El coordinador general del Multimedio, Xavier María Ferrera Peña, cuestionó la respuesta institucional del Colegio San Francisco de Asís ante el pedido de información presentado por el Multimedio Nuevo Diario, LV11 y Multistream sobre un episodio de presunta violencia sexual entre adolescentes. Durante una entrevista en Actualidad Política, por Radio LV11, sostuvo que las autoridades educativas no contestaron siete preguntas relacionadas con protocolos, prevención y medidas de protección. Además, anticipó que buscará explicaciones ante el Servicio Provincial de Educación Privada (SPEP).
La intervención de Ferrera Peña se produjo después de que el establecimiento respondiera, el 17 de noviembre, a una solicitud formal presentada el día 6 del mismo mes.
El requerimiento buscaba conocer qué actuaciones institucionales se habían desarrollado después de tomar conocimiento de una situación que involucraría a estudiantes del colegio.
Durante la conversación con Ariel Sequeira y Gabriel Álvarez, el periodista remarcó que el interés del Multimedio no está puesto en las identidades de los adolescentes ni en divulgar información sensible.
“No nos interesan las identidades de los menores”, afirmó, y explicó que el propósito de las consultas es establecer qué respuestas ofreció la institución desde su responsabilidad educativa.
Ferrera Peña sostuvo que la situación debe abordarse con especial prudencia y cuestionó que la contestación recibida no permita conocer las medidas adoptadas.
“Yo no creo que sea un hecho escandaloso, me parece que es una realidad escandalosa”, expresó al comienzo de su intervención.
Las siete preguntas que el colegio no respondió
El periodista recordó que el Multimedio presentó una solicitud dirigida al Colegio San Francisco de Asís y a la Provincia Franciscana de la Asunción, congregación responsable del establecimiento.
La nota contenía siete interrogantes vinculados con la actuación institucional posterior al conocimiento de los hechos.
Entre los puntos consultados se encontraban las medidas adoptadas por el colegio, la eventual activación de protocolos educativos, las acciones de protección y contención, la intervención de organismos competentes y los programas de Educación Sexual Integral.
También se preguntó si las familias habían recibido información general sobre las medidas preventivas y cuál era la posición oficial del colegio y de la congregación franciscana.
Ferrera Peña aseguró que ninguno de esos puntos recibió una contestación concreta.
“Preguntamos también si se activaron todos los protocolos educativos correspondientes. Y no confirmó ni negó, es decir, no respondió si activó o no los protocolos”, señaló.
En relación con las medidas de acompañamiento, agregó que la institución expresó un compromiso general con el cuidado de los alumnos, pero no describió actuaciones específicas.
“Yo no puedo especular y, como no quiero especular en un tema tan delicado, pregunto, pero no se me responde”, manifestó.
El periodista insistió en que la falta de información no autoriza a afirmar que el establecimiento haya omitido sus obligaciones, pero sí impide conocer qué decisiones se tomaron.
“Estas siete preguntas nada tienen que ver con los menores”
Uno de los principales cuestionamientos de Ferrera Peña estuvo dirigido a la utilización de la protección de los adolescentes como fundamento para no brindar las explicaciones solicitadas.
Según relató, la respuesta del colegio incluyó advertencias dirigidas a los medios de comunicación sobre la preservación de la identidad de los estudiantes.
El periodista consideró que esa aclaración no respondía al contenido del requerimiento, ya que las preguntas estaban orientadas exclusivamente a cuestiones institucionales.
“Como ustedes verán, estas siete preguntas nada tienen que ver con los menores. Tienen todo que ver con el Colegio San Francisco de Asís”, sostuvo.
También explicó que el pedido no pretendía conocer las circunstancias íntimas del episodio ni determinar responsabilidades penales.
En ese sentido, remarcó que las actuaciones judiciales corresponden a los organismos competentes y que el trabajo periodístico debe evitar cualquier exposición indebida de los adolescentes.
Ferrera Peña señaló que conoce información sobre las personas involucradas, pero dejó en claro que no considera responsable divulgarla.
“Yo no voy a hacer con otras personas lo que hicieron conmigo”, expresó al referirse a experiencias personales vinculadas con la exposición pública.
Además, sostuvo que no corresponde anticipar condenas ni atribuir responsabilidades sin una resolución judicial.
“Yo siempre me rijo a las sentencias judiciales y a las normas institucionales”, afirmó.
El reclamo llegará al Servicio Provincial de Educación Privada
Uno de los anuncios centrales de la entrevista fue la decisión de avanzar con nuevas gestiones para obtener información.
Ferrera Peña planteó la posibilidad de dirigir un nuevo requerimiento a las autoridades educativas provinciales, ante la falta de precisiones en la respuesta del establecimiento.
Durante el intercambio, los conductores señalaron al Servicio Provincial de Educación Privada (SPEP) como el organismo al que podría recurrirse para solicitar una intervención institucional.
El periodista confirmó que buscará avanzar por esa vía.
“Vamos a ir entonces al SPEP. Y vamos a hablar con el SPEP, y vamos a ver qué posición tiene”, anticipó.
También mencionó la posibilidad de recurrir posteriormente a otras instancias del Gobierno provincial si no obtiene respuestas.
“Yo con esto no me voy a quedar”, aseguró.
Ferrera Peña explicó que el objetivo es conocer qué responsabilidad corresponde a las autoridades educativas en relación con las actuaciones del establecimiento, siempre dentro de los límites establecidos para la protección de los adolescentes.
Durante la entrevista también se recordó que el Colegio San Francisco de Asís es una institución de gestión privada y se debatió sobre las responsabilidades de supervisión que corresponden al Estado provincial.
El hecho ocurrió fuera del colegio, pero el pedido apunta a su actuación posterior
Otro aspecto abordado fue el argumento institucional referido a que el episodio investigado habría ocurrido fuera de las instalaciones escolares.
Ferrera Peña aclaró que sus preguntas no buscan atribuir al colegio responsabilidad directa por lo sucedido en ese lugar.
Por el contrario, explicó que el interés está puesto en las medidas que pudieron haberse adoptado posteriormente, dado que la situación involucraría a integrantes de su comunidad educativa.
“Yo no le pregunto qué responsabilidad tiene sobre el hecho en sí mismo. Yo lo que le pregunto al colegio es, en base al hecho, qué fue lo que hizo dentro del alumnado”, manifestó.
El periodista sostuvo que una situación de esta naturaleza merece una evaluación institucional, independientemente de las responsabilidades que eventualmente determine la Justicia.
También reiteró que el pedido fue redactado de manera que no exigiera revelar información personal de los adolescentes.
La distinción resulta central: una cosa es investigar un posible delito y otra es conocer, dentro de los límites legales, qué políticas educativas y de protección aplica una institución.
“El ocultismo no coopera para que las cuestiones se esclarezcan”
En otro tramo de la conversación, Ferrera Peña expresó su preocupación por lo que considera una actitud de reserva excesiva frente a los requerimientos periodísticos.
“Lo que molesta y llama poderosamente la atención es el sesgo de ocultismo que se le ha puesto específicamente a este caso”, afirmó.
A su entender, la falta de explicaciones institucionales no contribuye a despejar dudas ni a generar tranquilidad en la comunidad educativa.
“No coopera ni colabora el ocultismo a que se apacigüen las cuestiones y se esclarezcan”, agregó.
Durante el programa surgieron interrogantes sobre los motivos de la respuesta del colegio. Sin embargo, el periodista evitó atribuir intenciones particulares a sus autoridades o realizar acusaciones contra personas determinadas.
En ese sentido, insistió en que su reclamo debe mantenerse dentro de un marco institucional y respetuoso de los derechos de los involucrados.
“No me gusta el ejercicio innoble, el arte cobarde, innoble y deshonesto de la dilapidación pública”, expresó.
Para Ferrera Peña, el camino adecuado consiste en acudir a los organismos correspondientes y solicitar que se informe sobre las actuaciones que puedan comunicarse legalmente.
Nuevo Diario mantendrá abierto el pedido de explicaciones
Hacia el final de la entrevista, el jefe de Redacción reiteró que el Multimedio continuará con las gestiones necesarias para obtener una respuesta sobre los siete puntos planteados.
El próximo paso anunciado será acudir al Servicio Provincial de Educación Privada para conocer qué intervención puede corresponderle como organismo de supervisión.
La iniciativa no supone que se haya comprobado una omisión del colegio ni que sus autoridades hayan incumplido los protocolos establecidos.
Lo que permanece sin aclarar es si esos procedimientos se activaron, qué medidas se adoptaron y qué información institucional puede proporcionarse sin comprometer los derechos de los adolescentes.
Ferrera Peña remarcó que la protección de los menores debe mantenerse como prioridad y que cualquier investigación judicial debe desarrollarse sin interferencias.
Al mismo tiempo, defendió el derecho del periodismo a formular preguntas sobre el funcionamiento de las instituciones educativas.
Con siete interrogantes todavía pendientes, el Multimedio Nuevo Diario, LV11 y Multistream anticipó que trasladará su pedido al ámbito provincial para buscar respuestas institucionales, preservando la identidad y la intimidad de todos los adolescentes involucrados.




















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