La causa por la misteriosa desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que se esfumó sin dejar rastro el pasado 7 de octubre, dio un vuelco drástico y definitivo en las últimas horas. La investigación abandonó la hipótesis de una simple búsqueda de paradero y pasó a caratularse formalmente como un presunto femicidio, desatando una cacería judicial que ya se cobró la detención de cinco personas en el entorno del establecimiento rural donde la víctima ejercía como directora suplente.
Entre las caídas más relevantes ordenadas por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, se destaca la de Ireneo Zarza, el capataz de la estancia El Curupí, predio en cuyo interior funciona la Escuela Rural N° 626. Diversos testimonios incorporados de urgencia al expediente ubicaron al hombre en un puesto ubicado a tan solo 150 metros del colegio durante las horas previas a la desaparición de la docente. A eso se le sumaron revelaciones sobre su conducta habitual: solía pernoctar en el lugar y arrastraba severos antecedentes de agresividad cuando consumía bebidas alcohólicas.
Junto a Zarza cayó otro hombre de apellido Sandoval, pero las piezas del dominó no pararon de caer ahí. La Policía también le puso las esposas a Rosa Leguizamón y a su pareja, Nahuel Rojas. Leguizamón —quien en un primer momento intentó desviar la atención afirmando haber visto a la docente cargando un balde de agua— incurrió en lagunas y severas contradicciones en sus declaraciones, además de haber aportado datos falsos sobre un supuesto viaje de regreso de la maestra hacia la ciudad.
El arresto de Leguizamón vino acompañado de un procedimiento clave en una vivienda vinculada a la mujer en la localidad de Sauce. En ese operativo, las tropas policiales secuestraron una campera negra y dos alpargatas que guardan coincidencia directa con el vestuario de la víctima. Estos elementos serán exhibidos en las próximas horas a los familiares de Godoy para un reconocimiento formal, antes de enviarlos a las pericias químicas de rigor.
Estos nuevos sospechosos se suman a la previa detención del peón Ernesto Ezequiel Bordón, cuyo abogado defensor irrumpió con una grave denuncia institucional al asegurar que su cliente fue sometido a torturas y apremios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad para autoincriminarse. En paralelo, los peritos avanzan sobre la camisa, la bombacha de campo y los cuchillos con manchas rojizas secuestrados en los primeros allanamientos.
Mientras los fiscales se preparan para tomar muestras de ADN al entorno familiar de Nancy para eventuales cotejos biológicos con los rastrillajes en marcha, la sensación en los pasillos judiciales es que el cerco sobre el monte se cerró de manera irreversible. Ya no se busca a una persona perdida, sino la verdad detrás de una tramada conspiración rural que terminó con la vida de una maestra de escuela.


















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