo la lupa
Uno de los antecedentes mencionados en la resolución corresponde al Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora.
El propio juzgado había limitado anteriormente su capacidad de alojamiento a 60 adolescentes, luego de detectar condiciones que no cumplían con los estándares mínimos exigidos.
Si bien la magistrada reconoció mejoras recientes en aspectos como infraestructura, alimentación y acceso al agua potable, sostuvo que todavía existen deficiencias importantes.
Entre ellas mencionó dificultades vinculadas con la educación, la formación profesional y la incorporación al mundo laboral, además de cuestionar los tiempos de aislamiento.
Según el fallo, problemas similares fueron advertidos en otros dispositivos de la provincia y expuestos durante distintas audiencias por funcionarios del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
La advertencia sobre el hacinamiento
La resolución también plantea una preocupación que excede la situación de los adolescentes actualmente detenidos.
La jueza advirtió que el deterioro de las condiciones de alojamiento puede tener consecuencias posteriores tanto para los jóvenes como para la sociedad.
“Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”, afirmó Pascual.
La magistrada sostuvo que la severidad de las penas no garantiza por sí sola una mayor seguridad y que las condiciones en las que los adolescentes atraviesan una condena pueden influir en su posterior reinserción.
Por ese motivo, consideró necesario que el Estado garantice condiciones adecuadas antes de ampliar el universo de personas que podrían quedar sometidas al nuevo régimen.
La suspensión regirá durante 60 días
Finalmente, la Justicia resolvió suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
Durante ese período, las autoridades deberán informar qué medidas fueron adoptadas para garantizar que el sistema pueda funcionar bajo condiciones compatibles con los derechos de los adolescentes.
La jueza convocó además a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10, que se realizará en la sala de juicios orales del tribunal.
En esa instancia deberán presentarse responsables de las áreas del Ejecutivo bonaerense vinculadas con la implementación del régimen y explicar qué acciones se realizaron, cuáles están previstas y cuáles son los plazos para llevarlas adelante.
La resolución también ordenó al Ministerio de Seguridad bonaerense, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la suspensión.
La decisión abrió así un nuevo capítulo en la implementación del Régimen Penal Juvenil, mientras la Justicia y el gobierno bonaerense deberán avanzar en una discusión clave: si la provincia cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para aplicar la nueva normativa sin agravar las condiciones de los adolescentes privados de libertad.


















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