Hay una imagen que debería interpelar a cualquier Gobierno: un jubilado frente a una góndola, calculando qué puede comprar y qué debe dejar. No se trata solamente de números. Detrás de cada jubilación hay décadas de trabajo, aportes y una expectativa elemental: llegar a la vejez con cierta tranquilidad.

Sin embargo, para muchos jubilados argentinos esa expectativa se convirtió en una carrera mensual contra el calendario. Pagar los medicamentos, los servicios, los alimentos, el alquiler o simplemente afrontar un imprevisto puede significar elegir entre necesidades que deberían ser básicas y no excluyentes.

En ese contexto aparece el anuncio oficial de utilizar $2 billones de recursos de la ANSES para impulsar créditos hipotecarios. El objetivo de facilitar el acceso a la vivienda puede ser legítimo y necesario. Argentina necesita crédito, necesita inversión y necesita que una familia pueda proyectar la compra de su casa.

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Pero hay una pregunta que no puede quedar fuera de la discusión: ¿con qué prioridades se administran los recursos públicos cuando quienes sostuvieron durante décadas el sistema previsional no consiguen sostenerse ellos mismos?

Porque el problema no es solamente financiero. Es también moral y político.

Un jubilado no debería tener que escuchar que el país está construyendo el futuro mientras él no puede resolver dignamente el presente. La palabra “futuro” pierde parte de su sentido cuando quienes ya entregaron buena parte de su vida al sistema previsional deben seguir haciendo sacrificios para llegar al día 30.

O simplemente elegir entre comprar un remedio o comer. E incluso elegir cuándo comer carne y cuándo arroz, según más que su voluntad sus flacos bolsillos.

Ahora esos mismos jubilados que no llegan a fin de mes pueden tener la gracia de que sus hijos aporten a su manutención y disimular su escasez luego de haber trabajado toda su vida.

Y aquí aparece una contradicción que merece ser discutida sin consignas partidarias. Un Gobierno puede impulsar créditos hipotecarios, promover inversiones y buscar mecanismos para que los jóvenes accedan a una vivienda. Todo eso puede ser positivo. Pero ninguna política de futuro debería construirse a costa de invisibilizar las urgencias de quienes ya no tienen décadas por delante para recuperar lo perdido.

La ANSES no es solamente una estructura administrativa ni una fuente de financiamiento. Detrás de sus números están millones de historias de trabajo. Está el trabajador que aportó durante años esperando que, algún día, el Estado cumpliera su parte del contrato social.

Por eso, cada vez que se anuncia el uso de recursos previsionales para una nueva política pública, la pregunta debería ser inevitable: ¿cómo están viviendo hoy los jubilados?

Porque no alcanza con garantizar que algún día una familia pueda comprar una casa si, al mismo tiempo, una generación de jubilados siente que la suya se achica todos los meses.

El desafío de un Gobierno no debería ser elegir entre jubilados y futuros propietarios. Debería ser demostrar que puede atender ambas necesidades sin hacer que una generación pague el costo de la otra.

Hay una diferencia enorme entre administrar recursos y administrar prioridades. Y la política previsional exige mucho más que una planilla de Excel: exige memoria, responsabilidad y una idea concreta de justicia.

Los jubilados no están pidiendo privilegios. Están reclamando que una vida de trabajo tenga algún correlato en la vejez.

Porque un país que promete casas para el futuro, pero obliga a sus jubilados a contar las monedas para llegar a fin de mes, corre el riesgo de construir edificios mientras deja en ruinas una parte de su propio contrato social.