Gerardo “Toty” Acuña aparece públicamente vinculado a Nexum Group y a Forrajería/Veterinaria Toty, empresas que operan precisamente en los rubros que el nuevo proyecto propone incorporar o expandir dentro de El Montecito. Mientras no surge de la documentación analizada que integre formalmente la Comisión Directiva de la asociación, la propuesta presentada pretende definir desde su misión y estructura interna hasta su modelo económico, proveedores, servicios, recaudación y explotación comercial. El problema no es solamente qué propone: es desde qué lugar lo propone y qué intereses económicos conviven con esa transformación.
La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿qué lugar institucional tiene un proveedor o empresario comercialmente vinculado al universo del refugio para intentar rediseñar la organización de El Montecito de los Canichones?
No es una discusión menor ni una pelea por palabras. El documento presentado en septiembre de 2026 bajo el título “Legado, misión, visión y plan de fortalecimiento” propone mucho más que mejorar procedimientos. Busca fijar una nueva misión, una nueva visión, nuevos valores, una estructura de siete áreas, responsables y suplentes, fuentes de financiamiento, actividades económicas, servicios, padrinazgos, patrocinios, tienda institucional y hasta prestaciones veterinarias, baño, peluquería y residencia temporal.
Es decir: pretende intervenir sobre prácticamente todas las dimensiones estratégicas del Montecito.
Y allí aparece el primer conflicto.
¿Quién le dio esa función?
El estatuto original no deja librado a terceros quién conduce ni quién administra la asociación.
La institución debe ser dirigida por una Comisión Directiva integrada por Presidente, Secretario, Tesorero, dos vocales titulares y dos suplentes. Establece además requisitos para ocupar esos cargos, duración de los mandatos, mecanismos de reemplazo, fiscalización y competencias concretas.
La administración corresponde a esa Comisión Directiva, que debe ejecutar las decisiones de las Asambleas, administrar la asociación, admitir o sancionar asociados, contratar personal y rendir cuentas
El Presidente, por su parte, tiene la representación formal de la entidad.
Sin embargo, la propuesta incorpora una nueva figura denominada “Dirección Institucional”, a la que asigna nada menos que:
“Gobierno, representación, planificación y relaciones institucionales”.
La palabra clave es gobierno.
Porque el gobierno de una asociación civil no se adjudica mediante un plan presentado por un particular. Está definido por su estatuto.
Y si quien impulsa esa reorganización no integra el órgano estatutario de conducción, la pregunta se vuelve inevitable: ¿estamos frente a un simple aporte de ideas o frente al intento de construir un lugar de poder que el estatuto no contempla?
El segundo problema: quien propone la nueva estructura tiene negocios en los mismos sectores que quiere desarrollar El Montecito
Gerardo Daniel “Toty” Acuña no aparece en el escenario solamente como colaborador animalista.
La propia comunicación empresarial relevada en investigaciones anteriores lo identifica como director y socio mayoritario de Nexum Group, aunque esta última condición debe atribuirse a la comunicación de la empresa mientras no se cuente con documentación societaria completa. Además aparece como referente de Forrajería Toty. Nexum y Forrajería/Veterinaria Toty comparten domicilio comercial y exhiben una importante integración operativa y comercial.
El rubro de Nexum tampoco es irrelevante.
La investigación realizada ubica a la empresa dentro del mercado de productos veterinarios, alimentos para animales, insumos, distribución mayorista y actividades vinculadas al sector animal.
¿Y qué propone el nuevo proyecto para El Montecito?
Precisamente:
convenios con fabricantes y distribuidores de alimentos;compras mayoristas;banco de medicamentos e insumos;alianzas empresariales;patrocinio;veterinaria;baño;peluquería;residencia temporal;fabricación de carros ortopédicos;tienda institucional;comercialización de productos;estructura organizada de compras y proveedores.
La coincidencia merece algo más que una explicación genérica.
Porque quien participa comercialmente de esos mercados está proponiendo simultáneamente cómo debería comprar, contratar, recaudar y generar ingresos la asociación.
Eso configura, como mínimo, un escenario que exige reglas de conflicto de intereses extraordinariamente estrictas.
El proyecto llega incluso al corazón de las compras
Una de las propuestas es reducir costos mediante:
- “compras mayoristas y convenios de provisión estable”.
- “fabricantes y distribuidores de alimento”.
Entonces la pregunta que debería responderse antes de aprobar cualquier esquema es elemental:
¿podría una empresa vinculada al impulsor del proyecto convertirse después en proveedora de ese mismo modelo de compras que él propone crear?
Y si la respuesta fuera afirmativa:
- ¿quién seleccionaría al proveedor?
- ¿Quién compararía precios?
- ¿Quién aprobaría la contratación?
- ¿Quién controlaría una eventual relación entre la asociación y Nexum, Forrajería Toty, Veterinaria Toty o empresas vinculadas?
- ¿El propio impulsor del proyecto tendría participación directa o indirecta en alguna de esas decisiones?
Una propuesta que habla de conflicto de intereses, pero no resuelve el conflicto más evidente
Paradójicamente, el proyecto recomienda publicar una “política de conflicto de intereses”.
Pero no desarrolla la cuestión que está delante de sus propios ojos: qué ocurre cuando alguien vinculado comercialmente con sectores que potencialmente abastecen a la institución participa en el diseño de su modelo económico y organizativo.
Ese es precisamente el escenario para el que existen las políticas de conflicto de intereses.
Un conflicto de interés no requiere demostrar corrupción.
Existe cuando el interés particular de una persona puede cruzarse con una decisión que debe adoptarse exclusivamente en beneficio de una organización.
Y acá la intersección es evidente: negocio de alimentos y productos veterinarios por un lado; refugio que consume alimentos, medicamentos, veterinaria e insumos por el otro.
Hay otro antecedente todavía más delicado: la marca
El cuadro se vuelve más sensible por un hecho documentado.
Eduardo “el Polaco” Groh Riemersma había registrado a su nombre “El Montecito de los Canichones” en clases vinculadas con servicios para animales. Esos registros fueron concedidos en julio de 2025 y permanecían vigentes al momento de su muerte, el 27 de agosto de 2026.
Sólo 33 días después, el 29 de septiembre, Nexum Group S.R.L. solicitó a su propio nombre y por el 100% la misma denominación, esta vez en las clases 5, 31 y 35: precisamente productos veterinarios, alimentos para animales y comercialización/publicidad. Esas presentaciones no constituyen por sí mismas una transferencia de las marcas anteriores de Groh.
Ese antecedente vuelve imposible analizar el proyecto institucional como si Nexum fuera un actor económicamente indiferente.
Porque mientras se propone preservar “el legado del Polaco”, una sociedad vinculada comercialmente a Toty pidió para sí nuevas registraciones del nombre del Montecito en categorías directamente conectadas con su propia actividad empresarial.
El interrogante es demoledor:
¿cómo se separa el interés institucional por preservar El Montecito del interés comercial por utilizar su nombre en alimentos, productos veterinarios y comercialización?
El Montecito original no fue pensado como una empresa de servicios
El estatuto de 2017 determina un objeto bastante concreto: protección del perro callejero, educación, campañas contra el abandono, esterilización, adopción, cuidado y concientización.
El nuevo proyecto introduce una expansión muy distinta:
veterinaria, peluquería, baño, residencia temporal, fabricación de carros ortopédicos, cursos, tienda y comercialización de productos.
Puede argumentarse que serían actividades para financiar al refugio.
Pero la cuestión crítica no desaparece: se pretende transformar a la asociación en un actor que opere en mercados donde el propio impulsor de la propuesta tiene intereses empresariales.
Eso requiere mucha más claridad que una frase diciendo que los fondos serán destinados al bienestar animal.
¿Quién manejaría la plata?
La propuesta promete múltiples fuentes nuevas de recursos:
padrinazgos mensuales, patrocinios empresariales, tienda, servicios, talleres, ferias, campañas, audiovisuales y donaciones programadas.
Pero cuanto más se multiplica la caja, más relevante se vuelve saber quién controla las decisiones.
El estatuto original ya establece un sistema.
El Tesorero debe llevar libros, elaborar balances, efectuar los pagos resueltos por la Comisión Directiva y depositar los fondos en una cuenta bancaria a nombre de la Asociación y a la orden conjunta del Presidente y el Tesorero.
No existe en el estatuto una autoridad denominada “Dirección Institucional” con capacidad autónoma para manejar compras, proveedores o ingresos.
Por eso sería especialmente grave que una estructura creada por fuera del estatuto terminara adquiriendo poder material sobre recursos que legalmente corresponden administrar a las autoridades de la asociación.
¿Un colaborador puede escribir el futuro institucional?
Por supuesto que cualquier persona puede presentar ideas.
El problema comienza cuando una propuesta privada pretende convertirse en programa institucional sin que esté claro quién la encargó, qué autoridad la avaló, qué órgano la discutió y mediante qué procedimiento sería aprobada.
Mucho más cuando el autor o impulsor posee intereses comerciales relacionados directamente con los rubros que pretende incorporar.
El estatuto incluso establece que las reglamentaciones internas relevantes deben ser aprobadas por la Asamblea y, cuando corresponda, presentadas ante Personas Jurídicas antes de entrar en vigencia.
- La asociación no es tierra de nadie después de la muerte de su referente.
- Tiene personalidad jurídica.
- Tiene estatuto.
- Tiene asociados.
- Tiene órganos.
- Tiene procedimientos.
La contradicción de fondo
El documento repite permanentemente una idea:
que El Montecito no debe volver a depender de una sola persona.
Pero el remedio podría terminar generando un problema parecido bajo otro formato.
Ya no la concentración afectiva y operativa alrededor del fundador, sino la posibilidad de una concentración económica y estratégica alrededor de actores externos con capacidad comercial, proveedores, contactos, marcas y recursos.
Ese es el punto que merece ser observado.
Porque profesionalizar una asociación no significa privatizar informalmente su conducción.
Institucionalizar no significa reemplazar autoridades estatutarias por “responsables” diseñados desde afuera.
Diversificar ingresos no significa abrir negocios sin discutir quién se beneficia.
Y preservar el legado de Eduardo Groh Riemersma tampoco puede convertirse en una fórmula que habilite a terceros a avanzar simultáneamente sobre el nombre, la organización y los mercados económicos asociados a El Montecito.
Antes de discutir misión, visión, peluquerías, veterinarias, tiendas y patrocinadores, la pregunta debería ser bastante más sencilla:
¿Quién representa hoy a El Montecito, quién autorizó a Toty a proyectar su reorganización y qué mecanismos concretos impedirán que sus intereses empresariales se crucen con los intereses patrimoniales de la asociación?
Hasta que esas respuestas estén documentadas, el debate no pasa solamente por el futuro del refugio.
Pasa por algo mucho más elemental:
quién está intentando definirlo, desde qué lugar y con qué intereses alrededor de la mesa.


















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