La intervención de un especialista en una operación realizada apenas 33 días después de la muerte del fundador de El Montecito de los Canichones abre nuevas preguntas sobre la planificación de la iniciativa comercial y el conocimiento previo de los derechos existentes.
La disputa por el nombre de El Montecito de los Canichones suma un protagonista que hasta ahora había permanecido fuera del centro de la escena. No es un proveedor de alimentos, un integrante de la comisión directiva ni uno de los empresarios que públicamente se presentan como continuadores del legado de Eduardo “Polaco” Groh Riemersma. Se trata de Javier Andrés Eguía, un experimentado especialista en propiedad industrial cuyo nombre aparece en las solicitudes de registro de marca presentadas por Nexum Group S.R.L. el 29 de septiembre de 2026, apenas 33 días después del fallecimiento del fundador del refugio. Su intervención, consignada en la documentación marcaria examinada por Nuevo Diario, incorpora una dimensión particularmente relevante: detrás de la pretensión comercial de Nexum aparece un profesional familiarizado con las reglas, los procedimientos y los mecanismos de protección de las marcas en la Argentina.
Eguía no es un desconocido dentro de ese universo. Identificado como agente de propiedad industrial N.º 1085, está vinculado a Eguía & Asociados, un estudio especializado en marcas y patentes con trayectoria en Córdoba. Su volumen de actividad es significativo: las estadísticas de Damlong correspondientes al período comprendido entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre de 2026 lo ubican entre los agentes con mayor cantidad de publicaciones de marcas, con 206 actuaciones registradas en esa categoría. El dato no supone irregularidad alguna, pero permite dimensionar su experiencia profesional y entender que la presentación de Nexum no aparece asociada a un operador improvisado, sino a alguien habituado al funcionamiento del sistema marcario.
Y allí comienza el interrogante central. Cuando Nexum presentó sus solicitudes, la denominación El Montecito de los Canichones ya tenía una historia jurídica perfectamente identificable. Eduardo Groh Riemersma había solicitado su registro en febrero de 2025 y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial terminó concediéndole protección para las clases 43, 44 y 45, vinculadas fundamentalmente con alojamiento, atención, cuidado y protección de animales. Las concesiones fueron publicadas en julio de 2025, con el Polaco como titular. Su muerte, ocurrida el 27 de agosto de 2026, no extinguió aquellos derechos ni convirtió automáticamente la denominación en una marca disponible para terceros. Los derechos patrimoniales correspondientes quedaron sujetos a las reglas sucesorias.
Sin embargo, el 29 de septiembre Nexum Group solicitó registrar a su nombre, y por el ciento por ciento de la titularidad pretendida, esa misma denominación en otras clases comerciales. La diferencia de rubros resulta jurídicamente relevante porque el registro marcario se organiza por productos y servicios, pero tampoco elimina automáticamente la posibilidad de conflictos con derechos anteriores. La nueva presentación no acredita, por sí misma, una apropiación ilegal, aunque sí demuestra una iniciativa concreta para obtener derechos comerciales sobre un nombre cuya notoriedad había sido construida por otra persona. Que la operación haya contado con la intervención de un especialista como Eguía obliga a formular una pregunta inevitable: ¿qué análisis se realizó sobre los registros anteriores del Polaco antes de presentar las nuevas solicitudes?
La cronología agrega otra particularidad. El 25 de septiembre, representantes vinculados a Nexum participaron de una iniciativa de homenaje al fundador del refugio, denominada “Un árbol por el Pola”. Cuatro días después, la empresa avanzó ante el INPI. Y posteriormente, Gerardo Daniel “Toty” Acuña anunció públicamente un proyecto para fabricar alimentos utilizando el nombre de El Montecito de los Canichones. La secuencia coloca en una misma línea temporal el homenaje, la pretensión registral y la futura explotación comercial de la denominación. No demuestra que existiera una maniobra previamente acordada, pero constituye una sucesión de acontecimientos que merece explicaciones, especialmente cuando una empresa proveedora y vinculada al negocio de productos para mascotas aparece interesada en controlar comercialmente el nombre de una organización dedicada al rescate animal.
La figura de Eguía adquiere importancia precisamente en ese punto. Su condición de apoderado no lo convierte en propietario de las marcas solicitadas ni permite atribuirle las decisiones empresariales de Nexum. Su intervención introduce preguntas técnicas que no deberían quedar sin respuesta: ¿conocía las inscripciones anteriores a nombre de Groh Riemersma? ¿Se evaluó la eventual existencia de derechos sucesorios o conflictos con los registros vigentes? ¿La solicitud fue concebida exclusivamente para comercializar alimentos o respondía a un proyecto de mayor alcance sobre la utilización económica del nombre Montecito? ¿Quién impartió las instrucciones concretas para tramitarla?
Estas preguntas cobran especial dimensión frente al proyecto de reorganización institucional promovido por Toty Acuña, cuya propuesta incorpora nuevas actividades, servicios y mecanismos de financiamiento para el refugio. La convergencia entre una iniciativa de transformación institucional y las solicitudes de protección comercial de la marca plantea un problema que excede los aspectos estrictamente registrales: quién decide sobre el futuro económico de un nombre que nació asociado a una causa solidaria y cuya titularidad originaria pertenecía a una persona fallecida apenas semanas antes.
Hay además una distinción decisiva que no puede perderse en medio de la controversia. Presentar una solicitud ante el INPI no significa obtener una marca concedida. Tampoco significa adquirir derechos sobre registros anteriores ni desplazar automáticamente a sus titulares o herederos. Las solicitudes de Nexum deberán transitar el procedimiento correspondiente y pueden quedar sujetas a observaciones, oposiciones y eventuales controversias jurídicas. Por lo tanto, el punto de discusión no es que Nexum ya haya adquirido todos los derechos sobre El Montecito, sino que manifestó formalmente su pretensión de obtener protección exclusiva de esa denominación para nuevas actividades económicas.
Hasta ahora, la documentación disponible permite acreditar la intervención de Eguía como representante en las presentaciones de Nexum, pero no permite establecer cuánto tiempo antes se prepararon los expedientes, cuáles fueron las instrucciones recibidas ni si existieron contactos anteriores relacionados con la marca. Esos aspectos requieren acceder al historial completo de las solicitudes y obtener las explicaciones de sus protagonistas.
La controversia deja entonces de limitarse a una discusión entre personas que aseguran querer preservar la obra del Polaco. También involucra decisiones empresariales, derechos de propiedad industrial, intereses económicos y la participación de profesionales especializados.
El Polaco dejó una obra, un nombre y derechos legalmente reconocidos. Nexum pretende ampliar la protección comercial de esa misma denominación a su favor. Y entre ambos extremos aparece un especialista cuya intervención merece ser examinada. Porque la pregunta ya no es solamente quién quiere continuar con El Montecito de los Canichones, sino quién pretende administrar, registrar y eventualmente explotar económicamente el valor de una marca construida durante años alrededor de la solidaridad.


















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