La investigación por el presunto desfalco millonario en Fürth Automotores sumó un nuevo capítulo con la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados a los principales imputados los días jueves y viernes. Sin embargo, los expertos informáticos no analizaron todavía el contenido de los equipos, sino que se limitaron a verificar la cadena de custodia, las marcas y los números de serie de cada dispositivo.

La diligencia incluyó los celulares de Alejandra Montoya, Diego Spertino y Gerardo Caro, además de una computadora perteneciente a este último. De esta manera, los técnicos avanzaron con una instancia formal previa al examen de la información almacenada, que todavía no comenzó y será clave para determinar si los equipos contienen datos de interés para la investigación.

El control de los dispositivos apunta, en esta etapa, a corroborar su identificación y las condiciones en las que fueron preservados desde el momento del secuestro. La revisión del contenido deberá realizarse posteriormente, mediante el trabajo pericial correspondiente, para establecer si existen comunicaciones, archivos u otros registros que puedan contribuir a reconstruir las maniobras bajo investigación.

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El procedimiento se concretó casi tres meses después de que saliera a la luz el caso, que tiene entre los principales imputados al exgerente Gerardo Caro, al exjefe de ventas Matías Llado y a Graciela Moyano, quien se desempeñaba como cajera de la firma. La causa busca determinar cómo se habría desarrollado la presunta defraudación y cuál habría sido la participación de cada uno de los involucrados.

Mientras se aguarda el análisis del material digital, las defensas preparan una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para intentar revertir las prisiones preventivas dispuestas por la Cámara de Apelaciones la semana pasada. Los abogados cuestionan las medidas restrictivas de la libertad y sostienen que la acusación se apoya en pruebas que consideran débiles o insuficientes.

La presentación ante el máximo organismo judicial provincial constituye un nuevo frente de disputa dentro de un expediente que, además de la investigación sobre el movimiento de fondos y las presuntas maniobras dentro de la concesionaria, mantiene bajo discusión la situación procesal de los imputados La postura de los fiscales es diferente. Para la acusación, habría funcionado una asociación ilícita destinada a concretar una defraudación estimada en aproximadamente 6.900 millones de pesos.

Según la hipótesis investigativa, las maniobras se habrían extendido desde 2024 hasta junio de 2026, aunque su alcance y las responsabilidades individuales deberán establecerse a partir de las pruebas reunidas en el expediente. La causa continúa así con dos cuestiones centrales abiertas: el avance de las medidas probatorias y la discusión judicial por las prisiones preventivas. Mientras los investigadores aguardan el análisis del contenido digital, los defensores buscan que el Superior Tribunal revise las detenciones.