La situación judicial de Fernando Cerimedo se complicó nuevamente en Bolivia. Un tribunal dispuso una segunda prisión preventiva por 180 días, esta vez dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La resolución fue adoptada por el juez Douglas Borda luego de una audiencia virtual que se extendió durante unas seis horas. Como consecuencia de la medida, el consultor deberá continuar privado de su libertad, con la posibilidad de que sea trasladado desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, hacia el complejo penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.
Por el momento, las autoridades bolivianas no confirmaron cuándo se concretaría ese eventual traslado.
Cerimedo negó las acusaciones
Cerimedo participó de la audiencia de manera remota desde la cárcel de Palmasola y aseguró ante el tribunal que no tiene previsto abandonar Bolivia.
Durante su exposición, cuestionó las acusaciones formuladas en su contra y sostuvo que su detención le provocó importantes consecuencias personales.
El consultor afirmó que quiere que la investigación continúe hasta llegar a una resolución definitiva y negó haber cometido los hechos que se le atribuyen.
La Fiscalía boliviana fundamentó el pedido de prisión preventiva en distintos elementos reunidos durante la investigación. Entre ellos mencionó el hallazgo de 500.000 dólares en efectivo, además de pesos bolivianos y euros, durante allanamientos realizados en inmuebles vinculados con el acusado.
Ante esta situación, Cerimedo explicó que sus ingresos anuales se encuentran alrededor de un millón de dólares y aseguró que ese nivel de facturación se relaciona con su actividad profesional como consultor y estratega de campañas políticas.
Su participación en la campaña de Rodrigo Paz
En paralelo con la audiencia por la nueva medida cautelar, Cerimedo volvió a prestar declaración ante la Fiscalía y reconoció que tuvo participación en la campaña presidencial de Rodrigo Paz.
Consultado sobre su intervención, explicó que brindó asesoramiento en comunicación digital durante la segunda vuelta electoral.
Según su versión, no existió un contrato formal por escrito ni recibió dinero por ese trabajo. También manifestó que no recuerda quién fue la persona que inicialmente se comunicó con él para solicitarle colaboración.
Cerimedo negó haber participado en la primera vuelta y sostuvo que su intervención se limitó a tareas relacionadas con la estrategia de comunicación digital durante el balotaje.
Durante el interrogatorio, además, evitó responder varias preguntas vinculadas con un supuesto papel que habría desempeñado dentro del Gobierno boliviano.
Las empresas y los ingresos bajo investigación
Otro de los puntos analizados por los investigadores son las actividades comerciales del consultor.
Cerimedo declaró que en Argentina es propietario de una agencia de publicidad con 35 trabajadores, dos sucursales y 12 clientes. También mencionó una academia dedicada a capacitaciones tecnológicas y una productora audiovisual.
De acuerdo con su testimonio, algunas de las sociedades que posee actualmente no se encuentran operativas.
El consultor aseguró que no tiene empresas registradas en Bolivia, aunque reconoció que tenía planes de establecer allí una firma dedicada al marketing y la consultoría.
Estos datos adquirieron importancia dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, especialmente a partir del dinero encontrado durante los procedimientos realizados por las autoridades.
La otra causa que mantiene detenido a Cerimedo
La nueva prisión preventiva se suma al proceso judicial que el consultor enfrenta por la investigación relacionada con el ataque sufrido por su expareja, la abogada Nadia Beller, quien había sido candidata del Movimiento al Socialismo (MAS).
Beller fue víctima de un ataque a tiros en Santa Cruz de la Sierra, hecho que derivó en una investigación en la que Cerimedo quedó involucrado bajo la acusación de tentativa de femicidio.
De esta manera, Cerimedo permanece detenido mientras avanzan dos investigaciones judiciales diferentes en Bolivia.
Ahora, la Justicia deberá establecer si existen elementos suficientes para sostener la acusación por presunto enriquecimiento ilícito y determinar cuál sería el origen del dinero encontrado durante los allanamientos.
Mientras tanto, el consultor sostiene su inocencia, rechaza las imputaciones y afirma que permanecerá a disposición de las autoridades para defender su versión de los hechos.


















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