La Justicia resolvió elevar a juicio la causa contra Javier Ibáñez y Verónica Catán, una pareja de Estación Robles, departamento San Martín, acusada de haber sometido a su hijo a una serie de hechos de violencia, abusos y sometimiento durante varios años.

La investigación, a cargo de la fiscal Andrea Juárez, sostiene que los hechos comenzaron en 2017, cuando el joven tenía 12 años, y se extendieron hasta su mayoría de edad.

Según la acusación, los primeros episodios ocurrieron durante las visitas que la mujer y su hijo realizaban a Ibáñez, quien por entonces cumplía una condena de 13 años en la Unidad Penal N° 3 de Colonia Pinto por haber abusado sexualmente de la hija de una expareja.

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De acuerdo con la resolución judicial, el hombre habría aprovechado esas visitas para someter al adolescente y amenazarlo para que no contara lo sucedido. Con el paso del tiempo, la situación habría continuado en una vivienda de Los Pereyra y luego, desde 2020, en Estación Robles.

La investigación sostiene que, ya fuera de prisión, Ibáñez habría continuado con las agresiones y habría involucrado también a la madre del adolescente en distintos episodios de carácter sexual. Vecinos que declararon durante la investigación aportaron información sobre situaciones de violencia y las condiciones en las que veían al joven.

El sometimiento, según la acusación, tampoco se habría limitado a los abusos. El adolescente era obligado a realizar tareas para conseguir dinero, entre ellas cortar leña, vender rosquitas y verduras, y entregar lo obtenido para la manutención familiar.

La situación se habría prolongado hasta 2024. El joven viajó entonces a Río Negro para trabajar en la cosecha de cebolla y, tras regresar a Santiago del Estero y reencontrarse con familiares maternos, finalmente contó lo ocurrido y formalizó la denuncia en septiembre de ese año, cuando tenía 19 años.

Durante la investigación también se incorporaron informes psicológicos que señalaron angustia, ansiedad y signos compatibles con estrés postraumático.

La madre confirmó parte de los hechos

La mujer también declaró ante la Justicia y su testimonio permitió reconstruir parte de la violencia que habría sufrido junto al adolescente. Relató que Ibáñez la golpeaba cuando se negaba a cumplir sus órdenes y que, en distintas oportunidades, cerraba las puertas con candado para impedir que ella y su hijo pudieran salir.

Según su declaración, el acusado obligaba a ambos a desnudarse y sometía al adolescente mientras ella era forzada a participar. También contó que el joven era vendado y que Ibáñez recurría a golpes para doblegarlo cuando se resistía, además de obligar a su propio hijo a practicarle sexo oral.

La mujer describió episodios que, según sostuvo, se repitieron durante años y afirmó que el acusado utilizaba amenazas y violencia física para mantenerlos sometidos. Su relato fue incorporado al expediente junto con el resto de las pruebas reunidas.

La acusación incluye los delitos de abuso sexual agravado por el vínculo, corrupción de menores y reducción a la servidumbre.

En la última audiencia, las defensas solicitaron la nulidad de la acusación y plantearon la falta de mérito. Catán sostuvo que también era víctima de violencia de género y negó haber participado de los hechos, mientras que Ibáñez cuestionó que los episodios denunciados pudieran haber ocurrido dentro del ámbito penitenciario.

El juez de Control y Garantías Héctor Salomón rechazó los planteos y consideró que esos argumentos deberán ser discutidos durante el juicio oral. Entre las pruebas pendientes de análisis mencionó testimonios de familiares, vecinos, policías, personal penitenciario y profesionales que intervinieron en la investigación.

Además de elevar la causa a juicio, el magistrado prorrogó durante seis meses la prisión preventiva de ambos acusados. Para los dos consideró existente riesgo de entorpecimiento de la investigación y, en el caso de Ibáñez, también valoró el peligro de fuga.