Hay crímenes que, por su nivel de crueldad, no pueden quedar en el olvido, y el asesinato de Jaqueline Alejandra Toloza es uno de ellos. El reciente fallecimiento de Miguel Ángel Ramírez, el hombre que le arrebató la vida a los 3 años de edad, volvió a abrir las páginas de uno de los expedientes más dolorosos y crudos que transitó la Justicia provincial.

Aquel fatídico lunes de julio, la bomba de tiempo estalló. Tras compartir un almuerzo con familiares donde hubo un abundante consumo de alcohol, la pareja emprendió el regreso a pie por un sendero montuoso colindante al bordo del río Dulce. Ramírez caminaba por detrás junto a la pequeña Jaqueline. La niña estaba enferma, agotada por el largo trayecto y lloraba incesantemente.

En lugar de brindarle auxilio, el changarín de 40 años comenzó a azotarla con una suerte de látigo improvisado, hecho con un caño de plástico, y luego continuó el salvaje castigo a patadas. El cuerpito de la criatura no soportó. Al llegar a la casa, fue envuelta en una manta y recostada en una cama.

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Su madre, advirtiendo la gravedad del cuadro, intentó llevarla a un centro médico, pero el hombre se lo prohibió. Tenía un antecedente claro: en abril de ese mismo año, Beatriz lo había denunciado por violencia en la Comisaría de la Mujer, y temía volver a caer tras las rejas. Horas más tarde, el desenlace fue inevitable. Jaqueline jamás despertó, víctima de múltiples lesiones internas y el estallido de su hígado producto de las patadas.

Al comprender que había asesinado a su hijastra, Ramírez huyó en bicicleta hacia una zona montuosa. Su intento de escape duró apenas once horas, hasta que la Policía logró cercarlo y reducirlo en una precaria casilla del barrio Siglo XXI.

El 28 de junio de 2012, tras un juicio marcado por relatos desgarradores y el contundente informe forense que detalló los múltiples hematomas de la víctima, la Cámara de Crimen de Segunda Nominación absolvió a la madre y condenó a Ramírez a 20 años de cárcel bajo la figura de homicidio simple.

El encierro no logró revertir su perfil violento. A principios de 2024, tras cumplir más de 13 años alojado en el Penal de Varones, el asesino solicitó la libertad condicional. El juez de Ejecución Penal, Rubén Seiler, le cerró las puertas con un fallo lapidario, apoyado en informes psicológicos que advertían sobre la existencia de "conflictos no resueltos" y "conductas transgresoras y antisociales". Ramírez, finalmente, encontró su límite en el deterioro de su propia salud, cerrando para siempre un capítulo oscuro en la crónica policial de Santiago del Estero.