Un terrible entramado de trata, esclavitud y tormentos llegó a su punto final en las últimas horas, cuando la Justicia bajó el martillo y confirmó una dura condena para tres personas que operaban como una verdadera organización criminal. El repudiable hecho tuvo como víctima a una nena de apenas 13 años, quien fue literalmente comprada por una familia para someterla a un calvario inimaginable.
La desgarradora historia, que tuvo su epicentro inicial en la provincia de Neuquén y luego se extendió por Santa Fe y San Juan, comenzó entre los meses de marzo y abril de 2022. La investigación comprobó que la menor fue entregada a sus captores a cambio de 825 mil pesos, bajo el perverso concepto de "precio dotal".
Isabel y Alberto Cristo, los cabecillas de la maniobra, forzaron a la adolescente a convivir maritalmente con su hijo Franco, un joven siete años mayor que ella. Al poco tiempo, y producto de los reiterados abusos, la chica quedó embarazada.
A partir de esa unión forzada, la joven comenzó a transitar un verdadero infierno en vida. Durante más de dos años, fue trasladada a Santa Fe y sometida a una brutal explotación laboral, doméstica y sexual. Los crudos testimonios confirmaron que la adolescente padeció golpes, graves quemaduras y amenazas constantes. Sus captores la obligaban a realizar tareas para toda la familia y a trabajar a sol y sombra como vendedora ambulante. Debía entregar todo el dinero recaudado bajo la advertencia de dejarla sin un solo plato de comida, violencia que no se detuvo ni siquiera mientras la víctima atravesaba enfermedades y embarazos.
El punto de quiebre ocurrió en diciembre de 2024, cuando la joven logró regresar a San Juan. Sin embargo, la pesadilla no había terminado. En abril de 2025, los captores intentaron forzarla nuevamente a viajar hacia Santa Fe. En medio del trayecto, al pasar por la localidad de Caucete, la víctima aprovechó una parada cerca de dos estaciones de servicio y huyó despavorida con su pequeño hijo en brazos.
Desesperada por no perder a su "inversión", Isabel Cristo la persiguió a pie por las calles, mientras el resto de la familia la acorralaba con una camioneta, obligándola a subir por la fuerza y a los tirones para escapar a toda velocidad.
Por fortuna, un testigo presenció la violenta cacería en la estación de servicio y llamó de inmediato a emergencias. Esa comunicación al 911 permitió que el personal de la Unidad Rural N° 1 interceptara el vehículo y lograra el heroico rescate de la menor y su bebé.
En la instancia judicial, las insólitas excusas de la defensa, que intentaron justificar la compraventa amparándose en supuestos "usos y costumbres" de la comunidad gitana, cayeron por su propio peso. El juez Daniel Petrone, de la Cámara Federal de Casación Penal, fue tajante, desestimó los planteos y confirmó la pena de 10 años de prisión para el matrimonio y su hijo por el delito de trata de personas.
El tribunal ratificó la figura legal de "matrimonio infantil y forzoso", descartó de plano cualquier consentimiento por la edad de la niña, y ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima, cerrando así uno de los capítulos judiciales más aberrantes del último tiempo.


















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