La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los Dres. Daniel Antonio Petrone (presidente), Javier Carbajo y Ángela E. Ledesma rechazaron ayer por mayoría el recurso de casación interpuesto por la defensa del exintendente de Pinto (Aguirre), Emilio Alberto Rached, y su exsecretaria de Economía, Ana María Vera, y confirmaron la sentencia que les impusieron el 30 de diciembre de 2025.
En aquella ocasión, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, constituido por los doctores Abelardo Basbús, Ana Carina Farías y Federico Bothamley, condenó unánimemente a Rached a tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo encontraron culpable de peculado y malversación de fondos públicos, siendo estos en concurso ideal de delitos, y perjudicando a la administración pública. Los jueces también condenaron a Vera a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, así como a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ya que la consideraron coautora de los mismos delitos que el exjefe municipal.
Ninguno de los dos terminó tras las rejas, luego de escuchar el veredicto, aunque ambos tendrán que cumplir con reglas de conducta durante dos años y el pago conjunto de $5.143.590. Este monto debe ser actualizado según la tasa pasiva del Banco Nación, desde el 30 de octubre de 2018 hasta la fecha actual.
En los alegatos de clausura, la Fiscalía resaltó la acumulación de irregularidades administrativas y la falsificación ideológica de trámites internos para llevar a cabo el desvío de fondos. Consideró que a Rached se le debía agravar la pena debido a su mayor responsabilidad como líder del municipio y a su trayectoria política, en la cual ocupó cargos como vicegobernador de la provincia y senador. Por otro lado, se consideró a Vera como una persona de confianza del exintendente y que solía responder con fidelidad a sus requerimientos.
La causa se inició por la desviación de dinero que había enviado la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación en 2018 a Pinto, mientras Rached era intendente. El dinero estaba destinado a mejorar "la infraestructura básica y el fortalecimiento comunitario en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad". También se destinaba a la construcción de un polideportivo y de desagües cloacales para la ciudad. Funcionarios nacionales declararon que se enviaron $44.325.199,60 de los $80.000.000 que se habían presupuestado, sin saberse el paradero de $4.511.881,40. Además, un relevamiento determinó que la obra del sistema de desagües cloacales no había alcanzado el 30% de su ejecución.
Durante este juicio a Rached y Vera, también fue condenado Diego Kemel a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlo partícipe necesario del delito de peculado, en perjuicio de la administración pública.
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