Cerca de las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1986, unos 2.400 trabajadores ingresaron a la mina de oro Kinross, ubicada a unos 100 kilómetros al este de Johannesburgo, Sudáfrica. La jornada parecía transcurrir con normalidad hasta que, alrededor de las 8:45, un incendio se desató en una de las galerías subterráneas.
El siniestro comenzó durante trabajos de reparación en una tubería de agua, cuando una chispa alcanzó un cilindro de acetileno. El fuego se propagó rápidamente al entrar en contacto con tuberías plásticas, cables recubiertos y espuma de poliuretano colocada en las paredes para evitar filtraciones.
En pocos minutos, los materiales en combustión produjeron una densa nube de humo y gases venenosos que ingresó al sistema de ventilación. La contaminación se extendió por distintos sectores de la explotación minera y convirtió el aire en una amenaza mortal para los trabajadores que intentaban escapar.
Cuando finalizaron las tareas de rescate, 177 hombres habían perdido la vida y otros 235 habían resultado heridos. Más de dos mil mineros fueron evacuados de las zonas afectadas. La mayoría de los fallecidos eran trabajadores negros sudafricanos y migrantes provenientes de países como Lesotho, Mozambique y Malawi.
Una tragedia provocada por el humo y los gases
La investigación estableció que el incendio se originó en el nivel 15, a unos 1.600 metros de profundidad. Aunque las llamas iniciaron el desastre, la mayor parte de las muertes se produjo por la inhalación de gases tóxicos.
Los equipos de emergencia descendieron con aparatos de respiración para buscar sobrevivientes. Sin embargo, la contaminación era tan intensa que algunos rescatistas también resultaron afectados. El último minero encontrado con vida fue localizado casi doce horas después del inicio del fuego, protegido por una bolsa de oxígeno.
Durante la noche, las ambulancias trasladaron continuamente a los heridos y los cuerpos recuperados. En los momentos más dramáticos, una unidad salía hacia la morgue aproximadamente cada tres minutos.
También se conoció que la mina había perdido el año anterior su máxima calificación de seguridad y había descendido a tres estrellas debido a deficiencias en su infraestructura. La compañía aseguró que había solicitado una espuma resistente al fuego, pero que recibió otro producto y que sus responsables desconocían el riesgo.
Los sindicatos rechazaron que el episodio fuera considerado únicamente un accidente durante una reparación. Para el Sindicato Nacional de Mineros, era necesario revisar las decisiones empresariales y las condiciones de seguridad a las que estaban expuestos los trabajadores.
El proceso judicial llevó a siete empleados ante la Justicia. Seis supervisores fueron absueltos, mientras que un soldador se declaró culpable de dos infracciones a las normas mineras y recibió una multa.
El desastre en plena vigencia del apartheid
De las 177 víctimas, 172 eran trabajadores negros y cinco eran blancos. La composición de los fallecidos reflejó el sistema de migración laboral sobre el que se había sostenido gran parte de la minería sudafricana durante el apartheid.
En ese contexto, las grandes compañías dependían de una numerosa fuerza laboral negra, mientras que los cargos de supervisión y dirección estaban ocupados mayoritariamente por hombres blancos. Cyril Ramaphosa, entonces secretario general del Sindicato Nacional de Mineros, denunció las condiciones de seguridad y sostuvo que el desastre demostraba que el país había regresado a una etapa oscura de su historia minera.
Según estimaciones del Grupo de Monitoreo Laboral, alrededor de 325.000 mineros participaron de la huelga, aunque las empresas calcularon una cifra cercana a 250.000. La movilización convirtió a Kinross en un símbolo de las deficientes condiciones laborales y de la escasa participación de los trabajadores en las decisiones vinculadas con la seguridad.
El impacto del desastre no terminó con el entierro de las víctimas. En noviembre de 1988, las autoridades mineras prohibieron el uso de espumas de poliuretano expandido en explotaciones subterráneas, salvo en situaciones excepcionales y bajo autorización. La medida comenzó a regir en enero de 1989 y fue acompañada por la incorporación de equipos de autorescate.
Años más tarde, la Comisión Leon, creada para investigar la seguridad y la salud en la industria minera sudafricana, cuestionó el modelo de autorregulación que había predominado durante décadas. El organismo también señaló que los riesgos vinculados con el poliuretano ya eran conocidos antes de la tragedia.
En 1996, después del fin del apartheid, Sudáfrica aprobó la Ley de Salud y Seguridad Minera, que reforzó las obligaciones de las empresas y los derechos de los trabajadores en materia de prevención y protección.
Kinross quedó así como uno de los peores accidentes de la minería de oro sudafricana y como un antecedente de los cambios que, con el tiempo, modificaron las normas de seguridad en las explotaciones subterráneas.


















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