La tarde del 17 de agosto de 2017, el bullicioso paseo de Las Ramblas, en Barcelona, se transformó en escenario de una de las jornadas más dramáticas de la historia reciente de España. Una furgoneta blanca irrumpió en la zona peatonal y avanzó durante casi 600 metros, arrollando a quienes caminaban por uno de los lugares más concurridos de la ciudad. El ataque dejó 13 personas muertas en el lugar y más de un centenar de heridos.
Las víctimas procedían de distintos países y tenían edades y nacionalidades diversas. Entre los afectados había ciudadanos de Argentina, Colombia, Cuba, Perú y Venezuela. Lo que inicialmente parecía un episodio aislado terminó revelando una trama terrorista cuyo plan original contemplaba objetivos de enorme relevancia turística y deportiva.
La investigación posterior permitió reconstruir cómo una explosión ocurrida horas antes en una vivienda de Alcanar, en la provincia de Tarragona, alteró los planes de la organización y llevó a sus integrantes a ejecutar ataques improvisados en Barcelona y Cambrils.
La explosión que desbarató el plan original
La noche del 16 de agosto, alrededor de las 23.15, una potente detonación destruyó un chalet situado en la urbanización Montecarlo, en Alcanar. En un primer momento, los investigadores contemplaron la posibilidad de que se tratara de un accidente doméstico relacionado con una fuga de gas.
Sin embargo, el análisis de los restos reveló un escenario mucho más grave. En el lugar había más de 120 bombonas de distintos gases y materiales destinados a la fabricación de explosivos. Entre las sustancias que los investigadores vincularon con la preparación de los atentados se encontraba el triperóxido de triacetona, conocido como TATP y apodado “la madre de Satán”.
Este explosivo había sido utilizado en otros ataques terroristas perpetrados en Europa, incluidos los de París en 2015 y Bruselas en 2016. Según las explicaciones brindadas por responsables policiales durante la investigación, la cantidad de material reunido en la vivienda podía haber provocado una destrucción de grandes dimensiones.
La explosión causó la muerte del imán Abdelbaki Es Satty, de 44 años, señalado como una figura central en el proceso de radicalización de los integrantes de la célula, y de Youssef Aalla, de 22. Mohamed Houli Chemlal, otro miembro del grupo que se encontraba en el lugar, sobrevivió y se convirtió posteriormente en uno de los principales condenados por la trama.
La Sagrada Familia y el Camp Nou, entre los objetivos
Los investigadores determinaron que los terroristas preparaban una operación de mayor alcance. El plan contemplaba utilizar vehículos cargados con explosivos y bombonas de gas para atacar lugares emblemáticos de Barcelona.
Entre los objetivos que aparecieron en las pesquisas figuraban la basílica de la Sagrada Familia y el estadio Camp Nou, entonces sede de los partidos como local del FC Barcelona. También se encontraron indicios de que algunos integrantes habían viajado a París para fotografiar lugares de interés, entre ellos la Torre Eiffel, y observar características de esos espacios.
La destrucción de la vivienda de Alcanar acabó con buena parte de los preparativos materiales. Los sobrevivientes, según las reconstrucciones posteriores, temían que la policía descubriera sus identidades y decidieron actuar antes de ser detenidos.
En lugar del atentado coordinado que habían proyectado, recurrieron a los recursos que tenían a su alcance. Así, la célula pasó de preparar una operación con explosivos a ejecutar ataques mediante vehículos y armas blancas.
El recorrido mortal por Las Ramblas
El 17 de agosto, Younes Abouyaaqoub condujo una furgoneta alquilada hasta el centro de Barcelona. Poco después de las cuatro y media de la tarde, ingresó en el paseo de Las Ramblas y avanzó a gran velocidad entre los peatones.
El vehículo zigzagueó por la zona peatonal con la intención de alcanzar a la mayor cantidad de personas posible. La escena provocó pánico y dejó numerosas víctimas en cuestión de minutos.
Tras abandonar la furgoneta, Abouyaaqoub escapó a pie y atravesó sectores de la ciudad intentando pasar inadvertido. Durante la huida llegó a la Zona Universitaria, donde encontró a Pau Pérez, un joven de Vilafranca del Penedès que estaba junto a su automóvil.
El terrorista lo apuñaló y utilizó el vehículo para alejarse de Barcelona. El cuerpo de la víctima fue encontrado posteriormente en el asiento trasero.
El automóvil fue localizado en Sant Just Desvern, aunque el atacante consiguió escapar nuevamente. Durante cuatro días permaneció prófugo, hasta que una vecina de Subirats, a unos 40 kilómetros de Barcelona, alertó a las autoridades tras verlo en las inmediaciones de su vivienda.
Los Mossos d’Esquadra localizaron al sospechoso en una zona rural. Abouyaaqoub murió abatido por los agentes después de aproximarse a ellos con un cinturón explosivo que resultó ser falso.
Cambrils: un segundo ataque durante la madrugada
La violencia continuó durante la madrugada del 18 de agosto. Cerca de la 1.25, un automóvil Audi A3 con cinco ocupantes embistió un vehículo policial en un control situado en el paseo marítimo de Cambrils, una localidad turística de la provincia de Tarragona.
Los ocupantes salieron del automóvil armados con cuchillos y un hacha. También llevaban cinturones explosivos falsos y atacaron a las personas que se encontraban en el lugar.
Una mujer de 42 años sufrió heridas de arma blanca y murió posteriormente en el hospital. Los cinco agresores fueron abatidos por las fuerzas de seguridad, después de que cuatro de ellos cayeran durante la intervención inicial y el restante falleciera a causa de sus heridas.
La rápida respuesta policial impidió que el episodio provocara un número mayor de víctimas en una zona que, por tratarse de una noche de verano, estaba concurrida.
Al contabilizar los ataques de Barcelona y Cambrils, el balance final fue de 16 personas asesinadas y alrededor de 140 heridas.
Jóvenes de Ripoll y la influencia del imán
Una de las cuestiones que más impactó a la sociedad española fue el origen de los integrantes de la célula. Muchos habían crecido en Ripoll, una localidad catalana de aproximadamente 10.000 habitantes, donde llevaban vidas aparentemente comunes: estudiaban, trabajaban en comercios, restaurantes y fábricas, y compartían actividades con otros jóvenes del pueblo.
La investigación situó a Abdelbaki Es Satty en el centro del proceso de radicalización. El imán había llegado a Ripoll en 2015 y comenzó a frecuentar la mezquita local. Con el tiempo, habría ejercido una influencia determinante sobre varios de los jóvenes que participaron en los atentados.
Familiares y conocidos expresaron posteriormente su desconcierto por la transformación de los muchachos. Algunos padres aseguraron que habían advertido cambios en sus creencias y comportamientos, aunque no imaginaron que pudieran terminar involucrados en una operación terrorista.
Es Satty ya había tenido problemas con la Justicia española: cumplió una condena por narcotráfico entre 2012 y 2014 en una prisión de Castellón. Durante ese período recibió visitas de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Guardia Civil.
En diciembre de 2024, el Gobierno español desclasificó documentos vinculados con esos contactos, tras un acuerdo político en el Congreso de los Diputados. El exdirector del CNI Félix Sanz Roldán compareció ante una comisión parlamentaria y afirmó que los encuentros habían estado relacionados con cuestiones de radicalización en mezquitas y centros penitenciarios.
Sanz Roldán rechazó que Es Satty hubiera sido confidente del organismo. No obstante, las circunstancias de esos contactos y las dudas sobre el seguimiento posterior del imán continuaron formando parte del debate público sobre la prevención de los atentados.
Las condenas por la trama terrorista
Los autores materiales de los ataques murieron durante los hechos o en los operativos policiales posteriores, por lo que no llegaron a ser juzgados. El proceso judicial se concentró en los integrantes de la célula que sobrevivieron y en quienes tuvieron participación en la preparación de la operación.
En mayo de 2021, la Audiencia Nacional dictó sentencia contra los principales acusados. Mohamed Houli Chemlal recibió una pena de 53 años y seis meses de prisión, mientras que Driss Oukabir fue condenado a 46 años. Un tercer acusado, Said Ben Iazza, recibió inicialmente una pena de ocho años por colaboración con organización terrorista.
El tribunal estableció límites al tiempo de cumplimiento efectivo de las condenas de Houli Chemlal y Oukabir. Además, ambos fueron obligados a afrontar indemnizaciones para las víctimas, los servicios de emergencia y los agentes que sufrieron lesiones o secuelas.
En 2023, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de los dos principales acusados y redujo la pena de Ben Iazza a 18 meses de prisión, al considerar que existían dudas razonables sobre cuánto conocía acerca del alcance de su colaboración.
Las pesquisas también contemplaron posibles conexiones fuera de España. Durante la investigación se analizaron contactos y pistas que llevaron a examinar vínculos en otros países europeos y fuera del continente.
Una tragedia que cambió la memoria de Barcelona
Los atentados del 17 de agosto de 2017 dejaron una huella profunda en Barcelona y en toda España. Las Ramblas, habitualmente asociadas al turismo, la convivencia y la vida urbana, quedaron marcadas por las imágenes de una furgoneta avanzando entre los peatones y por el despliegue de los servicios de emergencia.
La explosión de Alcanar permitió descubrir que el ataque podría haber tenido una escala aún mayor. La destrucción de la base donde se preparaban los explosivos alteró los planes de la célula, pero no impidió que sus integrantes llevaran adelante una serie de acciones que terminaron con 16 vidas y dejaron a decenas de familias enfrentadas a pérdidas irreparables.
Años después, las condenas judiciales y la desclasificación de documentos aportaron nuevos elementos para reconstruir lo sucedido. Sin embargo, el caso continúa siendo una referencia central en los debates sobre radicalización, inteligencia y prevención del terrorismo en Europa.


















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