Mucho antes de convertirse en uno de los edificios históricos más emblemáticos de la Argentina, el Cabildo de Buenos Aires albergó una cárcel en la que cientos de hombres permanecían detenidos en condiciones precarias. Sus celdas húmedas, la escasez de comida y el deterioro de las instalaciones formaron parte de una realidad que se extendió durante generaciones.

El establecimiento funcionaba como un lugar de detención transitoria para personas acusadas de distintos delitos, aunque también podían terminar allí quienes acumulaban deudas, protagonizaban conflictos familiares o eran encerrados por decisión de las autoridades de la época.

La historia de aquella prisión estuvo atravesada por castigos severos, ejecuciones públicas y reiterados intentos de fuga. Su etapa final llegó en 1877, cuando los internos fueron trasladados a la flamante Penitenciaría Nacional, construida en terrenos que hoy forman parte del Parque Las Heras, en la Ciudad de Buenos Aires.

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De las dependencias del Fuerte a las celdas del Cabildo

Antes de que el Cabildo se convirtiera en sede de gobierno y administración colonial, los detenidos eran alojados en distintas dependencias del Fuerte de Buenos Aires, ubicado en el área donde actualmente se encuentra la Casa Rosada.

La falta de instalaciones específicas llevó incluso a utilizar habitaciones de funcionarios como lugares de encierro. Con la puesta en funcionamiento del Cabildo, algunas oficinas fueron destinadas a alojar presos.

En 1682 se propuso ampliar el edificio con una estructura de dos plantas que incluyera espacios diferenciados para hombres, mujeres y detenidos con privilegios. Sin embargo, aquel proyecto no llegó a concretarse.

A comienzos del siglo XVIII, cuando se avanzó con la construcción de un edificio de planta baja y primer piso, la cárcel continuó formando parte del complejo. Era conocida como Cárcel Real o Cárcel Pública y permaneció activa durante buena parte del período colonial y las primeras décadas posteriores a la Revolución de Mayo.

Quiénes podían terminar detenidos en aquella época

Las causas que llevaban a una persona a la cárcel eran muy diversas. Entre los detenidos había hombres acusados de robo, homicidio y otros delitos, pero también deudores y personas arrestadas por conflictos que hoy no justificarían una privación de la libertad.

En algunos casos, los padres solicitaban que sus hijos fueran encerrados por desobediencia. También se registraban situaciones en las que los propietarios de personas esclavizadas exigían su detención como castigo.

La situación de las mujeres tenía características particulares. Durante un período también fueron alojadas en el Cabildo, hasta que el virrey Juan José de Vértiz impulsó la creación de una Casa de Corrección en la zona de las actuales calles Humberto Primo y Defensa.

Allí eran confinadas mujeres por motivos vinculados con las normas sociales de la época, entre ellas la desobediencia a padres o maridos. También eran encerradas mujeres esclavizadas que habían escapado de sus amos.

Las condiciones de reclusión eran severas y las internas podían quedar expuestas a maltratos y abusos. La disciplina religiosa y la realización de tareas manuales formaban parte del régimen de aquella institución.

Los verdugos y las ejecuciones frente al Cabildo

La cárcel del Cabildo no era el lugar donde necesariamente se cumplían todas las condenas. En función de la sentencia, los detenidos podían ser destinados a presidios, trabajos forzados, castigos físicos, destierro o pena de muerte.

Las ejecuciones públicas constituían uno de los aspectos más sombríos de la justicia de aquellos tiempos. En algunos casos, los condenados eran ajusticiados frente al propio Cabildo, ante la mirada de los vecinos.

Entre los verdugos que aparecen en los registros históricos figuran Diego de Ribero, quien habría comenzado a desempeñar esa función en 1611, y otros ejecutores que lo sucedieron. A partir de 1772, nombres como el Negro Félix y el portugués José Acosta quedaron vinculados con el uso del garrote vil, un mecanismo empleado para ejecutar condenados mediante la compresión del cuello.

Otro personaje de esa historia fue Bonifacio Calixto, uno de los últimos verdugos mencionados en los registros. Además de cumplir esa función, trabajaba como pregonero y se quejaba por el bajo salario que recibía. También protagonizó un conflicto relacionado con su intención de casarse con Tomasa, una mujer esclavizada cuyo propietario se oponía a la unión.

Calixto participó en las ejecuciones de condenados vinculados con el Motín de las Trenzas, ocurrido en diciembre de 1811, y con la conspiración conocida como el Motín de Álzaga, en 1812.

Hacinamiento, hambre y presos que pedían limosna

Las condiciones materiales de la cárcel eran deficientes. Hasta alrededor de 1770, parte de sus paredes eran de adobe, una característica que facilitaba el deterioro y contribuía a que las fugas fueran frecuentes. Posteriormente se incorporaron muros de ladrillo.

La falta de alimentos también representaba un problema cotidiano. Algunas crónicas de fines del siglo XVIII mencionaban que los propios presos criaban cerdos y carneros para conseguir comida.

La práctica fue prohibida en 1823, durante el gobierno de Martín Rodríguez, cuando los cabildos ya habían sido suprimidos y sus funciones habían pasado a otras instituciones.

En determinados casos, personas que habían sido encarceladas por faltas menores permanecían detenidas durante meses y enviaban solicitudes de clemencia a las autoridades. Algunas de esas peticiones eran aceptadas, mientras que otros detenidos quedaban atrapados en un sistema de justicia caracterizado por su arbitrariedad.

La construcción de una penitenciaría considerada moderna

Con el paso del tiempo, las autoridades comenzaron a impulsar un establecimiento que reemplazara las antiguas instalaciones del Cabildo. Durante la gobernación de Emilio Castro se organizó un concurso para construir una cárcel que respondiera a nuevos criterios arquitectónicos y de organización penitenciaria.

El proyecto quedó asociado a Ernesto Bunge, considerado uno de los primeros arquitectos graduados de la Universidad de Buenos Aires, y al ingeniero Valentín Balbín. La obra demandó una inversión de aproximadamente dos millones de pesos oro.

La Penitenciaría Nacional fue diseñada con una distribución radial y siete pabellones, cada uno con 120 celdas según la descripción histórica. El establecimiento tenía una capacidad prevista para 704 internos y estaba rodeado por muros de unos ocho metros de altura.

El acceso principal se encontraba sobre la calle Chavango, denominación que fue reemplazada en 1884 por el nombre de avenida Las Heras.

El primer director fue Enrique O’Gorman, hermano de Camila O’Gorman, ejecutada junto al sacerdote Ladislao Gutiérrez en 1848. Antes de asumir la conducción de la penitenciaría, O’Gorman había ocupado distintos cargos públicos y se había desempeñado como jefe de Policía.

El traslado de 1877 y el supuesto plan de fuga

El lunes 28 de mayo de 1877 llegó el momento de abandonar la antigua cárcel del Cabildo. El traslado se organizó de manera discreta y por grupos, con el objetivo de llevar a los detenidos hasta el nuevo establecimiento penitenciario.

Según la versión recogida por las crónicas, algunos presos habrían pensado aprovechar el recorrido para escapar. El plan consistía en esperar a encontrarse en la vía pública, eludir a los guardias y correr en distintas direcciones.

Sin embargo, las autoridades habían dispuesto un operativo de seguridad para evitar cualquier intento de evasión. Los detenidos fueron engrillados de a dos y trasladados bajo vigilancia de la Guardia Provincial.

De esa manera, alrededor de 300 hombres recorrieron los casi siete kilómetros que separaban el Cabildo de la nueva penitenciaría. La supuesta fuga nunca llegó a concretarse.

El cambio también implicó una modificación profunda en el régimen de encierro. Los internos pasaron a ocupar celdas individuales, eran identificados mediante números y debían cumplir normas estrictas de aislamiento y disciplina. El sistema contemplaba además la realización de trabajos en talleres dentro del penal.

Una prisión que desapareció y dejó paso a un parque

La Penitenciaría Nacional se mantuvo en funcionamiento durante décadas, pero su ubicación comenzó a generar conflictos a medida que Buenos Aires se expandía. Lo que en 1877 era una zona periférica, rodeada en gran parte por terrenos abiertos y calles de tierra, terminó incorporándose al crecimiento urbano.

Los vecinos denunciaban los ruidos, los gritos nocturnos y otros inconvenientes asociados al funcionamiento del establecimiento. Con el tiempo, aumentaron los reclamos para que fuera trasladado.

La demolición comenzó el 6 de septiembre de 1961. En el predio donde se levantaban los pabellones y los muros de la cárcel se desarrolló posteriormente el actual Parque Las Heras, uno de los espacios verdes de ese sector de la ciudad.

Así concluyó la historia de una institución que había recibido a los presos trasladados desde el Cabildo y que, durante décadas, formó parte de la vida cotidiana de Buenos Aires.

Detrás del parque que hoy disfrutan vecinos y visitantes permanece una historia de encierro, castigos y transformaciones urbanas. La antigua cárcel del Cabildo, con sus condiciones miserables y sus intentos frustrados de fuga, constituye un testimonio de cómo evolucionaron la justicia y las instituciones penitenciarias en la Argentina.