La investigación por el presunto abuso sexual de un niño de Las Termas de Río Hondo sumó este jueves un nuevo capítulo de confrontación judicial, luego de que el Ministerio Público Fiscal rechazara el planteo de hábeas corpus presentado por la defensora oficial Ana Silvia Gerez y solicitara que las tres mujeres detenidas continúen privadas de su libertad. La fiscal auxiliar Dahiana Pérez Vincens respondió formalmente al requerimiento del juez de Control y Garantías Diego Martín Vittar y sostuvo que las detenciones de la madre, la abuela y la tía del menor fueron dispuestas mediante órdenes judiciales debidamente fundamentadas, ejecutadas a través de procedimientos legales y posteriormente convertidas en prisión preventiva durante la audiencia celebrada el pasado lunes 5 de octubre.

La respuesta fiscal, incorporada al legajo 2616/26, constituye la primera contestación formal al recurso mediante el cual Gerez había denunciado una presunta privación ilegítima de la libertad, cuestionado al Ministerio Público Fiscal y sostenido que las tres mujeres eran víctimas de una supuesta causa armada para separar al niño de su entorno materno. Frente a esas acusaciones, Pérez Vincens sostuvo que las detenciones de Olga Vanesa Jiménez, Maira Alejandra Jiménez y Olga Petrona Coronel surgieron de un requerimiento expreso de la Unidad Fiscal de Las Termas de Río Hondo, seguido de una resolución interlocutoria del juez Vittar que autorizó los allanamientos domiciliarios y ordenó la inmediata detención de las imputadas.

La representante del Ministerio Público Fiscal precisó que los procedimientos fueron ejecutados por personal del Departamento de Trata de Personas y Delitos Conexos de la Policía de Santiago del Estero, con colaboración del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 6, y afirmó que las medidas se cumplieron conforme a procedimientos válidos. De este modo, procuró desvirtuar uno de los argumentos centrales de la defensora tutelar, quien había denunciado que las mujeres fueron privadas de su libertad sin una orden suficientemente fundada. Para la Fiscalía, por el contrario, existió una intervención judicial previa y un control jurisdiccional posterior que respaldan las medidas cuestionadas.

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Pero el argumento más importante de la contestación fiscal no se refiere exclusivamente a la existencia de las órdenes de detención, sino a la propia procedencia del recurso utilizado por Gerez. Pérez Vincens sostuvo que el hábeas corpus constituye una herramienta constitucional excepcional destinada a proteger la libertad personal frente a restricciones ilegítimas, pero que no puede convertirse en un mecanismo para sustituir los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por la legislación procesal. En esa línea, destacó que la presentación fue realizada por la representante del Ministerio Tutelar y no por la defensora técnica de las tres acusadas, función que identificó expresamente en cabeza de la doctora Olga Nataly Montero.

La distinción resulta relevante porque la Fiscalía considera que los cuestionamientos dirigidos contra una decisión adoptada por un juez penal deben canalizarse a través de los mecanismos de impugnación que ofrece el Código Procesal Penal. Para respaldar su posición, Pérez Vincens citó antecedentes jurisprudenciales de la Corte de Justicia, entre ellos resoluciones dictadas en las causas Capellán, Guillermo, del año 2003, y una presentación vinculada con Ángel Stamelaco, del año 2001. En ambos casos, la funcionaria recurrió a criterios jurisprudenciales sobre los límites de las acciones constitucionales cuando se pretende cuestionar decisiones adoptadas dentro de un proceso judicial.

La fiscal también recordó que el hábeas corpus protege la libertad física frente a lesiones, restricciones o amenazas ilegítimas, así como frente al agravamiento ilegal de las condiciones de detención o situaciones de desaparición forzada. Sin embargo, argumentó que las personas privadas de su libertad en el marco de un proceso penal cuentan con vías procesales específicas para cuestionar las resoluciones judiciales. Bajo esa interpretación, consideró que el recurso promovido por Gerez resulta improcedente al intentar revisar, por una vía excepcional, medidas de coerción previamente dispuestas y controladas por un magistrado competente.

Uno de los datos más significativos de la contestación es la confirmación expresa de que la prisión preventiva fue dictada sin plazo determinado. En el escrito, Pérez Vincens señaló que el juez Vittar ratificó las detenciones durante la audiencia del lunes 5 de octubre y dispuso convertirlas en prisión preventiva sin fijar un plazo específico. Esto no significa que las imputadas hayan recibido una condena ni que su encarcelamiento sea jurídicamente irreversible, sino que permanecen sometidas a una medida cautelar que puede ser revisada por las vías procesales correspondientes y dentro de los límites legales aplicables.

La postura del Ministerio Público Fiscal contrasta con los argumentos expresados por la defensora tutelar, quien había denunciado que las mujeres fueron detenidas sin justificación suficiente, que existían antecedentes de procedimientos anteriores contra el mismo grupo familiar y que no se verificaban los riesgos procesales necesarios para sostener la privación de libertad. Gerez también formuló graves cuestionamientos sobre la situación actual del niño, afirmó que la Fiscalía desconocía su paradero y denunció una presunta sustracción por parte del padre. Estas acusaciones forman parte de su presentación y no deben considerarse acreditadas judicialmente.

La contestación de Pérez Vincens se concentró principalmente en defender la legalidad de las detenciones y la improcedencia procesal del hábeas corpus. En las tres páginas del escrito no desarrolló una respuesta específica sobre el supuesto desconocimiento del paradero del menor, las acusaciones vinculadas con el padre ni los antecedentes de presunto hostigamiento denunciados por Gerez. Esa circunstancia no permite concluir que tales denuncias sean verdaderas, pero deja planteada una diferencia sustancial entre el alcance de los cuestionamientos formulados por la defensora y los argumentos elegidos por la Fiscalía para responder al incidente.

En el petitorio final, la fiscal fue categórica: solicitó no hacer lugar a la acción de hábeas corpus por improcedente, conforme al artículo 433 y concordantes del Código Procesal Penal de Santiago del Estero, y rechazó expresamente el pedido de inmediata libertad de las tres imputadas. No obstante, dejó abierta la posibilidad de una audiencia oral al expresar que el juez podrá convocarla si lo considera pertinente.

La nueva presentación no constituye todavía una resolución judicial definitiva sobre el recurso. Se trata de la postura formal del Ministerio Público Fiscal, que ahora deberá ser examinada por el juez Vittar. El magistrado tendrá que determinar si corresponde rechazar el hábeas corpus sobre la base de los fundamentos expuestos o adoptar alguna otra decisión dentro de sus atribuciones procesales. Hasta que exista un pronunciamiento judicial que modifique las medidas vigentes, las tres mujeres continuarán sometidas a la prisión preventiva oportunamente ordenada.

El enfrentamiento entre la defensora tutelar y la Fiscalía agrega una controversia sobre garantías constitucionales a una investigación ya marcada por acusaciones de extrema gravedad, informes médicos discutidos y versiones enfrentadas respecto de la situación del niño. El debate procesal ahora gira alrededor de una pregunta central: si las restricciones de libertad están legalmente justificadas y si el hábeas corpus constituye una vía apropiada para someterlas nuevamente a control judicial. La respuesta deberá surgir de una resolución fundada, mientras continúa pendiente el esclarecimiento de los hechos denunciados y la obligación estatal de proteger integralmente al menor, sin anticipar culpabilidades ni desplazar su interés superior.