Una maniobra tan insólita como audaz dejó al descubierto un fraude millonario en perjuicio de la administración pública en Tucumán. Un hombre de 41 años, conocido como “Bruja”, quedó imputado en una causa penal tras haber recuperado su vehículo municipalizado utilizando un comprobante de transferencia falsificado por un valor totalmente irrisorio.
Todo comenzó el pasado 15 de junio, cuando el automovilista fue interceptado por personal de Tránsito durante un operativo vehicular y de alcoholemia desplegado sobre la ruta 306. Al someterlo al test correspondiente, el dispositivo arrojó que conducía con 1,11 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra por encima de los límites permitidos. Ante la infracción, los inspectores procedieron al secuestro inmediato de su camioneta Chevrolet S10 y le labraron una millonaria multa tasada en $2.300.000.
Lejos de asumir la falta, al día siguiente el infractor se apersonó en la Oficina de Cobranzas del Juzgado Municipal de Faltas I para solicitar los datos de la cuenta oficial y realizar el supuesto pago electrónico. Sin embargo, en lugar de abonar la cifra estipulada, realizó una minúscula transferencia de apenas un peso ($1) desde su cuenta personal.
Con el comprobante legal de esa transferencia de un solo peso en su poder, el sospechoso llevó adelante su plan; utilizando herramientas digitales, adulteró el documento original para hacer figurar que el monto abonado correspondía al total de los 2.300.000 pesos de la multa impuesta por el test positivo de alcoholemia.
Con el papel fraguado bajo el brazo, el hombre regresó al juzgado el 18 de junio. Presentó el comprobante adulterado ante una empleada administrativa y, confiados en la validez del documento, las autoridades ordenaron la restitución inmediata de la camioneta y la documentación retenida.
La farsa se derrumbó días más tarde, durante las tareas rutinarias de conciliación bancaria que realiza el municipio. Los números no cerraban y, al revisar los registros oficiales, constataron con estupor que en las arcas comunales solo había ingresado un peso por dicho expediente.
El caso recayó en manos de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, que de inmediato abrió una investigación por los delitos de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública y uso de documento adulterado.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Justicia dispuso que el imputado permanezca sujeto al proceso durante los próximos seis meses, cumpliendo estrictas reglas de conducta que incluyen la obligación de fijar domicilio y presentarse periódicamente ante las autoridades policiales mientras avanza la recolección de pruebas.


















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