La Justicia dictó la prisión preventiva por un año para Abdón Alberto Juárez, acusado de estar involucrado en 11 hechos de estafa por un monto superior a $160.000.000.
La medida fue solicitada por la fiscal Dra. Luján González Garay, quien expuso ante la jueza los elementos reunidos hasta el momento en la causa. De acuerdo con la investigación, el imputado habría utilizado una agencia dedicada a la venta de vehículos para generar confianza entre los damnificados.
Bajo distintas modalidades, habría recibido rodados para su comercialización, como parte del pago de obligaciones o para ser entregados posteriormente a terceras personas. Sin embargo, según la hipótesis que sostiene la Fiscalía, en distintos casos los vehículos habrían sido vendidos, desviados o directamente hechos desaparecer sin que los propietarios recibieran el dinero correspondiente ni recuperaran sus bienes.
La investigación también contempla situaciones en las que se habrían utilizado documentos y diferentes maniobras engañosas para concretar los desapoderamientos. La investigación también cuenta con la intervención de otros fiscales y, según trascendió, el número de denunciantes rondaría las 40 personas.
Los hechos bajo investigación se habrían producido en distintas localidades de la provincia, por lo que la Fiscalía continúa reuniendo información para establecer con precisión cómo se desarrollaron cada una de las operaciones denunciadas.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que existen riesgos procesales que justifican que Juárez permanezca privado de su libertad. Entre los argumentos expuestos se mencionaron el peligro de fuga y la posibilidad de que el acusado pueda entorpecer el avance de la investigación.
En ese sentido, la Fiscalía hizo especial referencia al cierre intempestivo de la concesionaria y al presunto vaciamiento del lugar. Por su parte, la defensa cuestionó la continuidad de la detención y solicitó el cese de la prisión preventiva, al considerar que se encontraba vencido el plazo de investigación.
Además, planteó la nulidad de la orden de detención y, de manera alternativa, pidió que la medida fuera morigerada mediante un arresto domiciliario, invocando razones humanitarias y familiares. Tras escuchar los planteos de ambas partes y analizar los fundamentos expuestos durante la audiencia, la jueza de Control y Garantías, Dra. Carolina Salas, resolvió rechazar los pedidos formulados por la defensa.




















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