El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un proyecto de reforma integral de la Justicia Federal, que contempla cambios en la cantidad y distribución de tribunales, la eliminación de algunos juzgados y la creación de nuevas estructuras.
La iniciativa está bajo revisión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien trabaja sobre los últimos detalles antes de definir su eventual envío al Congreso.
El eje del proyecto será la modificación de la Ley de Organización de la Justicia Federal, con el objetivo de reorganizar el funcionamiento de los tribunales, reducir la cantidad de expedientes pendientes y disminuir el uso de subrogancias.
Uno de los principales puntos que analiza el Gobierno está relacionado con los tribunales federales de Comodoro Py.
Actualmente existen 12 juzgados federales de primera instancia y la propuesta contempla reducir ese número a ocho.
También se estudia modificar la integración de la Cámara Federal de Casación Penal, que actualmente cuenta con 13 integrantes y podría quedar conformada por nueve.
Sin embargo, la reforma no apunta únicamente a eliminar cargos. Según fuentes vinculadas al proyecto, también está prevista la creación de nuevos juzgados y estructuras judiciales, aunque todavía no se definió cuáles serán ni cómo quedará conformado el nuevo esquema.
Otro de los objetivos centrales es disminuir la cantidad de cargos que actualmente permanecen sin cubrir dentro de la Justicia Federal.
Durante 2026, el Poder Ejecutivo ya remitió 203 pliegos al Senado, correspondientes a 144 jueces, 26 fiscales, 25 defensores y cuatro listas de conjueces.
Hasta el momento, fueron designados 96 funcionarios, mientras que otros 85 candidatos continúan a la espera del acuerdo parlamentario.
La administración de Javier Milei pretende alcanzar alrededor de 300 postulaciones antes de fin de año y reducir la vacancia judicial, que inicialmente se ubicaba en torno al 35%, hasta aproximadamente el 27%.
En ese contexto, la reorganización de tribunales y cargos es presentada como una herramienta para reducir puestos vacantes y mejorar la distribución de los recursos.
El proyecto también contempla modificar la manera en que se distribuyen las causas y reorganizar el funcionamiento interno de los tribunales.
La intención es reducir la cantidad de expedientes que permanecen en trámite y limitar el recurso de los jueces subrogantes, utilizados para cubrir temporalmente cargos que se encuentran vacantes.
Además, el Ministerio de Justicia analiza la posibilidad de transferir a las provincias los fondos que queden disponibles como consecuencia de la reducción de determinados cargos.
Otro de los objetivos que continúa en la agenda oficial es el traspaso de la Justicia Nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una discusión que lleva décadas sin una resolución definitiva.
Uno de los aspectos que genera especial atención dentro del proyecto es la situación de los juzgados con competencia electoral.
La cuestión adquiere relevancia debido a que 2027 será un año de elecciones presidenciales y estos tribunales cumplen funciones fundamentales durante los procesos electorales.
Entre otras tareas, intervienen en la oficialización de listas, el reconocimiento de partidos políticos, las personerías partidarias y distintos aspectos vinculados con el calendario electoral.
Por ese motivo, el Ejecutivo analiza con especial cautela cualquier modificación que pueda afectar su estructura.
La reorganización de la Justicia Federal avanza mientras el Gobierno mantiene en revisión otra de sus principales iniciativas: el nuevo Código Penal.
El proyecto original fue elaborado por un equipo de especialistas encabezado por el abogado y doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre y contaba inicialmente con 912 artículos.
La propuesta había sido impulsada durante la gestión del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, pero quedó bajo revisión luego de la llegada de Mahiques.
El actual ministro propuso avanzar sobre el Código vigente con una modificación más acotada. Sin embargo, dentro del oficialismo también existen sectores que impulsan una reforma de mayor alcance.
Actualmente se trabaja sobre un texto de aproximadamente 300 artículos, aunque algunas posiciones buscan ampliar su contenido hasta unos 500.
De esta manera, el Gobierno mantiene en preparación dos iniciativas de fuerte impacto sobre el sistema judicial: una reforma de la estructura de la Justicia Federal y una modificación del Código Penal.
Mientras el nuevo Código Penal continúa atravesado por diferencias internas, la reforma de la organización judicial aparece como la iniciativa más avanzada y permanece bajo análisis del Ministerio de Justicia. El próximo paso será definir el texto definitivo y buscar el respaldo político necesario para avanzar en el Congreso.


















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