La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora revocó la decisión de un juzgado de familia que había impuesto a un abogado la obligación de realizar un curso de masculinidades, en el marco de un expediente judicial por cuota alimentaria.
La medida original se había dispuesto luego de que el juzgado considerara que ciertos argumentos utilizados por el profesional para defender a su cliente contenían expresiones ofensivas y estigmatizantes hacia la madre de un adolescente.
Sin embargo, la Sala I de la Cámara revisó esa decisión y resolvió hacer lugar a la apelación presentada por el abogado Andrés Atilio García.
El derecho de defensa, en el centro de la resolución
Los camaristas Carlos Ricardo Igoldi y Javier Alejandro Rodiño entendieron que los planteos formulados por el letrado constituían un ejercicio legítimo del derecho a la tutela judicial efectiva y concluyeron que no se habían configurado expresiones discriminatorias que justificaran la capacitación obligatoria.
En su análisis, el tribunal señaló que la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales no puede traducirse en una limitación indebida del derecho de defensa en juicio.
De esta manera, la Cámara dejó sin efecto la obligación impuesta al abogado, al considerar que los argumentos presentados en representación de su cliente se encontraban dentro del marco del ejercicio profesional.
Se mantiene la obligación alimentaria
Más allá de la decisión vinculada con el abogado, los jueces confirmaron el fallo de fondo que establece la responsabilidad económica del progenitor.
En ese sentido, se mantuvo la obligación de abonar una suma equivalente al 30% de sus ingresos como empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de alimentos retroactivos.
Por otra parte, el planteo relacionado con el curso de masculinidades que debía realizar el padre fue declarado abstracto, debido a que ya había completado la capacitación exigida.
Así, la resolución distinguió entre la cuestión vinculada con las obligaciones alimentarias y las medidas de formación impuestas durante el proceso judicial, al mantener la primera y dejar sin efecto la exigencia dirigida al abogado.


















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