El Gobierno reclama respeto por una ley que respalda su política de seguridad y amenaza con avanzar contra una jueza que suspendió su aplicación. Pero frente a otras leyes sancionadas por el mismo Congreso —como las de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad— la respuesta oficial ha sido otra: vetar, demorar, judicializar o resistir su cumplimiento. La pregunta incómoda es inevitable: ¿la ley obliga siempre o solamente cuando le conviene al poder?
Hay momentos en los que una contradicción política deja de ser una simple contradicción y comienza a convertirse en un problema institucional. Este parece ser uno de ellos.
Desde La Libertad Avanza salieron con una contundencia pocas veces vista a cuestionar a la jueza bonaerense Marta Elba Pascual, después de que suspendiera durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
El oficialismo anunció que impulsará acciones para destituir a la magistrada mediante juicio político u otro mecanismo bajo análisis.
El argumento es claro: una ley fue aprobada por el Congreso de la Nación y, por lo tanto, debe ser respetada. Hasta ahí, nada extraño.
El problema aparece cuando uno mira hacia el otro lado del espejo. Porque el mismo Gobierno que reclama obediencia absoluta a una ley sancionada por el Congreso es el que viene protagonizando una larga disputa con otras normas aprobadas por ese mismo Congreso. No otro.
El mismo Congreso.
La Ley de Financiamiento Universitario es uno de los ejemplos más evidentes. El Gobierno la vetó, el Congreso insistió y, posteriormente, se abrió una batalla política y judicial por su cumplimiento. Incluso después de que la Justicia interviniera, el conflicto continuó.
En materia de discapacidad ocurrió algo similar.
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada por el Congreso. El Poder Ejecutivo inicialmente la vetó, el Congreso insistió y finalmente el Gobierno terminó reglamentándola en febrero de 2026, después de que la Justicia ordenara su entrada en vigencia.
Entonces la pregunta ya no puede ser esquivada.
¿Cuál es la diferencia entre una ley que el Gobierno exige que se cumpla y otra ley que el Gobierno intenta evitar, demora o condiciona?
¿Acaso una ley es más ley que otra?
¿Acaso la voluntad del Congreso vale más cuando coincide con la voluntad presidencial?
¿Acaso la división de poderes funciona solamente cuando el Ejecutivo obtiene lo que quiere?
Porque si ese fuera el criterio, el problema ya no sería la jueza Pascual.
El problema sería mucho más grande.
Sería la concepción misma del poder.
La democracia no funciona por conveniencia
Una República no funciona con leyes “buenas” y “malas” según quién las haya impulsado.
Las leyes pueden ser discutidas, cuestionadas, modificadas y derogadas.
Eso es perfectamente democrático.
Lo que no resulta compatible con una institucionalidad sólida es que el Poder Ejecutivo pretenda convertirse en árbitro de cuáles leyes deben cumplirse inmediatamente y cuáles pueden quedar en suspenso hasta que las circunstancias políticas o económicas resulten más convenientes.
Si una ley es inconstitucional, existen jueces para determinarlo.
Si una ley es inconveniente, existe el Congreso para modificarla.
Si una ley es financieramente imposible, el Ejecutivo puede explicar públicamente sus razones y buscar los mecanismos institucionales para cambiarla.
Pero mientras una norma permanezca vigente, no debería existir una República en la que el Gobierno pueda seleccionar cuáles obligaciones acepta y cuáles rechaza.
Y esa discusión se vuelve todavía más delicada cuando el Ejecutivo cuestiona a un juez precisamente por ejercer una función que forma parte de la arquitectura constitucional.
La jueza puede haberse equivocado o no.
Puede haber interpretado mal la ley o no.
Puede haber tomado una decisión inconveniente o no.
Puede incluso ser necesario que un tribunal superior revise y eventualmente revoque su resolución o no.
Todo eso forma parte del funcionamiento normal de la Justicia.
Pero si cada decisión judicial que contradice una política del Gobierno es presentada como una afrenta al poder y abre la puerta a un pedido de juicio político, entonces la pregunta vuelve a aparecer:
¿Se busca corregir un fallo o disciplinar a quien se animó a dictarlo?
El problema no es quién tiene razón.
La discusión tampoco debería reducirse a una pelea entre “garantistas” y “mano dura”.
Ese es el atajo. La verdadera discusión es mucho más importante.
Es sí una democracia puede tolerar que el Poder Ejecutivo reclame independencia de los poderes cuando le conviene y subordinación cuando la decisión judicial lo incomoda.
Porque la independencia judicial no existe para proteger solamente los fallos que gustan.
Existe, precisamente, para proteger a aquellos que incomodan.
De lo contrario, no estaríamos hablando de independencia.
Estaríamos hablando de obediencia.
Y una Justicia obediente al poder de turno puede ser cualquier cosa menos una Justicia independiente.
La doble vara
Hay algo particularmente incómodo en esta historia.
Cuando el Congreso sanciona una norma que el Gobierno considera favorable a su programa, la voluntad parlamentaria aparece como incuestionable.
Cuando el Congreso sanciona una norma que implica mayor financiamiento para las universidades o mayores obligaciones para el Estado en materia de discapacidad, esa misma voluntad parlamentaria parece convertirse en un problema presupuestario que puede esperar.
La vara cambia. El argumento cambia. La interpretación cambia.
Pero el origen de la ley es exactamente el mismo: el Congreso de la Nación. Eso es lo que debería preocupar. Porque mañana podría ser otra ley. Otro Gobierno. Otro Congreso. Otro juez. Otra mayoría.
Y las instituciones no pueden depender de quién ocupa circunstancialmente el poder.
La República no puede tener dos reglas
El Gobierno de Javier Milei llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la política y devolverle centralidad a las instituciones.
Es una promesa legítima. Pero las instituciones no se fortalecen cuando funcionan únicamente para los propios. Se fortalecen cuando se aceptan también sus límites.
El Congreso no puede ser respetado solamente cuando acompaña al Ejecutivo.
La Justicia no puede ser independiente solamente cuando sus fallos coinciden con el Gobierno.
Y las leyes no pueden ser obligatorias solamente cuando son políticamente convenientes.
La verdadera fortaleza de una República se mide cuando el poder acepta aquello que no le gusta.
Ahí está la prueba. No cuando una jueza falla como espera el Gobierno. No cuando el Congreso vota como pretende el oficialismo. No cuando una ley beneficia al Ejecutivo.
La prueba está exactamente en el lugar contrario. En la capacidad del poder de aceptar un fallo adverso. En la obligación de cumplir una ley incómoda. En el respeto por una mayoría parlamentaria que no responde al Presidente. En entender que gobernar no significa ser dueño de las instituciones.
Porque el poder pasa. Los presidentes pasan. Los legisladores pasan. Los jueces pasan. Pero las instituciones deberían permanecer.
Y si el Gobierno quiere realmente defender la República, debería empezar por una regla tan sencilla como incómoda:
Las leyes no son obligatorias porque le gusten al Presidente. Son obligatorias porque son leyes. Y si esa regla solamente funciona cuando la norma coincide con la voluntad del poder, entonces ya no estamos ante una defensa de la institucionalidad.
Estamos ante algo bastante más peligroso: una República a la carta.


















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