El empresario Franco Alderete presentó ante la Justicia civil un pedido de quiebra de su empresa, en medio de una investigación penal que analiza una presunta estafa millonaria.

La solicitud fue realizada mientras continúa la causa que lleva adelante el fiscal Fernando Blanno, en la que hasta el momento se registraron 15 denuncias formales por un supuesto perjuicio económico de aproximadamente $536 millones, aunque los investigadores estiman que la cifra podría ser mayor.

Según la pesquisa, la operatoria investigada consistía en la captación de inversiones con la promesa de rendimientos mensuales de hasta 7% en pesos y 3,4% en dólares. Los fondos, de acuerdo con la información incorporada al expediente, habrían sido destinados a distintos negocios comerciales.

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Con el avance de la investigación, la Justicia detectó que el esquema habría alcanzado a varias provincias, entre ellas Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Catamarca. En territorio santiagueño, los reclamos vinculados al caso se acercarían a los $1.000 millones.

Ante la interrupción de los pagos a los inversores, que se habría profundizado durante los primeros meses de 2026, Alderete sostuvo que no existió una maniobra delictiva y atribuyó los incumplimientos a dificultades financieras y operativas.

La Justicia investiga movimientos de dinero

En el marco de la causa, los investigadores analizaron distintas estructuras comerciales y movimientos financieros que podrían estar vinculados con la operatoria denunciada.

Además, días atrás se realizaron allanamientos en inmuebles relacionados con el empresario, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que será evaluada por los investigadores.

La Fiscalía aguarda informes de organismos financieros nacionales para determinar si existieron operaciones realizadas sin las autorizaciones correspondientes.

En caso de comprobarse irregularidades vinculadas a la intermediación financiera, la causa podría avanzar en el ámbito federal y sumar nuevas líneas de investigación.

Los denunciantes cuestionaron el pedido de quiebra

La presentación realizada por Alderete busca que se designe un síndico que analice la situación económica de la compañía y establezca la nómina de acreedores.

Sin embargo, los abogados de los denunciantes rechazaron la medida y señalaron que podría tratarse de una estrategia para evitar el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Los querellantes Aníbal Paz y Juan Pablo Bello advirtieron que un proceso de quiebra no impide el avance de la causa penal y remarcaron que, si se detectaran maniobras fraudulentas, podrían impulsar nuevas acciones judiciales.

Desde la Justicia aclararon que el trámite civil y la investigación penal avanzan por caminos separados, por lo que la solicitud de quiebra no modifica el desarrollo del expediente por la presunta estafa.

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