Una denuncia por presuntas maniobras defraudatorias derivó en cinco allanamientos en la Capital santiagueña y la detención de dos hombres. La investigación busca determinar cómo se desarrollaron las operaciones comerciales cuestionadas y qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados.

La causa comenzó el 25 de agosto, cuando Nicolás Giandana, representante de Mercon SRL, denunció incumplimientos en los pagos por mercadería entregada a dos locales gastronómicos vinculados con José Agustín Khairallah, propietario de una cadena de lomiterías.

Según la presentación, la distribuidora mantenía una relación comercial con el empresario desde hacía aproximadamente dos años. Sin embargo, con el tiempo comenzaron los problemas para cobrar los valores entregados como pago. La documentación aportada a la Fiscalía consignó 53 cheques rechazados por un total de $122.743.000.

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El denunciante sostuvo que se intentó refinanciar la deuda y que se acordaron nuevos plazos para regularizar las obligaciones, pero los compromisos no se cumplieron.

También señaló que continuaron recibiendo cheques y valores electrónicos que posteriormente fueron rechazados. Ante la falta de una solución, la empresa envió una carta documento el 5 de agosto.

En sus declaraciones, los representantes de Mercon también señalaron la intervención de Cristian Guillermo Barrón Palazzi, quien se habría presentado como asesor financiero de Khairallah y habría participado en las gestiones relacionadas con los pagos. Esa presunta intervención forma parte de los aspectos que la Fiscalía busca esclarecer.

A partir de los elementos reunidos, la fiscal Celia Mussi solicitó las medidas judiciales que fueron autorizadas por el juez de Control y Garantías en lo Penal, Héctor José María Salomón y Erika Casagrande.

Los procedimientos abarcaron cinco domicilios de distintos sectores de la Capital y contemplaron el registro de los inmuebles, además del posible secuestro de armas de fuego.

La resolución también autorizó la incomunicación de los dos imputados dentro de los límites legales, con el objetivo de evitar posibles interferencias en la producción de pruebas. La medida debe garantizar el derecho de defensa y la comunicación privada con sus respectivos abogados.

La investigación apunta a reconstruir las operaciones comerciales y financieras cuestionadas, determinar el alcance del perjuicio denunciado y establecer qué participación habría tenido cada uno de los involucrados. La causa continúa en etapa investigativa y las responsabilidades penales deberán acreditarse en la Justicia.