A 24 años del asesinato de Andrea Viera, familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos vuelven a poner el foco sobre uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional ocurridos en la provincia de Buenos Aires durante la democracia.
Viera tenía 25 años y estaba embarazada cuando fue detenida junto a su pareja, Gustavo Cardozo, el 10 de mayo de 2002. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Primera de Florencio Varela, donde, según la investigación judicial, fueron sometidos a torturas.
La mujer fue retirada del lugar inconsciente y trasladada a un hospital. Permaneció internada durante 12 días y finalmente murió como consecuencia de las lesiones sufridas.
Una detención que terminó en tragedia
Andrea y Cardozo habían descendido de un colectivo en la zona de la estación Zeballos cuando fueron interceptados por efectivos policiales que investigaban un supuesto intento de robo en el que había resultado herido un agente.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, ambos fueron detenidos luego de que una policía los señalara. Tras ser esposados, fueron trasladados a la dependencia policial. Durante el trayecto y posteriormente dentro de la comisaría habrían sufrido agresiones.
La pareja fue separada al ingresar al edificio y nunca volvieron a verse durante las horas siguientes.
La investigación reunió posteriormente los testimonios de 22 personas privadas de la libertad que se encontraban en la comisaría y que declararon sobre lo ocurrido.
Esa misma noche, la persona que había denunciado inicialmente el supuesto robo participó de una rueda de reconocimiento y descartó a Andrea como autora del hecho. Para entonces, la joven ya se encontraba inconsciente.
Fue trasladada al Hospital Mi Pueblo, en una ambulancia que, según la reconstrucción del caso, no utilizó la sirena durante el recorrido. Doce días después murió.
El informe forense determinó que los golpes sufridos no necesariamente habrían provocado su muerte por sí solos y señaló que la sofocación ejercida cuando ya estaba inconsciente habría sido determinante.
Una causa atravesada por múltiples juicios
La investigación judicial se extendió durante años y tuvo diferentes instancias.
En 2006, durante el primer juicio oral, la policía Marta Jorgelina Oviedo Salazar fue condenada a prisión perpetua por el homicidio y las torturas sufridas por Andrea. Sin embargo, otros cuatro policías fueron absueltos.
La causa tuvo una nueva derivación al año siguiente, cuando Jorge Galván Plaza, uno de los testigos del expediente, fue asesinado de un disparo en la cabeza y posteriormente arrojado a un arroyo del barrio Pepsi. El crimen permanece impune.
En 2011 se realizó otro proceso judicial. En esa oportunidad, David Leonardo Gutiérrez recibió una condena de diez años de prisión y Carlos Daniel Maidana fue condenado a cuatro años, aunque recuperó rápidamente la libertad. Otros acusados volvieron a ser absueltos.
Dos años después, en 2013, el ex cabo Marcelo Miguel Aquino fue condenado a prisión perpetua por el delito de tormentos seguidos de muerte. La sentencia, según el relato de la familia, todavía no se encuentra firme.
En ese mismo proceso, el ex suboficial Pedro Mensi fue absuelto.
La causa volvió a tener movimiento en 2017, cuando otro tribunal absolvió al excomisario José Oscar Sita. Mientras tanto, el exsubcomisario Rafael Ominelli, integrante de la cúpula de la dependencia policial al momento del crimen, permanece con pedido de captura internacional.
Finalmente, en 2018, otros cuatro policías llegaron a juicio. El principal testigo, quien había sido pareja de Andrea, no pudo participar del debate oral y los acusados terminaron nuevamente absueltos.
El reclamo que permanece
La hermana de Andrea, Eugenia Vázquez, encabezó durante años el reclamo de justicia. Para la familia, el caso no puede considerarse completamente impune debido a las condenas obtenidas, pero todavía existen cuestionamientos respecto de las responsabilidades que nunca llegaron a determinarse.
Uno de los principales reclamos apunta a la situación de Oviedo Salazar, quien actualmente cumple la condena bajo prisión domiciliaria.
Con el paso del tiempo, la familia decidió cerrar su participación en la causa. Según explicó Vázquez, la decisión estuvo vinculada al desgaste y a la exposición de los testigos, muchos de ellos jóvenes que se encontraban detenidos al momento de los hechos.
A pesar de ello, la hermana de Andrea continúa vinculada al acompañamiento de familiares de víctimas de violencia institucional y participa del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad.
Un caso que sigue interpelando a la democracia
El asesinato de Andrea Viera quedó registrado como un caso paradigmático de violencia institucional. Su muerte ocurrió apenas años después de la recuperación democrática y expuso la existencia de prácticas violentas dentro de una dependencia policial.
Para su familia, el caso también forma parte de una problemática más amplia que incluye otros episodios de violencia institucional y reclama transformaciones profundas en las fuerzas de seguridad y en el sistema judicial.
A 24 años de aquella detención, el nombre de Andrea Viera continúa asociado a una demanda que su hermana sostiene desde hace más de dos décadas: avanzar hacia una reforma judicial y policial y fortalecer las herramientas destinadas a prevenir y sancionar la violencia institucional.
Este lunes, a las 17, se realizará un acto frente a la Comisaría Primera de Florencio Varela para señalizar el lugar y homenajear a Andrea. Será una nueva oportunidad para recordar una historia que, para su familia, todavía representa una deuda pendiente en materia de justicia y derechos humanos.


















Comentarios
Cargando comentarios…