El suicidio nunca es la consecuencia lineal de una ausencia individual ni el saldo trágico de un abrazo que faltó o una palabra que no se dijo a tiempo. Reducir un acto de esta complejidad a un fallo personal, a la distracción de un padre, al silencio de un amigo o a la supuesta falta de atención de un entorno afectivo es, además de una crueldad innecesaria, un análisis que deserta de la verdad. Frente a este dolor insondable, la bajada de línea moral y simplista que circula socialmente opera como un mecanismo de revictimización hacia quienes quedan.
La conducta suicida es eminentemente multicausal. En ella convergen entramados complejos donde se cruzan de manera implacable las condiciones socioeconómicas, la precariedad laboral, la asfixia financiera, la incertidumbre política, la falta de horizontes vitales, las fallas estructurales y crónicas del sistema de salud pública. Reducir este drama a una falla de comunicación interpersonal es ignorar que el sufrimiento psíquico no ocurre en el vacío, sino en contextos sociales concretos que muchas veces expulsan, vulneran y desamparan.
Cargar la responsabilidad sobre los hombros de las familias y los amigos es funcional a un sistema que se lava las manos. Cuando se instala la idea de que el suicidio se previene exclusivamente con "amor", "atención" o "estando más atentos", se invisibiliza la urgencia de la intervención estatal. Se oculta la escasez de profesionales en salud mental, la mercantilización de los tratamientos, la falta de políticas públicas de prevención y contención, y la desidia de administraciones que recortan presupuestos en áreas sensibles mientras profundizan la desigualdad social.
El Estado no puede limitarse a emitir campañas tibias de concientización que apelen a la buena voluntad ciudadana mientras desfinancia los recursos esenciales. Se necesitan políticas públicas activas, presupuestos robustos, redes de contención accesibles, salarios dignos para los trabajadores de la salud y una mirada macro que reconozca que la salud mental es, ante todo, un derecho social y político.
Liberar de culpa a los que quedan es un acto de estricta justicia humana y colectiva. Es hora de dejar de exigirles a los vínculos afectivos una omnipotencia que no tienen, y seguir exigiendo al Estado la responsabilidad indelegable que le corresponde: garantizar las condiciones materiales y sociales para que la vida sea, verdaderamente, digna de ser vivida.
Sobre la autora
Paula Cussa Litvak, Licenciada en Psicología (MP 956), egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, con una sólida formación en el marco del Psicoanálisis. Mi práctica clínica se centra en el acompañamiento a jóvenes y adultos, brindando un espacio orientado a abordar los desafíos de la subjetividad contemporánea y las problemáticas vinculares actuales.
Actualmente, me encuentro finalizando un posgrado en Sexología y Problemáticas Vinculares, lo cual me permite integrar herramientas específicas para el abordaje de la sexualidad y las dinámicas relacionales con un enfoque psicoanalítico.
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