Entre los episodios más controvertidos de la historia de la Revolución cubana se encuentra la creación de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), un sistema de internamiento que funcionó entre 1965 y 1968 y que afectó especialmente a hombres homosexuales, además de otros grupos considerados incompatibles con los valores del nuevo Estado.

Estas instalaciones estaban ubicadas principalmente en zonas rurales de la entonces provincia de Camagüey, donde los internos eran obligados a realizar tareas agrícolas en condiciones restrictivas. Aunque oficialmente se presentaban como una alternativa al servicio militar convencional, las UMAP también fueron utilizadas como instrumento de control social y persecución ideológica.

Las personas recluidas podían ser enviadas allí sin un proceso judicial previo ni una condena por un delito concreto. La orientación sexual, las creencias religiosas y las posturas políticas figuraban entre los factores que podían convertir a alguien en blanco de las autoridades.

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El comienzo de la persecución contra los homosexuales

Las medidas represivas contra la comunidad homosexual habían comenzado antes de la apertura de las UMAP. En 1961, se realizaron redadas en La Habana contra personas señaladas por las autoridades como homosexuales, prostitutas y proxenetas.

La hostilidad se profundizó durante los primeros años del gobierno de Fidel Castro, en un contexto en el que el modelo oficial del ciudadano revolucionario estaba asociado a determinadas pautas de comportamiento social y moral.

En un discurso pronunciado en marzo de 1963, Castro expresó una postura que vinculaba la homosexualidad con conductas incompatibles con el ideal revolucionario promovido por el Estado. Ese clima ideológico contribuyó a justificar medidas de exclusión y vigilancia sobre quienes no encajaban en los parámetros establecidos por el régimen.

Qué eran las UMAP y quiénes eran enviados

Las Unidades Militares de Ayuda a la Producción comenzaron a funcionar en 1965. En lugar de incorporarse al servicio militar tradicional, los seleccionados eran destinados a campamentos rurales donde debían cumplir jornadas de trabajo agrícola, especialmente vinculadas con la producción azucarera.

Entre los grupos afectados se encontraban hombres homosexuales, integrantes de comunidades religiosas —como testigos de Jehová y católicos practicantes—, jóvenes sin empleo o estudios y personas consideradas políticamente poco confiables.

El internamiento se apoyaba en la figura de la “peligrosidad social”, una categoría legal que permitía actuar contra personas consideradas propensas a infringir las normas sociales, incluso sin que hubieran cometido un delito específico.

Las jornadas de trabajo podían extenderse durante muchas horas y los internos quedaban sometidos a una disciplina estricta. El funcionamiento de estos centros se convirtió, con el paso del tiempo, en uno de los aspectos más cuestionados de la política social aplicada por el gobierno cubano.

Trabajo forzado y programas de reeducación

La actividad agrícola no era la única obligación dentro de las UMAP. Los internos también podían ser sometidos a sesiones de adoctrinamiento político y a prácticas destinadas a modificar comportamientos considerados contrarios a la moral oficial.

Documentos internos elaborados entre 1966 y 1968, difundidos públicamente décadas después, revelaron que las autoridades estudiaron clasificar a los homosexuales de acuerdo con sus posiciones políticas y sus intenciones de permanecer en Cuba o emigrar.

En esos registros también aparecieron propuestas para establecer centros de reeducación destinados a corregir conductas consideradas “antisociales”. Algunos proyectos contemplaban la derivación de personas a instituciones especializadas y la creación de mecanismos similares para menores de edad.

Estos documentos aportaron nuevas evidencias sobre la dimensión institucional de la persecución y mostraron que no se trataba únicamente de abusos aislados, sino de políticas que incluían criterios de clasificación y planes de intervención sobre la vida de los afectados.

El cierre de los campos en 1968

Las denuncias sobre las condiciones de internamiento, junto con las críticas de intelectuales y sectores culturales cubanos y la presión internacional, contribuyeron al cuestionamiento del sistema.

Las UMAP comenzaron a cerrarse en 1968, aunque el final de los campamentos no significó una eliminación inmediata de la discriminación contra las personas homosexuales en Cuba.

Durante años, el episodio permaneció como uno de los capítulos más sensibles de la historia revolucionaria. Los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones posteriores permitieron reconstruir las experiencias de quienes fueron enviados a esos establecimientos.

Fidel Castro reconoció su responsabilidad décadas después

En 2010, más de cuatro décadas después del cierre de las UMAP, Fidel Castro se refirió públicamente a la persecución contra los homosexuales y asumió responsabilidad por lo ocurrido.

En una entrevista con el diario mexicano La Jornada, el entonces líder histórico de la Revolución cubana afirmó: “Si alguien es responsable, soy yo”. También explicó que, durante aquellos años, había concentrado su atención en otras cuestiones de gobierno y en la crisis internacional de 1962.

La declaración constituyó uno de los reconocimientos más relevantes sobre la responsabilidad de la dirigencia cubana en aquellos hechos.

Las UMAP permanecen como un símbolo de la persecución estatal por orientación sexual, creencias religiosas y diferencias ideológicas. Su historia expone las contradicciones entre los ideales de igualdad proclamados por la Revolución y las prácticas represivas que marcaron la vida de miles de personas durante sus primeros años.