Una pareja de La Plata recurrió a la Justicia después de atravesar la muerte de su hija recién nacida y contrató a un abogado para analizar una posible demanda por presunta mala praxis médica. Le otorgaron un poder y cumplieron con los requisitos necesarios, pero el reclamo civil nunca fue iniciado.
Años después, los padres volvieron a acudir a los tribunales, aunque esta vez para demandar al propio profesional. La Justicia consideró que el abogado incumplió sus obligaciones al decidir no avanzar con la acción sin comunicarles esa determinación.
Por ese motivo, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó una indemnización de $8 millones por daño moral, correspondiente a $4 millones para cada uno de los padres.
El caso comenzó en julio de 2009, cuando los padres otorgaron al abogado un poder mediante escritura pública. Además, obtuvieron el beneficio de litigar sin gastos con el objetivo de iniciar una acción civil contra una médica por la atención recibida antes, durante y después del nacimiento de su hija.
Paralelamente, se llevaba adelante una investigación penal por el mismo hecho. Ese expediente fue archivado en 2014, luego de que las pericias no encontraran elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al personal médico.
A partir de ese resultado, el abogado explicó que había decidido no iniciar la demanda civil porque consideraba que las posibilidades de obtener una sentencia favorable eran bajas.
Sin embargo, para los jueces, ese no fue el principal problema.
El tribunal sostuvo que el profesional tenía derecho a evaluar las posibilidades de éxito de una eventual acción judicial y decidir no avanzar si consideraba que no existían perspectivas favorables.
Lo que no podía hacer, según la Justicia, era tomar esa decisión sin comunicarla a sus clientes.
Los magistrados entendieron que, si los padres hubieran sido informados oportunamente, podían haber consultado a otro abogado y evaluar otras alternativas antes de que vencieran los plazos legales.
Finalmente, la acción prescribió y la pareja perdió la posibilidad de recurrir a otro profesional para analizar la viabilidad del reclamo.
La Cámara remarcó que la relación entre un abogado y sus clientes no se limita a presentar escritos o iniciar expedientes. También comprende obligaciones vinculadas con la información, la diligencia y la comunicación de decisiones que puedan afectar los derechos de quienes contrataron sus servicios.
Además del daño moral, los padres habían reclamado una compensación por la denominada pérdida de oportunidad. Sostenían que la falta de actuación del abogado les había quitado la posibilidad de llevar adelante el juicio contra la médica.
Ese planteo, sin embargo, fue rechazado por los jueces. La Cámara consideró que no existían elementos suficientes para determinar que aquella eventual demanda hubiera tenido posibilidades concretas de prosperar.
Las pericias médicas tampoco permitieron establecer con certeza cómo había sido la atención recibida por la madre, entre otras razones por la falta de documentación relevante.
También fue descartado el pedido por daño psicológico. Una pericia había detectado consecuencias emocionales en una de las demandantes, pero los magistrados concluyeron que estaban relacionadas principalmente con la muerte de su hija y que no podían atribuirse directamente a la conducta del abogado.
De esta manera, la condena no se produjo porque la eventual demanda contra la médica hubiera tenido necesariamente un resultado favorable, sino por una conducta concreta del profesional: decidir no iniciar el reclamo y no informar a sus clientes antes de que vencieran los plazos para buscar otra alternativa legal.
La indemnización quedó establecida en $4 millones para cada uno de los padres, $8 millones en total por daño moral.


















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