El exjefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta el vencimiento del plazo otorgado por la Justicia para explicar una serie de movimientos e inconsistencias detectadas en el análisis de su evolución patrimonial.
Adorni tiene hasta este miércoles para presentar su descargo ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien formuló un requerimiento de 20 puntos a partir de un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
El documento, de 207 fojas, incluyó el análisis de declaraciones juradas y el cruce de información con registros de propiedades, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y movimientos migratorios.
La diferencia entre ingresos y gastos
Uno de los principales puntos señalados por la fiscalía corresponde al movimiento económico del grupo familiar entre diciembre de 2023 y la salida de Adorni del Gobierno.
Según el análisis incorporado a la causa, el matrimonio declaró ingresos por $229.752.283,20, provenientes principalmente de los salarios del exfuncionario y de los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti.
Sin embargo, los gastos registrados durante ese período habrían alcanzado los $272.820.832,20, incluyendo consumos con tarjetas, expensas, servicios, impuestos, seguros, viajes y compras.
La diferencia representa un saldo negativo de $43.068.549, que la fiscalía considera necesario explicar.
A esto se suman erogaciones en moneda extranjera por USD 402.578,12 que, según el planteo fiscal, no se corresponderían con los recursos lícitos declarados.
Dólares, propiedades y criptomonedas
Entre los interrogantes planteados aparecen los dólares en efectivo declarados bajo el concepto de “venta de activos”, luego de modificaciones realizadas en las declaraciones juradas.
La fiscalía también pidió precisiones sobre los dichos de Adorni respecto de la tenencia de alrededor de medio millón de dólares en criptoactivos, que, según había manifestado públicamente, mantenía desde hacía una década.
Por eso, deberá aportar información sobre los bienes vendidos, los compradores, las fechas de las operaciones y la trazabilidad de los fondos.
Otro de los puntos está relacionado con el lote 380 del Country Indio Cua, cuya adquisición figura a nombre de su esposa. La investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para la compra y las posteriores obras de remodelación.
También se analiza un supuesto pago en efectivo de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por trabajos realizados en esa propiedad, entre ellos modificaciones en la piscina y la construcción de una parrilla.
La fiscalía incorporó además preguntas sobre la adquisición de un departamento en la calle Miró 550, en Caballito, y los pagos realizados por mobiliario y otros gastos vinculados con esa vivienda.
También investigan movimientos bancarios y criptoactivos
El requerimiento incluye interrogantes sobre préstamos familiares, la compra de un vehículo Jeep, pagos realizados por terceros y operaciones en efectivo.
Además, los investigadores detectaron fondos en una billetera virtual que, según consta en la causa, habría sido validada con la identidad de Adorni, pero que no habría sido informada ante la Oficina Anticorrupción.
La fiscalía también pidió explicaciones sobre depósitos no salariales realizados en su cuenta sueldo del Banco Nación y sobre determinados honorarios correspondientes a operaciones inmobiliarias del matrimonio.
¿Qué puede pasar ahora?
La defensa de Adorni había solicitado una extensión del plazo para analizar la documentación y acceder a pruebas, archivos y conversaciones incorporadas al expediente.
Con el vencimiento de la prórroga, el exfuncionario deberá presentar su descargo y la documentación que considere necesaria para responder a los 20 puntos planteados por el fiscal.
En caso de que el juez Ariel Lijo considere que las explicaciones aportadas no resultan suficientes, podría avanzar con una citación a declaración indagatoria.
Por ahora, la investigación continúa y las inconsistencias señaladas forman parte de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, sin que ello implique que la responsabilidad penal del exfuncionario haya sido determinada.


















Comentarios
Cargando comentarios…