Argentina registró 192 víctimas fatales por violencia de género durante los primeros nueve meses de 2026, según el informe difundido por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, perteneciente a La Casa del Encuentro.
El relevamiento contabilizó 164 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, nueve transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Además, se registraron 401 intentos de femicidio, que continúan bajo seguimiento.
Uno de los datos destacados del informe es que 226 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia de estos hechos. El 55% de ellos son menores de edad.
De acuerdo con el relevamiento, en el 54% de los casos los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 56% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor.
En cuanto a la distribución territorial, Buenos Aires fue la provincia que concentró la mayor cantidad de casos en términos absolutos, seguida por Santa Fe y Córdoba.
El informe también indicó que 22 víctimas habían realizado una denuncia previa, lo que representa el 15% de los casos relevados. En otros 11 hechos, los agresores contaban con medidas cautelares de prevención.
La organización advirtió sobre las dificultades que persisten en el acceso a la Justicia y cuestionó la efectividad de las medidas de protección frente a situaciones en las que los agresores continúan ejerciendo violencia.
Además, se informó que 29 femicidas se suicidaron después de cometer los crímenes.
Entre las víctimas contabilizadas se registraron 15 casos vinculados a contextos de narcocriminalidad, 14 con indicios de abuso sexual, siete migrantes, cinco mujeres embarazadas y una integrante de pueblos originarios. También hubo tres casos en presuntos contextos de prostitución o trata.
Por otra parte, ocho de los femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.
La advertencia sobre la figura del femicidio
En el documento, La Casa del Encuentro expresó su preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema adopte una interpretación que pueda restringir el alcance del femicidio como agravante, contemplado en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal.
La organización sostuvo que el contexto de violencia de género debe acreditarse respetando las garantías del debido proceso, pero cuestionó que se exijan como condiciones una relación de pareja, convivencia o antecedentes previos de violencia, al considerar que esos requisitos no están establecidos por la legislación.
“La figura de femicidio no puede retroceder”, afirmó la organización, que recordó que desde 2008 elabora este tipo de informes ante la ausencia de estadísticas oficiales y que participó del proceso que derivó en la incorporación del femicidio como agravante en la legislación argentina.
La entidad también reclamó el cumplimiento efectivo de distintas normas vinculadas con la prevención y protección frente a la violencia de género, entre ellas la Ley 26.485, la Ley Micaela (27.499), la Ley de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes (27.452), la normativa sobre el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas (27.210) y la Ley de Trata de Personas (26.364).
“No naturalicemos las violencias: no son solo datos, detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales”, sostuvo la organización al cerrar su informe.


















Comentarios
Cargando comentarios…