El Dr. Nicolás Santillán, representante de la Unidad Fiscal de Banda y Robles, solicitó ayer la prisión preventiva por dos años para Jazmín Isabel Salazar, la joven de 25 años de la ciudad de Beltrán (Robles) que chocó con su auto y mató al docente Domingo Federico Bravo (57), quien se movilizaba en moto. El pedido en contra de la imputada de homicidio culposo agravado fue fundamentado en una audiencia ante la jueza de Control y Garantías, Dra. Luciana Carolina Oyola.

Según lo que reconstruyó el fiscal, el accidente ocurrió el 10 de agosto del corriente mes, alrededor de las 6.30 de la mañana, sobre Ruta Nacional 34 vieja, a la altura de la localidad de El Polear (Banda). Salazar conducía un auto Volkswagen Gol Trend y viajaba acompañada de otras dos personas bajo los efectos del alcohol.

En esas condiciones, embistió desde atrás a una moto Zanella ZT que circulaba en el mismo sentido, de norte a sur, y que era conducida por el docente. El impacto fue de tal magnitud que la víctima, quien se dirigía a dictar clases en una escuela, murió en el acto por las graves lesiones sufridas. Bravo vivía en el barrio Tabla Redonda de La Banda y cumplía con el mismo trayecto cada mañana para dejar lo mejor ante sus alumnos.

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Tras la primera colisión, el auto de la acusada quedó detenido en medio de la ruta y fue chocado a su vez desde atrás por un Volkswagen Gol Power conducido por el oficial Nelson Comán, quien resultó lesionado y agravó la escena. También se dirigía a trabajar.

Santillán sostuvo que el hecho y la probable autoría están acreditados con informes policiales de la Comisaría N°12, testimonios de los amigos de la automovilista, Marcelo Gustavo Cáceres y Alba Luz Medina, y testigos del hecho.

El Dr. Santillán sostuvo que los informes toxicológicos confirmaron que Salazar tenía entre 1,4 y 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho.

Para el fiscal, hay riesgos procesales por peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Señaló además la existencia de informes socioambientales que darían cuenta de un consumo problemático de alcohol, existencia de otras causas abiertas y pericias psicológicas aún pendientes.

A su turno, la defensa se opuso a la prisión preventiva y pidió la excarcelación. Argumentó que no hay un peligro procesal concreto, objetivo y verificable, y que el hecho prevé una pena excarcelable al no superar los 8 años.

Destacó que Salazar no tiene condenas previas, tiene residencia estable, que la investigación está avanzada y que colaboró con la justicia; además de pedir medidas menos gravosas.

Tras escuchar a las partes, la jueza resolvió diferir la resolución sobre la prisión preventiva. La decisión se conocerá en los próximos días.

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