La historia de la pena de muerte en Estados Unidos guarda un episodio que todavía genera controversia. El 14 de agosto de 1936, la ciudad de Owensboro, en el estado de Kentucky, fue escenario de la última ejecución pública del país, un acontecimiento que reunió a miles de curiosos y terminó convirtiéndose en un símbolo de los excesos que puede provocar la justicia cuando se transforma en espectáculo.
El protagonista fue Rainey Bethea, un joven afroamericano condenado por la violación y el asesinato de Lischia Edwards, una viuda de 70 años. Sin embargo, aquella mañana no solo quedó marcada por el cumplimiento de una sentencia judicial, sino también por las circunstancias que rodearon el ahorcamiento y la reacción de quienes acudieron a presenciarlo.
Casi nueve décadas después, el caso volvió a cobrar relevancia ante el anuncio de que el Departamento de Defensa estadounidense transmitiría por internet la ejecución de Nidal Hasan, condenado por la masacre de Fort Hood de 2009. La propuesta reavivó las discusiones sobre los límites de la pena capital y la posibilidad de convertir una ejecución en un acontecimiento de acceso masivo.
Un crimen que conmocionó a Kentucky
Rainey Bethea era un trabajador rural de poco más de 20 años, nacido en Roanoke, Virginia. En junio de 1936 fue acusado de ingresar en la vivienda de Lischia Edwards, agredirla sexualmente, estrangularla y robarle algunas joyas.
Un anillo vinculado con su condición de prisionero quedó en la escena del crimen y contribuyó a identificarlo. El proceso judicial avanzó con una rapidez extraordinaria: el jurado necesitó apenas cuatro minutos y medio para alcanzar un veredicto condenatorio, según las crónicas citadas en las reconstrucciones históricas del caso.
Bethea recibió una sentencia de muerte en la horca. La fecha de la ejecución fue establecida por el gobernador de Kentucky, Albert B. Chandler, conocido popularmente como “Happy”.
No obstante, el caso adquirió una dimensión nacional por un detalle que despertó la curiosidad de los medios de comunicación: la responsable de ejecutar la sentencia era una mujer.
Florence Thompson, la sheriff que se negó a accionar la palanca
Florence Thompson había asumido como sheriff del condado de Daviess después de que su esposo falleciera repentinamente a causa de una neumonía. Llevaba apenas unos meses en el cargo cuando debió afrontar una de las responsabilidades más difíciles de su función.
La legislación le asignaba la responsabilidad de llevar adelante la ejecución de Bethea. La noticia de que una mujer ocuparía ese lugar atrajo a periodistas de distintos puntos del país, que llegaron a Owensboro para cubrir el acontecimiento.
Sin embargo, Thompson finalmente decidió no accionar el mecanismo de la horca. En su lugar, intervino Arthur Hash, un expolicía de Louisville que se ofreció a realizar la tarea sin cobrar y pidió que su identidad permaneciera en secreto.
La jornada terminó rodeada de circunstancias que profundizaron la polémica. Según los relatos periodísticos, Hash se presentó en estado de ebriedad, vestido de blanco, y fue quien accionó el mecanismo que provocó la muerte del condenado.
Una multitud convirtió la ejecución en un espectáculo
La mañana del 14 de agosto, una enorme concurrencia se reunió en las inmediaciones del lugar elegido para el ahorcamiento, cerca del río Ohio. Las estimaciones de la época situaron la asistencia en alrededor de 20.000 personas.
La ejecución estaba prevista para las primeras horas del día. Durante la noche anterior, Bethea había recibido una última comida que, de acuerdo con las crónicas, incluyó pollo frito, costillas de cerdo, puré de papas, pepinos en escabeche, pan de maíz, tarta de limón y helado.
A las 5.32 de la mañana, el condenado cayó por la trampilla de la horca. Los médicos certificaron su muerte trece minutos más tarde.
Pero el episodio no terminó allí. Los testimonios de la época describieron una multitud que, lejos de guardar silencio ante la muerte de un hombre, convirtió el acontecimiento en una suerte de celebración. Los bares de la ciudad permanecieron concurridos y numerosos visitantes continuaron festejando durante la noche.
Los periódicos nacionales reflejaron la magnitud del fenómeno con titulares que comparaban la ejecución con un carnaval o un día festivo. La llegada masiva de espectadores también tuvo consecuencias fuera del lugar del ahorcamiento: un hombre de 36 años murió en un accidente de tránsito mientras viajaba a Owensboro para presenciarlo.
La escena dejó una imagen difícil de conciliar con la solemnidad que se esperaba de un acto de justicia. Para muchos críticos, el caso demostró que una ejecución pública podía convertirse en una atracción multitudinaria, sin contribuir necesariamente a la prevención del delito ni al respeto por las víctimas.
Una decisión que persiguió a la sheriff durante años
Florence Thompson tampoco pudo desprenderse fácilmente de lo ocurrido. Antes de la ejecución, había expresado su preocupación por la experiencia que debía afrontar y por las consecuencias personales que podía dejarle.
Décadas después, su hijo James recordó que aquella jornada continuó pesando sobre ella hasta su muerte, en 1961.
El episodio también quedó asociado con la memoria de los espectadores. Sonya Lea, escritora cuyos abuelos presenciaron el ahorcamiento cuando eran adolescentes recién casados, investigó durante años las consecuencias que el acontecimiento dejó en la comunidad.
Según relató, sus abuelos estuvieron tan cerca de la horca que pudieron escuchar el sonido del cuello de Bethea al quebrarse. Lea descubrió el testimonio escrito de su abuela en 2002 y, a partir de ese hallazgo, profundizó en una historia que todavía provocaba angustia entre algunos habitantes de Kentucky.
La escritora llegó a describir el acontecimiento como un “linchamiento legal”, una expresión que refleja la controversia sobre la violencia estatal y el carácter multitudinario de aquella ejecución.
El final de las ejecuciones públicas
El ahorcamiento de Bethea quedó registrado como la última ejecución pública realizada en Estados Unidos. Kentucky avanzó posteriormente hacia la prohibición de este tipo de prácticas, en un proceso que culminó con el abandono de las ejecuciones ante grandes audiencias.
En 1937 se realizó en Missouri otro ahorcamiento ante una concurrencia limitada, pero el episodio no alcanzó la repercusión del caso de Owensboro. Desde entonces, las ejecuciones estadounidenses quedaron restringidas a ámbitos controlados y sin acceso general para el público.
Michael Radelet, especialista en pena de muerte y profesor emérito de la Universidad de Colorado Boulder, explicó que el abandono de las ejecuciones públicas respondió, entre otros motivos, a las dudas sobre su capacidad disuasoria y al temor de que escenas caóticas o fallidas generaran rechazo hacia la pena capital.
La conclusión de aquel proceso fue que la ejecución de una sentencia no debía convertirse en una representación destinada al entretenimiento de una multitud.
De Timothy McVeigh a la polémica por una transmisión en vivo
El antecedente más conocido de una ejecución estadounidense observada por un grupo amplio de personas fuera del recinto penitenciario ocurrió en 2001, cuando Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma City, fue ejecutado mediante inyección letal.
En aquella oportunidad, la transmisión se realizó mediante un circuito cerrado para 232 familiares de las víctimas reunidos en una sala. No se trató de una emisión pública ni de una transmisión abierta a cualquier espectador.
La propuesta de difundir por internet la ejecución de Nidal Hasan representa un escenario diferente y plantea interrogantes sobre el alcance de la exposición pública de la pena de muerte.
Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, sostuvo que no existe un marco normativo ni un precedente histórico claro para una iniciativa de esas características en Estados Unidos. También señaló que las ejecuciones públicas han sido utilizadas históricamente en algunos países autoritarios como instrumentos para infundir temor.
El debate, por lo tanto, excede la modalidad técnica de una transmisión. La cuestión central es si el Estado debe permitir que un castigo extremo, impuesto en nombre de la justicia, se transforme en un acontecimiento accesible para una audiencia masiva.
La historia de Rainey Bethea ofrece una advertencia sobre los riesgos de esa transformación. En 1936, miles de personas viajaron para observar un ahorcamiento y una ciudad quedó asociada para siempre con aquella escena. Lo que debía representar el cumplimiento de una condena terminó convirtiéndose en un episodio incómodo para la memoria colectiva estadounidense.
Casi 90 años después, el caso vuelve a demostrar que la discusión sobre la pena de muerte no se limita a la culpabilidad del condenado o a la legalidad de una sentencia. También involucra la responsabilidad de las instituciones, la dignidad humana y los límites que una sociedad establece cuando decide mostrar la muerte como espectáculo.


















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