Uber enfrenta un nuevo y duradero revés judicial en Europa, luego de que la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos (AP) le impusiera una multa económica colosal valorada en 825 millones de euros (cerca de un billón y medio de pesos argentinos). La sanción recae sobre la compañía por haber tomado decisiones laborales críticas sobre sus conductores mediante mecanismos completamente automatizados.

Las investigaciones destaparon que el software de la empresa procedía a bloquear temporalmente las cuentas de los choferes ante alertas de fraude o reseñas negativas de los usuarios, llegando a desactivarlas de forma permanente cuando estas calificaciones desfavorables persistían en el tiempo sin la supervisión directa de un operador humano.

Infracción al reglamento europeo de datos

Desde el organismo regulador neerlandés sostuvieron firmemente que la corporación estadounidense quebrantó de manera directa la prohibición de ejecutar decisiones puramente automatizadas según lo estipula el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Asimismo, la auditoría expuso que la plataforma omitió notificar de forma transparente a sus conductores sobre la utilización de estos algoritmos de control.

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Los informes periciales detallaron que el seguimiento informático del comportamiento y las valoraciones de los choferes se instrumentó de forma continua entre los años 2018 y 2022, provocando que miles de trabajadores quedaran inhabilitados para operar sin un previo filtro o revisión humana que avalara la medida disciplinaria.

La respuesta de la compañía y antecedentes

Frente a la contundencia de la sanción, portavoces oficiales de la firma tecnológica manifestaron un rotundo desacuerdo con la medida impuesta por las autoridades de los Países Bajos, adelantando que presentarán los recursos de apelación correspondientes al considerarla una penalización completamente desproporcionada. Desde la empresa remarcaron que el organismo evaluó políticas de etapas anteriores que ya fueron modificadas, reafirmando el compromiso corporativo con la revisión justa y la seguridad de las fuentes de ingresos de sus choferes.

Las indagaciones iniciales que motivaron este proceso nacieron formalmente a raíz de una demanda colectiva impulsada por 171 conductores franceses ante la Liga de Derechos Humanos. Esta nueva multa millonaria se suma a un historial acumulado de sanciones previas impuestas a la firma en territorio neerlandés, que incluyeron penalizaciones por 600.000 euros en 2018, 10 millones en 2023 y unos considerables 290 millones de euros en 2024.