La discusión sobre la perspectiva de género volvió a instalarse con fuerza en el ámbito judicial. Para el abogado Carlos Campos Guzmán, el debate no debería centrarse únicamente en la protección de la víctima, sino también en cómo se valoran las pruebas antes de llegar a una condena. En diálogo con Nuevo Diario, sostuvo que el principio de inocencia y las garantías constitucionales no pueden quedar relegados durante un proceso penal.

Como ejemplo, el letrado analizó un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que revocó una condena dictada en una causa por abuso sexual. Según explicó, el máximo tribunal tucumano puso el foco en la forma en que habían sido valorados los elementos probatorios y en la aplicación de las reglas de la sana crítica racional. Guzmán remarcó que, para alcanzar una condena, deben existir tres elementos centrales: hechos acreditados, prueba suficiente y certeza. Cuando alguno de estos componentes no alcanza el estándar requerido, sostuvo, debe prevalecer el principio de inocencia y la regla del in dubio pro reo.

"Con la sola denuncia no alcanza para condenar", planteó el abogado al referirse al criterio que, según su interpretación, surge del fallo tucumano. Aclaró que esto no significa desatender el relato de quien denuncia ni desconocer las dificultades que pueden atravesar las víctimas al momento de denunciar, sino someter cada elemento a una valoración integral. En ese sentido, cuestionó que la perspectiva de género pueda convertirse en un mecanismo que modifique los estándares probatorios exigidos para cualquier otro delito. Para Guzmán, las normas destinadas a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres no deberían interpretarse como una habilitación para debilitar garantías constitucionales.

Publicidad

El abogado sostuvo además que una sentencia debe explicar de manera racional cómo se llegó a la conclusión de culpabilidad y que los jueces deben analizar tanto los elementos que sostienen una acusación como aquellos que pueden favorecer a la persona imputada. El caso de Tucumán, según planteó, resulta relevante precisamente porque vuelve a colocar en el centro una pregunta que atraviesa buena parte de la Justicia argentina: ¿hasta dónde puede utilizarse la perspectiva de género para interpretar la prueba sin afectar la presunción de inocencia?

Guzmán consideró que la respuesta debe encontrarse en un equilibrio entre los derechos de quien denuncia y las garantías de quien enfrenta una acusación. "Siempre hay que escuchar a la víctima", sostuvo. También cuestionó determinadas medidas de coerción adoptadas durante investigaciones y señaló que la prisión preventiva no debería funcionar como una pena anticipada. En su análisis, debe existir una justificación concreta vinculada con riesgos procesales, como una eventual fuga o el entorpecimiento de la investigación. Más allá de sus críticas, el abogado planteó que uno de los principales desafíos actuales pasa por la capacitación de los operadores judiciales en materia de valoración probatoria y derecho constitucional. El planteo vuelve así a poner sobre la mesa una cuestión sensible: la perspectiva de género puede orientar la mirada sobre determinados contextos, pero no debería reemplazar la prueba ni desplazar las garantías constitucionales que rigen todo proceso penal.