Una docente de sexto grado de la Escuela N° 30 D.E. 9 Granaderos San Martín, ubicada en el barrio porteño de Palermo, fue apartada de su cargo luego de que familias de alumnos denunciaran presuntas conductas que generaron preocupación en la comunidad educativa.

Según los testimonios difundidos, algunos estudiantes habrían señalado que la docente los filmaba con su teléfono celular y que, a través de actividades escolares, les solicitaba información personal como la dirección de sus domicilios y el número de DNI.

De acuerdo con lo informado por Clarín, algunos alumnos también habrían manifestado que, cuando se negaban a ser grabados, no podían salir al recreo. Otros relatos indicaron que la docente les habría pedido que dibujaran un DNI y señalaran los lugares a los que solían concurrir.

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Ante las denuncias, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el apartamiento preventivo de la docente, identificada como Roxana Carolina Cayo, y abrió una investigación para determinar qué ocurrió.

El establecimiento está ubicado en avenida del Libertador al 4900, y el caso generó preocupación entre las familias de los estudiantes.

El antecedente judicial de la docente

La situación también generó repercusión luego de que las familias conocieran que la docente tenía un antecedente judicial relacionado con la muerte de su hija.

El hecho ocurrió en 2010, cuando la mujer dejó a la bebé al cuidado de sus hermanos durante varias horas. Según el caso judicial, la menor sufrió una caída que posteriormente derivó en su muerte.

La Justicia había ordenado su captura por abandono de persona y la mujer fue detenida en 2014 mientras se encontraba trabajando. Inicialmente, el caso fue considerado como homicidio doloso, aunque posteriormente la calificación fue modificada a homicidio culposo.

Finalmente, Cayo fue condenada y cumplió una pena que incluyó una inhabilitación de cinco años para ejercer su actividad. Tras finalizar ese período, se reincorporó a su puesto docente en agosto.

Ahora, las autoridades educativas deberán determinar si las denuncias realizadas por las familias y los alumnos se corresponden con los hechos investigados y qué medidas corresponden adoptar.