El 29 de junio de 1987, a pocos días del aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, la familia del expresidente descubrió que su bóveda en el cementerio de la Chacarita había sido profanada.

Perón había muerto el 1 de julio de 1974 y sus restos permanecían en la bóveda familiar. Trece años después, alguien había conseguido ingresar al lugar, abrir el féretro y manipular el cuerpo embalsamado.

Cuando los investigadores revisaron los restos, encontraron una escena estremecedora: las dos manos de Perón habían sido amputadas y habían desaparecido.

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También faltaban objetos que habían sido colocados junto al cuerpo, entre ellos su sable y otros elementos personales. Una carta escrita por su viuda, María Estela Martínez de Perón, también había sido sustraída.

Lo ocurrido generó una enorme conmoción política y social.

No se trataba simplemente del robo de objetos de una tumba: alguien había realizado una operación cuidadosamente preparada para llegar hasta el cadáver de uno de los hombres más importantes de la historia argentina.

La carta que convirtió el caso en un enigma

Pocos días después apareció una de las pistas más extrañas de toda la investigación.

Distintos dirigentes del Partido Justicialista recibieron cartas anónimas en las que los autores aseguraban tener las manos de Perón y exigían 8 millones de dólares a cambio de devolverlas.

Los mensajes incluían fragmentos de un texto que había sido colocado junto al cuerpo del expresidente.

El contenido parecía demostrar que quienes habían enviado las cartas tenían información muy precisa sobre lo que había dentro de la bóveda.

La pregunta apareció inmediatamente:

¿Quién podía haber organizado semejante operación?

Una bóveda difícil de vulnerar

La investigación permitió establecer que el robo no parecía haber sido obra de simples ladrones.

La bóveda contaba con importantes medidas de seguridad y el acceso al féretro requería superar diferentes obstáculos.

Según reconstrucciones periodísticas, los responsables tuvieron que trabajar con herramientas y conocer detalles específicos del lugar. Incluso surgió una de las pistas más llamativas de la causa: la utilización de llaves vinculadas al sistema de seguridad de la bóveda.

Años después, en 1994, apareció en una comisaría un juego de llaves relacionado con el sistema de acceso al mausoleo. El hallazgo llevó al juez Alberto Baños a reactivar la investigación.

La posibilidad de que los autores hubieran contado con información privilegiada comenzó a ganar fuerza.

¿Dinero, esoterismo o una operación política?

Con el paso de los años surgieron numerosas teorías sobre el motivo del robo.

Una de las primeras hipótesis sostenía que podía tratarse de una operación destinada a obtener dinero mediante la extorsión.

También apareció una teoría particularmente llamativa: que las manos de Perón podían contener algún tipo de información relacionada con un supuesto tesoro o una cuenta bancaria en Suiza.

Otras versiones hablaron de rituales esotéricos o de una supuesta venganza.

Sin embargo, con el avance de la investigación cobró fuerza otra posibilidad: que la profanación hubiera tenido un objetivo político.

En 2004, LA NACION informó que investigadores vinculaban el hecho con agentes de inteligencia de una fuerza militar y consideraban que el móvil podía ser político.

Décadas después, esa línea de investigación continuaba apareciendo entre las principales hipótesis.

Las muertes que alimentaron el misterio

El caso se volvió todavía más oscuro debido a una serie de episodios que afectaron a personas vinculadas con la investigación.

El primer juez de la causa, Jaime Far Suau, murió en 1988 en un accidente automovilístico mientras viajaba hacia el sur del país.

Su muerte alimentó sospechas y teorías, aunque nunca se pudo establecer judicialmente que hubiera sido víctima de un atentado.

También murió Juan Ángel Pirker, entonces jefe de la Policía Federal, quien estaba relacionado con las averiguaciones del caso.

Otro episodio involucró al comisario Carlos Zunino, uno de los investigadores, quien sufrió un violento ataque en su domicilio.

Además, un sereno del cementerio identificado como Luis Paulino Lavagna murió en circunstancias que posteriormente fueron objeto de investigación judicial.

La sucesión de estos hechos contribuyó a construir alrededor del caso una atmósfera de misterio y sospechas.

Sin embargo, es importante distinguir entre los hechos comprobados y las hipótesis que nunca pudieron demostrarse judicialmente.

El expediente también fue robado

La historia tuvo otro episodio extraordinario.

En 2007, un grupo de desconocidos ingresó a la casa del juez Alberto Baños y sustrajo documentación relacionada con la investigación.

Lo llamativo fue que, según informó LA NACION, no se llevaron objetos de valor, sino documentación vinculada con el expediente y una computadora.

El episodio fue interpretado por el propio magistrado como una posible operación de inteligencia.

El expediente pudo ser posteriormente reconstruido a partir de copias y documentación que permanecía en poder de los investigadores.

Pero el robo volvió a generar una pregunta inquietante:

¿Por qué alguien arriesgaría tanto para impedir que una investigación sobre un crimen ocurrido veinte años antes avanzara?

Una investigación que nunca llegó a una condena

Con el paso del tiempo, los investigadores lograron reunir nombres, testimonios y diferentes pistas.

En investigaciones posteriores se llegó incluso a identificar a presuntos integrantes del grupo operativo que habría participado en la profanación. Sin embargo, la falta de pruebas suficientes impidió llevar esas sospechas a una condena.

Según reconstrucciones publicadas en los últimos años, la hipótesis de una participación de organismos de inteligencia cobró peso dentro de la causa.

Pero todavía queda una pregunta fundamental sin respuesta:

¿Quién dio la orden?

Y otra todavía más difícil:

¿Dónde están las manos de Juan Domingo Perón?

Cuatro décadas sin respuestas

El tiempo no logró cerrar el expediente.

Las manos nunca fueron recuperadas.

Tampoco se identificó judicialmente a los responsables de ordenar y ejecutar la profanación.

La investigación llegó a manejar una lista de sospechosos y distintas líneas relacionadas con organismos de inteligencia, pero el paso de las décadas y la muerte de algunas personas vinculadas al caso dificultaron todavía más la posibilidad de llegar a la verdad.

En 2008, incluso después del robo de parte del expediente, el juez Baños consiguió reconstruir la documentación y la causa continuó abierta.

El misterio de las manos perdidas

El robo de las manos de Perón se convirtió en uno de los episodios más extraños de la historia argentina contemporánea.

Un grupo logró ingresar a una bóveda vigilada, abrir el féretro de un expresidente, mutilar su cadáver y llevarse sus manos.

Después apareció una demanda de 8 millones de dólares, seguida por investigaciones que apuntaron en diferentes direcciones.

Surgieron teorías sobre dinero, venganzas, cuestiones esotéricas y operaciones políticas. Aparecieron llaves, documentos, pistas falsas y sospechas relacionadas con los servicios de inteligencia.

También murieron personas vinculadas de distintas maneras con la investigación, aunque no existe una conclusión judicial que permita afirmar que esas muertes hayan sido consecuencia del caso.

Lo único seguro es que, desde aquella madrugada de junio de 1987, las manos de Juan Domingo Perón desaparecieron y nunca volvieron a ser encontradas.

Casi cuatro décadas después, el expediente continúa siendo uno de los grandes enigmas criminales de la Argentina. El misterio no está solamente en saber quién profanó la tumba de uno de los líderes políticos más importantes del país.

Está también en descubrir por qué alguien necesitó llevarse precisamente sus manos y qué ocurrió con ellas después.

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